El lema de protesta «Fuera especuladores de nuestros barrios» resonó fuertemente en el acto
Con un telón de fondo que oscila entre la protección de derechos fundamentales y el jugoso negocio inmobiliario, Barcelona se convierte en la sede del polémico evento «The District». En él, la vivienda parece ser más un juguete de especulación que un techo para proteger a las y los ciudadanos. Pero, ¿qué representa realmente este congreso? ¿Y por qué ha desatado tantas iras?
Desde siempre, la discusión sobre si la vivienda es primordialmente un derecho humano o un lucrativo artículo de mercado ha estado presente en España. «The District» no deja lugar a dudas, apuesta por la segunda opción. Aquí, las y los representantes de bancos, fondos de inversión y supuestas eminencias del sector inmobiliario se congregan buscando, ante todo, el negocio.
El lema de protesta «Fuera especuladores de nuestros barrios» resuena fuertemente, poniendo en evidencia la desconexión entre lo que ocurre en las aulas de «The District» y la realidad de muchas y muchos españoles. La presencia de voces disidentes como el Sindicato de Inquilinos y la PAH, quienes ven en este evento la encarnación de la codicia inmobiliaria, añade leña al fuego.
La jerga del congreso no ayuda. Pese a proclamarse como «el mayor congreso de real estate europeo», «The District» se embriaga en anglicismos, dejando en ocasiones a las y los participantes sumidos en confusiones lingüísticas.
LA RED DE CONEXIONES DETRÁS DEL TELÓN
Pero, más allá de la retórica, son las entidades y personajes detrás del evento quienes realmente despiertan suspicacias. Entre los «partners» destacan nombres como Blackstone, conocido coloquialmente como «el mayor casero de España», así como grandes bancos como Santander y Caixabank. Estos gigantes, junto con destacados despachos de abogados y prominentes lobbies inmobiliarios, configuran el elenco que da vida y respaldo a «The District».
La lista de oradores es igualmente reveladora. Con nombres como Joan Clos, exalcalde de Barcelona, y representantes de gigantes financieros como Blackrock y Blackstone, se confirma el peso de los grandes intereses económicos en el evento.
Por si fuera poco, el músculo mediático del congreso es indudable. Con medios como Expansión, La Vanguardia y Ejeprime como aliados, no es sorprendente que, antes de las protestas, los titulares emanados de «The District» se inclinasen hacia una visión pro-mercado.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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