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El grupo de estudiantes saharauis conocidos como “Compañeros de El Uali” fueron condenados a penas de entre 3 y 10 años sin haberse presentado ninguna prueba que pudiese culpabilizarlos, una clara violación de la ley marroquí e internacional
Salamu Chej
Los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes se encuentras en situaciones deplorables e inhumanas. El ensañamiento y la tiranía del régimen de Marruecos hacia ellos saltan a la vista cuando los inculpa de forma injusta, los mantiene aislados e incomunicados, los priva de todos sus derechos básicos y los tortura de forma continua y sistemática.
En esta misma situación está atrapado el grupo de estudiantes saharauis conocidos como “Compañeros de El Uali”. Estos jóvenes fueron detenidos injustificadamente y acusados en 2016 de un crimen que no han cometido. El trasfondo de la detención está en que llevaron a cabo movilizaciones pacíficas pidiendo la independencia del Sáhara Occidental y el gobierno marroquí los inculpó de un crimen llevado a cabo por el mismo, para impedir que sigan reclamando este derecho reconocido por los organismos internacionales.
Tras la emboscada llevada a cabo por el gobierno marroquí para incriminar a los muchachos, estos permanecieron detenidos sin juicio y con innumerables aplazamientos del mismo por más de un año. En el juicio, se les condenó a penas de entre 3 y 10 años sin haberse presentado ninguna prueba que pudiese culpabilizarlos, una clara violación de la ley marroquí e internacional. Desde su injusta detención, los jóvenes presos políticos han sido mal tratados y torturados en prisión de forma sistemática, por lo que han tenido que realizar varias huelgas de hambre reivindicando derechos básicos como son la celebración de un juicio justo, asistencia médica básica para los que son torturados o el traslado a cárceles cercanas a sus familiares (derechos que corresponden a cualquier preso de las cárceles marroquíes).
Debido a estas torturas a las que están sometidos y a las 5 huelgas de hambre que ya han realizado desde las cárceles marroquíes, el estado de salud de los presos políticos es ya muy grave. Además, como medida represiva, el grupo “Compañeros de El Uali” ha sido castigado con la dispersión de sus miembros por diferentes cárceles de Marruecos y aislamiento total, sin visitas, sin salidas al patio y sin contacto con otros presos, catalogándolos como “presos peligrosos”.
Desde la detención de los jóvenes, sus familias también son perseguidas por las autoridades marroquíes, y no se les ha permitido el derecho de visita de forma regular, de acuerdo con la ley marroquí, así como la comunicación de la situación y estado de salud de los presos políticos. Uno de estos jóvenes, Hussain Bachir, pudo huir a España y, temiendo por su vida, pidió asilo político en el 2019. Lejos de otorgarle este derecho a Hussain, el Gobierno Español aplicó la extradición del mismo a Marruecos siendo conocedor de que hasta podría perder la vida una vez en territorio marroquí.
Cabe destacar que estos jóvenes no solamente disponen de pruebas suficientes para declararse inocentes ante un juicio justo, sino que además, cuentan con una resolución contundente publicada en 2020 por El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Organismo de Naciones Unidas (ONU), que dictamina que los 14 jóvenes saharauis fueron detenidos sin garantía e instó al Gobierno de Marruecos a su liberación inmediata y a que adopte medidas de reparación y compensación para todos ellos, de conformidad con el derecho internacional.
La Organización de las Naciones Unidas exige la liberación de los estudiantes que continúan en prisión, debido a que fueron detenidos sin protección legal, sufrieron torturas y fueron forzados a firmar falsas confesiones. A pesar de la petición, Marruecos ha hecho caso omiso del fallo y está violando tanto sus leyes internas como los acuerdos y tratados internacionales que ha firmado con la ONU. Esta situación representa una clara falta de respeto a los derechos humanos y es motivo de gran preocupación. El joven extraditado injustamente por la policía española, ha iniciado una huelga de hambre en febrero de 2023 y ha acabado 33 días después por temor a perder la vida, exigiendo derechos básicos. En los últimos días de huelga ha podido hacer una llamada de poco más de un minuto con su familia donde decía que se seguían ignorando sus peticiones y expresó la gravedad de su situación temiendo por su vida ya que en la cárcel le negaban asistencia médica y solo recibía acoso y malos tratos por parte de la policía. La familia, temiendo por la vida de su hijo, divulgó el audio que había grabado de la conversación pidiendo ayuda internacional.
El régimen marroquí, como acostumbra hacer, inició un cerco policial a la casa de la familia por haber sacado a la luz la realidad de la situación. Durante los 33 días de huelga hubo más episodios violentos hacia los saharauis que trataron de reclamar los derechos de estos presos políticos. Este es el caso de un grupo de estudiantes saharauis que, junto a la familia del Hussain, iniciaron una protesta solidaria por su huelga de hambre y cinco días después la policía marroquí interrumpe la protesta cargando contra los manifestantes y dejando varios heridos de diferentes niveles de gravedad.
Cabe mencionar, además, que los jóvenes estudiantes que ya han cumplido su condena de 3 años, no han bajado los brazos en la lucha por los derechos de su pueblo y por los de sus compañeros que siguen siendo torturados en prisión. Así, han formado un comité junto a las familias de los todavía afectados para dar visibilidad y conseguir justicia.
Siendo honestos, este artículo no refleja ni la décima parte de todas las atrocidades que el régimen marroquí ejerce sobre la población saharaui. Población que solo exige el cumplimiento del derecho y ley internacional: la autodeterminación y la liberación de un opresor que trata de silenciarlos y destruirlos por todos los medios posibles.
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