La Justicia española lleva a juicio a 21 activistas, 12 años después de las protestas de 2012, mientras policías acusados de falsedad apenas enfrentan consecuencias.
El 25 de septiembre de 2012, miles de personas rodearon el Congreso de los Diputados en Madrid para exigir un cambio estructural en un país devastado por la crisis económica. Era un clamor contra el modelo político nacido del Régimen del 78. La respuesta del Estado fue contundente: más de 1.300 antidisturbios desplegados, 35 detenciones y decenas de heridos. Hoy, 12 años después, la justicia no juzga los abusos policiales, sino que pone en el banquillo a quienes se atrevieron a cuestionar el poder.
El macrojuicio que comienza este 18 de noviembre no solo busca condenar a 21 manifestantes, con penas que suman 112 años, sino también enviar un mensaje a quienes defienden los derechos colectivos. Según los abogados de los acusados, las dilaciones procesales han sido una herramienta de desgaste, tanto emocional como político, para disuadir futuras movilizaciones.
La criminalización de la protesta no es nueva en España. Sin embargo, el 25-S marcó un punto de inflexión. “Querían hacernos pasar por criminales para que nadie más se atreva a cuestionar al régimen”, explica Elena Martínez, una de las convocantes exoneradas en su momento. La estrategia estatal no se limita a los juzgados: la Ley Mordaza, aprobada poco después, institucionalizó el control y la vigilancia sobre quienes disienten.
Mientras tanto, denuncias documentadas de maltrato policial durante las detenciones y en los calabozos quedaron archivadas. Ángel García, uno de los acusados, relató cómo fue golpeado por antidisturbios y sufrió maltrato psicológico bajo custodia. “Nos tuvieron días sin dormir, con la luz encendida y sin dejarnos usar el baño”, recuerda. Estas prácticas, denunciadas incluso ante organismos europeos, siguen sin tener responsables en España.
EL DOBLE RASERO DE LA JUSTICIA: ACTIVISTAS CONTRA POLICÍAS
La narrativa oficial de aquel 25-S, alimentada por informes policiales, hablaba de manifestantes violentos atacando a las fuerzas del orden. Pero decenas de vídeos grabados por la ciudadanía cuentan otra historia: cargas indiscriminadas, detenciones arbitrarias y agentes de paisano infiltrados, algunos de los cuales acabaron siendo golpeados por sus propios compañeros. “Que soy compañero”, gritaba un policía para no recibir más porrazos de sus colegas.
Entre los acusados, el caso de Ángel García es paradigmático. Le imputan haber agredido a un agente con un palo, aunque no hay pruebas claras ni siquiera identificación del supuesto agredido. En contraste, tres policías enfrentan un juicio paralelo por haber acusado falsamente a una manifestante. Solo hay algo que impidió que la condenaran: existía un vídeo que desmontó la versión oficial.
La actuación policial no fue solo violenta, sino también premeditada. Más de una docena de unidades de antidisturbios de todo el país fueron desplegadas en Madrid, con órdenes claras de controlar a una población indignada. El objetivo no era garantizar la seguridad, sino defender un sistema político cada vez más cuestionado por sus propias fallas.
Mientras las y los manifestantes enfrentan penas de prisión, los abusos policiales han quedado impunes. “Si no hubiera pruebas documentales, como los vídeos, la versión policial sería la única aceptada”, asegura Ertlanz Ibarrondo, abogado de uno de los acusados. La Ley Mordaza intentó eliminar esta herramienta ciudadana, prohibiendo la grabación de agentes en sus funciones. Aunque algunos artículos fueron modificados, la cultura de la impunidad persiste.
Elena Martínez recuerda el despliegue policial como una demostración de fuerza para sofocar el descontento. “Se utilizó el miedo para intentar controlar un movimiento legítimo. Lo que buscan es que la gente deje de movilizarse por temor a represalias”, denuncia. Y ese temor es real: Ángel admite que desde entonces ha evitado participar en otras protestas por miedo a ser detenido de nuevo. El castigo no termina en la sentencia, sino que afecta a la capacidad de la ciudadanía de ejercer sus derechos.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…