Tennessee quiere pena de muerte para mujeres que aborten: el salto definitivo al autoritarismo religioso 

Cuando el poder político convierte la fe en código penal y amenaza con la inyección letal a quien decida sobre su propio cuerpo, ya no hablamos de debate moral, hablamos de teocracia punitiva.

La frase no salió de un foro anónimo ni de una cuenta incendiaria en redes sociales. La pronunció un legislador en activo. “Si matas a un bebé desde el embrión en adelante con una pastilla o un bisturí, deberíamos ejecutarte”. La sentencia verbal es la antesala de una propuesta legislativa real presentada en el estado de Tennessee el 23 de febrero.

Los promotores son el representante Jody Barrett y el senador Mark Pody, con el apoyo, entre otros, del representante Monty Fritts, aspirante a gobernador. La enmienda a los proyectos HB 570/SB 738 propone reclasificar el aborto como “homicidio de un niño no nacido”, castigado con cadena perpetua con o sin libertad condicional o incluso con la pena de muerte por inyección letal.

No es una exageración. Es texto legislativo en revisión en comité.

En Tennessee el aborto ya está prácticamente prohibido desde que el gobernador Bill Lee firmó en agosto de 2022 una ley que lo veta desde la fecundación, con excepciones mínimas. Es uno de los estados que endureció su legislación tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en junio de 2022, cuando la mayoría conservadora en Supreme Court of the United States anuló la histórica sentencia Roe v. Wade.

Cuatro años después de aquella resolución, la escalada no se ha frenado. Se ha radicalizado.

DEL CONTROL DEL CUERPO A LA EJECUCIÓN

La enmienda de Tennessee contempla excepciones muy limitadas: aborto espontáneo o intervención necesaria para salvar la vida de la madre. Todo lo demás podría ser tratado como asesinato. No hablamos ya de criminalizar a profesionales sanitarias y sanitarios. Hablamos de ejecutar a pacientes.

Jessica Valenti, editora de Abortion, Every Day, lo resumió con crudeza: candidaturas a gobernaciones defendiendo que mujeres que interrumpan su embarazo sean condenadas a muerte o a prisión de por vida. Lo que hace pocos años era impensable incluso dentro del movimiento antiaborto, hoy se presenta como programa político.

En más de una docena de estados durante el último año se han introducido o impulsado leyes de “igual protección” que equiparan aborto y asesinato. En Texas, la propia plataforma del Partido Republicano reclama ese principio, lo que abre la puerta a cadena perpetua o pena capital para quienes aborten.

El fenómeno no es marginal. En Carolina del Sur, un proyecto para ejecutar a personas que aborten obtuvo más de 20 votos republicanos antes de ser derrotado. Mientras tanto, la policía del condado de Sumter investigó recientemente un feto hallado en una planta de tratamiento de agua, anunciando pruebas de tejido “para determinar la raza y localizar a la madre”.

El Estado no solo quiere prohibir. Quiere perseguir, clasificar y castigar.

Numerosas muertes ya han sido atribuidas a la imposibilidad de acceder a abortos en estados como Texas y Georgia, según investigaciones periodísticas y médicas. La combinación de miedo legal, excepciones ambiguas y hospitales paralizados por el riesgo penal ha tenido consecuencias letales.

En Tennessee, además, el contexto no es abstracto. Una mujer embarazada denunció haber sido rechazada para atención prenatal bajo la llamada Medical Ethics Defense Act por no estar casada con su pareja de 15 años. Cuando la moral religiosa se convierte en criterio médico, la salud pública deja de ser un derecho y pasa a ser un filtro ideológico.

LIBERTAD, PERO SOLO PARA CASTIGAR

Monty Fritts defiende su propuesta equiparando las pastillas abortivas a cápsulas de cianuro. Su lema de campaña es “liberty & less government”. La contradicción es obscena.

Quienes proclaman menos Estado son quienes proponen el Estado más invasivo imaginable: el que decide sobre el útero y administra la muerte.

La deriva no es solo jurídica, es cultural. Grupos religiosos como la Southern Baptist Convention o la Foundation to Abolish Abortion celebran la iniciativa como cumplimiento de la voluntad divina. La frontera entre legislación civil y dogma religioso se diluye a velocidad alarmante.

Estamos ante una mutación del movimiento antiaborto dentro del Partido Republicano. Lo que antes se centraba en limitar el acceso ahora busca castigar a las mujeres y personas gestantes como homicidas. El desplazamiento del foco desde la clínica hacia la paciente marca un punto de no retorno.

No se trata de un arrebato retórico. La enmienda sigue sumando copatrocinadores. Está en revisión en comité. Tiene nombres, apellidos y porcentajes en encuestas. Fritts ronda entre el 5% y el 7% en las primarias republicanas para gobernador. Puede parecer minoritario. Pero las ideas no necesitan mayorías inmediatas para normalizarse; basta con que se discutan sin escándalo institucional.

En un país donde el derecho al aborto fue reconocido en 1973 y desmantelado en 2022, la línea temporal muestra una regresión clara. Cada año posterior a la caída de Roe ha ampliado el radio de penalización. De la prohibición a la vigilancia. De la vigilancia a la cárcel. De la cárcel a la inyección letal.

Cuando un parlamento debate si ejecutar a mujeres por decidir sobre su embarazo, el problema ya no es solo el aborto. Es la arquitectura misma de la democracia.

Lo que se está ensayando en Tennessee no es una anomalía local. Es un laboratorio político donde se prueba hasta dónde puede llegar la alianza entre poder estatal y fundamentalismo religioso. Y cada paso que no encuentra resistencia institucional se convierte en precedente.

No es una discusión moral. Es la institucionalización del castigo corporal como herramienta de gobierno. Y eso tiene nombre: autoritarismo teocrático vestido de legalidad.