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El fiscal general desafía a la Constitución y convierte la escuela pública en trinchera religiosa.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha decidido que las leyes no le frenan. Ha ordenado que la inmensa mayoría de escuelas del estado coloquen los Diez Mandamientos en sus aulas a partir del 1 de septiembre de 2025, incluso después de que un juez federal bloqueara esa obligación la semana pasada. Su argumento es simple: solo nueve distritos están cubiertos por la medida cautelar, el resto deberá obedecer. Lo que no dice es que con este desafío busca tensar el pulso entre la derecha cristiana y la Constitución.
La orden judicial fue emitida por el juez Fred Biery, del Tribunal del Distrito Oeste de Texas. En su resolución dejó claro que estas exhibiciones presionan a las y los estudiantes a observar, venerar o adoptar las escrituras religiosas favorecidas por el Estado y al mismo tiempo les empujan a reprimir sus propias creencias o no creencias. En otras palabras, se viola la Primera Enmienda, esa que protege la libertad religiosa precisamente frente a abusos de poder como el de Paxton.
LA SEPARACIÓN DE IGLESIA Y ESTADO EN EL PUNTO DE MIRA
Paxton no esconde su objetivo: habla de “defender los valores que construyeron este país” y acusa a quienes se oponen de ser “radicales woke que quieren borrar la historia”. El truco es viejo: reescribir la historia para imponer una moral única. No fueron los Diez Mandamientos los que fundaron Estados Unidos, fue la Constitución.
El propio representante Joaquín Castro (Demócrata, Texas) lo resumió en un mensaje público: el trabajo del fiscal general es defender la Constitución, no los mandamientos. Recordó además que la prioridad de las escuelas debería ser educar, no avivar guerras culturales.
La Freedom From Religion Foundation fue todavía más directa: forzar al alumnado a observar los preceptos de una religión concreta es una violación flagrante de la Primera Enmienda. Y lo cierto es que el debate no es nuevo. Cada vez que la derecha cristiana ha intentado introducir símbolos religiosos obligatorios en espacios públicos, los tribunales han recordado la separación de poderes que los padres fundadores consideraron esencial.
LA ESCUELA COMO PÚLPITO
Lo que plantea Texas es transformar el espacio educativo en un púlpito. No se trata de libertad religiosa, que cada persona ya posee, sino de adoctrinamiento institucionalizado. La escuela pública dejaría de ser un espacio neutral para convertirse en territorio de imposición moral. Una imposición, además, que discrimina a estudiantes judíos, musulmanes, budistas, ateos o agnósticos, que quedarían bajo el peso de una norma estatal que les dice: tu fe no cuenta, la nuestra sí.
En un país marcado por su diversidad cultural y religiosa, la medida es una agresión a la convivencia. Estados Unidos no es homogéneo, nunca lo fue. El intento de reducir la pluralidad a un catecismo obligatorio no solo es autoritario, también profundamente antidemocrático.
El propio juez Biery lo advirtió: estas imposiciones “son muy probablemente inconstitucionales” y pueden causar un daño irreparable al alumnado. Y sin embargo, Paxton insiste en seguir adelante. No se trata de ceguera legal, sino de cálculo político. La cruzada religiosa se convierte en arma electoral y en cortina de humo ante sus escándalos de corrupción.
La historia de Estados Unidos está marcada por luchas para separar el poder religioso del civil. Hoy, en pleno 2025, ese debate se repite en Texas, donde la derecha cristiana quiere imponer por decreto lo que no consigue por convicción.
Las aulas deberían ser lugares donde se aprenda a pensar, no a obedecer.
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