SUP, el declive de un sindicato: del progresismo al abrazo con la ultraderecha 

La transformación de las instituciones y organizaciones suele ser un proceso lento y paulatino, pero el caso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha sido un desplome vertiginoso. Nacido en una España aún en transición hacia la democracia, el SUP fue creado por un grupo de policías con convicciones progresistas y una visión clara: democratizar la Policía desde dentro y desmilitarizarla. Ahora, décadas después, ese mismo sindicato ha sorprendido a propios y extraños al firmar un acuerdo con Club Desokupa, una entidad vinculada al extremismo de derechas. Este giro inesperado no solo ha generado perplejidad, sino que también ha levantado una ola de indignación.

La historia del SUP se remonta a un piso en Sevilla en febrero de 1978, donde cinco agentes se reunieron clandestinamente para plantar la semilla de lo que sería un sindicato legalizado en 1984. Este sindicato, que durante años se mantuvo fiel a sus principios de defensa de la democracia y de los derechos de los agentes, ha dado un giro radical que pocos habrían anticipado. El acuerdo con Club Desokupa, liderado por Daniel Esteve, representa una traición a los valores fundacionales del SUP. Esteve, conocido por su retórica incendiaria y su cercanía a la ultraderecha, encabeza una plataforma dedicada al desalojo extrajudicial de viviendas, que no ha dudado en utilizar su influencia para fomentar el odio y la división.

UNA COLABORACIÓN CUESTIONABLE QUE MANCHA LA HISTORIA DEL SUP

La firma de este acuerdo ha sido interpretada por muchas personas como un intento desesperado del SUP para mantener su relevancia en un momento en que su hegemonía dentro del sindicalismo policial está siendo desafiada por Jupol, una organización surgida al calor de las demandas de equiparación salarial. Lo que el SUP parece no haber considerado es el alto coste que implica vincularse con un grupo como Desokupa, conocido por sus tácticas de dudosa legalidad y sus vínculos con la extrema derecha.

Esta no es la primera vez que se cuestiona el rumbo del SUP bajo la dirección de Mónica Gracia, quien asumió el liderazgo hace aproximadamente una década. Durante su gestión, el sindicato ha ido adoptando posiciones cada vez más alejadas de su esencia original, lo que ha provocado que muchos de sus antiguos miembros lo abandonen. Lo que una vez fue un bastión de los valores progresistas en el seno de la Policía, ahora se ve comprometido por decisiones que bordean lo inaceptable.

La justificación dada por la secretaria general del sindicato, alegando la necesidad de formación en defensa personal debido a un supuesto incremento de la violencia en las calles, no se sostiene al confrontar los datos. Según los Balances de Criminalidad del Ministerio del Interior, los delitos han disminuido en comparación con hace cinco años. Robos con fuerza en domicilios, hurtos y sustracciones de vehículos han experimentado una caída, mientras que otros delitos, como los homicidios y aquellos contra la libertad sexual, han aumentado ligeramente, posiblemente debido a una mayor disposición a denunciar.

Además, los datos de Eurostat de 2022 muestran que España tiene una de las tasas de homicidios más bajas de Europa, con 0,69 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de países como Francia, Alemania o Irlanda. No hay, por tanto, ninguna crisis de seguridad que justifique la necesidad de recurrir a entidades como Desokupa para la formación de agentes de la Policía.

REPERCUSIONES INTERNAS Y EL FUTURO INCERTIDUMBRE DE LA COLABORACIÓN CON CCOO

La controversia generada por este acuerdo ha forzado al SUP a intentar controlar el daño. Su portavoz, Carlos Prieto, ha asegurado que la formación será impartida por agentes de la Policía y la Guardia Civil, no por los miembros de Desokupa, y que respetará los principios de congruencia, proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza. Pero estas declaraciones no han calmado las críticas, ni dentro ni fuera del cuerpo.

La Dirección General de la Policía se ha apresurado a desmentir la homologación de esta formación, subrayando que no cuenta con ningún respaldo oficial y que podría incluso conculcar los valores democráticos, abriendo la puerta a una posible impugnación del convenio. Otros sindicatos policiales, como la Confederación Española de Policía, la Unión Federal de Policía y la Agrupación Reformista de Policías, han expresado su rechazo a esta colaboración, señalando que la Policía ya cuenta con instructores cualificados y que no necesita externalizar esta formación a grupos con un claro sesgo ideológico.

La reacción más significativa, sin embargo, ha venido de CCOO, sindicato con el que el SUP mantiene un acuerdo de colaboración desde 2015. Aunque dicho convenio se encuentra casi inactivo, las y los representantes de CCOO han manifestado su preocupación por el acuerdo con Desokupa, calificándolo de peligroso y advirtiendo que en democracia no se puede «tontear con grupos escuadristas». La posibilidad de que CCOO ponga fin a su colaboración con el SUP es cada vez más real, lo que dejaría al sindicato policial aún más aislado.

Lo que estamos presenciando es una crisis de identidad en una organización que alguna vez fue un referente de progreso dentro de las fuerzas de seguridad. El SUP ha perdido su rumbo, sucumbiendo a las presiones de un entorno cada vez más polarizado. El abrazo con la ultraderecha, representada en este caso por Desokupa, no es solo un error estratégico, sino una traición a sus raíces y a los valores que defendió en sus primeros años. El futuro del SUP es ahora incierto, pero lo que es seguro es que su credibilidad ha quedado seriamente comprometida. En un contexto en el que la ciudadanía exige transparencia y respeto a los derechos humanos, decisiones como esta solo pueden interpretarse como un retroceso, un intento desesperado de mantener una relevancia perdida al costo de vender su alma al mejor postor.