La peligrosa fusión del SUP con Desokupa: ¿Quién protege a la ciudadanía de la nueva milicia urbana? 

El reciente anuncio del Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre un acuerdo de «formación en defensa personal» con la controvertida empresa Desokupa ha encendido alarmas en diversos sectores de la sociedad. Este acuerdo, que pretende involucrar a 30.000 policías en cursos impartidos por una organización conocida por sus métodos cuestionables y su discurso ultraderechista, representa un preocupante paso atrás en los valores democráticos y de derechos humanos que deben regir a las fuerzas de seguridad del Estado. La peligrosa fusión del SUP con Desokupa no solo compromete la integridad de la Policía Nacional, sino que además genera una nueva forma de milicia urbana, que amenaza con desvirtuar el verdadero rol de las fuerzas del orden.

DESOKUPA: UN HISTORIAL QUE NO SE PUEDE IGNORAR

Desokupa, liderada por Daniel Esteve, se ha hecho famosa por sus prácticas que bordean la legalidad, utilizando tácticas de intimidación y presión para desalojar a personas en situaciones vulnerables. Más allá de su actividad empresarial, Desokupa ha ganado notoriedad por difundir mensajes racistas y xenófobos en las redes sociales, y por su alineación con movimientos de extrema derecha. La empresa ha sido responsable de acciones polémicas, como la colocación de una gigantesca lona contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la organización de protestas en la sede del PSOE en Madrid.

Que una organización con estos antecedentes sea ahora presentada como una aliada de un sindicato policial es un hecho que debería preocupar a cualquier ciudadano comprometido con los valores democráticos. La formación en defensa personal que Desokupa pretende ofrecer no es simplemente un curso más; es una forma de legitimación y blanqueo de una empresa que ha hecho de la intimidación y la violencia simbólica sus principales herramientas de trabajo. Esta fusión entre Desokupa y el SUP parece, en efecto, un peligroso experimento donde la frontera entre la protección ciudadana y la creación de una milicia urbana se diluye peligrosamente.

El SUP, al firmar este acuerdo, no solo valida a Desokupa, sino que se asocia con una entidad cuyo discurso y prácticas se sitúan en las antípodas de lo que debería ser una fuerza policial al servicio de la ciudadanía. Las y los policías no pueden ser adiestrados por una empresa que utiliza la coerción y la presión social para lograr sus objetivos, pues eso distorsiona por completo el rol que deben cumplir en una sociedad democrática. Al permitir que Desokupa entrene a sus miembros, el SUP abre la puerta a una transformación de la Policía Nacional en una fuerza que podría ser percibida más como una milicia urbana al servicio de intereses particulares que como un cuerpo de seguridad imparcial y protector de los derechos humanos.

LA RESPUESTA INSUFICIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Ante el revuelo generado, el Ministerio del Interior ha declarado que estudiará la posible impugnación del convenio y evaluará si este acuerdo conculca los valores democráticos. Sin embargo, estas palabras parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. El hecho de que el SUP afirme que estos cursos serán «homologados y baremables» ha sido desmentido por el propio Ministerio, señalando que cualquier formación evaluable de los agentes debe realizarse dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía y no a través de acuerdos con entidades externas, especialmente cuando estas entidades tienen una reputación tan cuestionable.

Este desmentido es necesario, pero no suficiente. La mera existencia de este acuerdo sugiere una preocupante falta de criterio y de alineación con los principios de derechos humanos que deberían guiar a las fuerzas de seguridad. Además, expone una fisura dentro del SUP que debería ser abordada con urgencia. El Estado no puede permitir que sus fuerzas de seguridad se conviertan en un campo de entrenamiento para empresas que hacen de la coerción y el discurso del odio su bandera.

Las críticas desde diversos sectores políticos no se han hecho esperar. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, ha señalado con acierto el peligro que representa la infiltración de ideas ultraderechistas en las fuerzas de seguridad del Estado. Por su parte, Ione Belarra, de Podemos, ha denunciado a Desokupa como una organización paramilitar que debería estar ilegalizada en España. Estas voces son un reflejo del amplio rechazo social que genera la legitimación de una empresa con tan oscuro historial.

El hecho de que un sindicato mayoritario en la Policía Nacional se haya dejado seducir por una organización como Desokupa es un síntoma alarmante de la deriva que podrían estar tomando ciertos sectores de nuestras fuerzas de seguridad. Esta deriva no puede ni debe ser tolerada en un Estado de derecho, y mucho menos en un momento en que la polarización social y política está en niveles alarmantes.

DIME CON QUIEN ANDAS…

La sociedad civil, las y los profesionales de la seguridad, y el propio Estado deben estar vigilantes ante este tipo de acuerdos que no solo amenazan con erosionar la confianza pública en las instituciones, sino que también representan un peligro claro para los derechos y libertades fundamentales. Permitir que Desokupa forme a los y las agentes de policía es como dejar que el lobo cuide del rebaño. La consecuencia natural de esta acción será una mayor radicalización y una peligrosa cercanía entre la fuerza pública y las ideas más extremistas y antidemocráticas de nuestra sociedad.

Esta preocupante alianza abre la puerta a una nueva forma de milicia urbana, camuflada bajo el manto de la legalidad y la defensa personal, pero con un trasfondo inquietante que podría desvirtuar por completo el rol de la Policía Nacional. Es urgente que el Ministerio del Interior no solo impugne este acuerdo, sino que tome medidas contundentes para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. El SUP debe replantearse seriamente su rol y sus alianzas si desea seguir siendo un sindicato que represente dignamente a los y las profesionales de la seguridad pública.

En última instancia, lo que está en juego es la propia salud de nuestra democracia. Una fuerza policial formada por una empresa como Desokupa no solo es un riesgo para las personas más vulnerables, sino que constituye una amenaza directa a los valores democráticos y de derechos humanos que hemos tardado tanto en construir. Es hora de que tanto las y los responsables políticos como la sociedad en su conjunto tomen cartas en el asunto y detengan esta peligrosa deriva antes de que sea demasiado tarde.