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Los tres asuntos que han provocado profundas desavenencias en el Ejecutivo son la reforma laboral, Ucrania y el Sáhara Occidental y el espionaje con Pegasus
En los últimos meses tres asuntos están poniendo en riesgo la estabilidad de la legislatura: la reforma laboral, la guerra en Ucrania y el espionaje con Pegasus. El Gobierno salvó la reforma laboral por un voto gracias a un error del PP. Alberto Casero, diputado por Cáceres del PP, fue quien se equivocó al emitir el voto telemático y salvó la votación.
El resultado final fue de 175 «síes» frente a 174 «noes». Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la principal diana de los morados, EH Bildu y PNV se han enrocado en el ‘no’ esgrimiendo que se trataba de una reforma descafeinada que supone una oportunidad perdida y que se aprobó en Consejo de Ministros sin llamar a ninguno de los socios para participar de la redacción del articulado.
Tras la exposición del contenido de la reforma laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz se enfrentó a las numerosas críticas de los partidos de la oposición y de sus socios de investidura que han anunciado su voto en contra. El más duro con la reforma pactada fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que justificó su rechazo a la norma por considerarlo una «estafa» del propio Gobierno de coalición hacia sus electores y hacia los partidos que les apoyaron en la investidura.
Rufián reprochó a la ministra de Trabajo que se había descuidado al parlamento: “El diálogo social está muy bien y respetamos a los agentes sociales; pero las leyes se hacen en el Congreso. Y cuando tu vienes aquí diciendo ‘esto es lo que hay y no se toca porque lo he pactado fuera’, tú te crees que el Congreso es un notario que sella acuerdos que están fuera. Eso sienta un peligroso precedente que no aceptamos”.
Política exterior
Tras la invasión de Rusia a Ucrania que desencadenó la guerra, la ministra de Defensa, Margarita Robles, secundaba la estrategia del Gobierno anunciada por el presidente Pedro Sánchez sobre la ayuda militar al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas ucranianas y anunciaba que el compromiso de España con los socios de la Unión Europea consistía solamente en el envío de material «humano y defensivo», en ningún caso letal (armas de guerra) como han aprobado otros países comunitarios.
Días después, Sánchez cambió de opinión y anunció el envío de armas para la resistencia ucraniana. El buque de transporte logístico ‘Ysabel’, propiedad del Ejército de Tierra pero operada por la Armada, será el encargado de llevar 200 toneladas de armamento, incluidos 1.200 vehículos ligeros.
La secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cargó contra Margarita Robles. Mientras Belarra insistía en en apostarlo todo a la vía diplomática en la guerra en Ucrania y rechazaba enviar más armas, Robles la retó a que convenciese a Vladímir Putin de que detuviese la guerra.
Belarra denunció la «hipocresía» de los que se llenan la boca de «proclamas de apoyo al pueblo ucraniano», pero que en realidad defienden los intereses de la industria armamentística o de Estados Unidos y Robles, tiendo de ironía, dijo: «Ojalá la señora Belarra pueda convencer a Putin de que pare esta masacre en Ucrania. Ojalá tenga suerte y lo pueda hacer». Además, señaló que las «consideraciones en abstracto sobre la paz» de la titular de Derechos Sociales están «muy bien», y si no «que se lo digan a Putin».
Las discrepancias entre el PSOE y el resto de sus socios por la guerra en Ucrania se avivaron por otro conflicto geopolítico: el Sáhara Occidental. Sánchez se plegó al plan de autonomía de Marruecos sin el beneplácito del Congreso y de varios de sus ministros, que además, se enteraron de la maniobra por una filtración de Rabat.
El bloque plurinacional acusó a Sánchez de haber vendido al pueblo saharaui. En un pleno del 7 de abril el hemiciclo aprobó una iniciativa registrada conjuntamente por Unidas Podemos, ERCy EH Bildu en favor de un referéndum pactado sobre el Sáhara Occidental. El Grupo Socialista, guardando coherencia con el giro de Pedro Sánchez, se desmarcó de sus socios de Gobierno votando en contra y fue el Partido Popular el que salvó el texto.
Pegasus
El Gobierno de Pedro Sánchez autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervenir el teléfono de 18 líderes de Tsunami Democràtic, la misteriosa plataforma creada en septiembre de ese año en vísperas de conocerse la sentencia del ‘procés’ y que los servicios de inteligencia sospechaban que estaba detrás de los graves incidentes que se desataron tras la sentencia del que 1-O en octubre de 2019, que condenaba a cárcel a nueve de los doce políticos independentistas que se sentaron en el banquillo.
La semana pasada Citizen Lab destapó la supuesta trama de espionaje masivo a 61 políticos catalanes y vascos usando el malware israelí, Pegasus, entre 2017 y 2020. El enfado es tal que peligra uno de los decretos más importantes de lo que va de legislatura: el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.
Todos los aliados del Gobierno de coalición, sin excepción, han censurado la gestión del PSOE de la crisis provocada por Pegasus y han firmado un manifiesto conjunto denunciado la monitorización de los smartphones de disidentes políticos.
«El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa”, dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Y es que, a ninguno de los integrantes del denominado bloque de investidura le parece suficiente que los socialistas pongan en marcha la comisión de gastos reservados y secretos oficiales, órgano encargado de fiscalizar la labor de los servicios de inteligencia ni la propuesta de una investigación interna propuesta por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, porque el CNI no se va a investigar a sí mismo. Tampoco ven aceptable que un asunto de tal gravedad se reduzca a un informe del Defensor del Pueblo y apuestan por una comisión de investigación pública.
Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, está en el punto de mira de los aliados parlamentarios e incluso de sus socios de Gobierno. Como responsable del CNI, bien por acción o por omisión, consideran que ha de dar muchas explicaciones por el espionaje con Pegasus.
Errejón ha advertido al Gobierno que “en tres meses la legislatura se ha tambaleado en tres ocasiones: con la reforma laboral, con el Sáhara Occidental y con Pegasus. «La ratio no es nada buena, deben tomar nota y demostrar que tiene las prioridades claras”, ha avisado.
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