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El expresidente comparece este 17 de junio ante la Audiencia Nacional como investigado en una causa que conecta el rescate de Plus Ultra, pagos a su entorno familiar y joyas valoradas en 1,3 millones de euros
UNA DECLARACIÓN INÉDITA EN LA AUDIENCIA NACIONAL
José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar este miércoles 17 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Lo hará en calidad de investigado y en una causa que, por su alcance político y judicial, marca un hecho inédito: será el primer expresidente del Gobierno que acuda a la Audiencia Nacional en esa condición.
La investigación atribuye al expresidente indicios vinculados a siete presuntos delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda Pública. La causa se divide en dos piezas y gira alrededor de una tesis central del instructor: la posible existencia de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias.
Conviene subrayar el marco jurídico. Zapatero no ha sido condenado. Comparece como investigado y, tras el interrogatorio, el juez deberá decidir si adopta medidas cautelares. Las partes podrán solicitarlas en una vistilla posterior. Entre las opciones posibles figuran la prisión provisional, la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
El origen de la pieza principal está en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción recibió alertas de autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que parte de ese dinero público pudiera haber terminado vinculado a una trama de lavado de capitales procedente de Venezuela.
Los indicios más relevantes, según la investigación, aparecieron en el teléfono de Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra. Estados Unidos le denegó la entrada en mayo de 2021 y clonó su teléfono. Ese material llegó a la Audiencia Nacional en marzo, después de que el juez reactivara una orden de busca y captura contra Reyes, lo que activó una notificación roja de Interpol.
En esos mensajes, directivos de Plus Ultra se referían a una supuesta “vía Zapatero” para desbloquear dificultades en la tramitación del rescate. También hablaban de un “toque técnico desde arriba” y del “pana Zapatero detrás”. Son expresiones que la investigación considera relevantes para reconstruir el papel que pudo desempeñar el expresidente, aunque el sumario no lo sitúa, hasta ahora, en ninguna reunión institucional directamente vinculada a la concesión de la ayuda.
Zapatero ya declaró en el Senado, el pasado marzo, que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, pero negó haber trabajado para la aerolínea o haber influido en el rescate con dinero público.
PAGOS, FACTURAS, OFFSHORE Y JOYAS
Otra parte clave de la investigación afecta a los pagos recibidos por Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, y a los abonos realizados después al propio Zapatero y a sus dos hijas. Según el sumario, Plus Ultra pagó de forma directa o indirecta más de 900.000 euros en cinco años a Martínez. En ese mismo periodo, su consultora, Análisis Relevante, habría abonado 730.000 euros al expresidente y a sus hijas.
La tesis del juez es que esos pagos podrían corresponder a facturas simuladas destinadas a canalizar fondos procedentes de empresas interesadas en obtener ayudas públicas o favores institucionales. La defensa de Zapatero mantiene lo contrario: sostiene que existían trabajos reales de consultoría y que sus hijas realizaban labores de maquetación de informes.
En esa línea aparece Whathefav, la empresa administrada por las hijas del expresidente. La resolución judicial sostiene que esa sociedad habría recibido fondos de empresas instrumentales vinculadas a una estructura orientada al ejercicio ilícito de influencias. Los investigadores de la UDEF ponen el foco en facturas emitidas bajo el concepto genérico de “servicios agencia”, sin una descripción detallada de la prestación realizada.
Según consta en el sumario, entre junio de 2020 y diciembre de 2025, Análisis Relevante habría abonado a Whathefav 239.755 euros. A esa cantidad se suman otros 561.440 euros pagados por Inteligencia Prospectiva, otra de las empresas investigadas en la trama y de la que Whathefav figura como principal proveedor.
La investigación también analiza una posible operación vinculada a Dubái. La UDEF sostiene que Julio Martínez pudo impulsar una sociedad offshore en Emiratos Árabes para cobrar una comisión de medio millón de euros relacionada con el rescate de Plus Ultra. Para conectar esa operación con Zapatero, la Policía y el juez aluden a una reserva de mesa realizada por su secretaria para una comida entre Martínez y Tomás Guerrero, empresario con intereses en Dubái. El propio sumario, sin embargo, no deja claro si el expresidente asistió a esa comida ni si ordenó la creación de esa sociedad.
La segunda pieza que deberá abordar Zapatero ante el juez tiene que ver con las joyas encontradas por la UDEF en la caja fuerte de su oficina. La joyería Ansorena las tasó de forma preliminar en 1,3 millones de euros. A partir de ese dato, Calama acordó investigarle también por presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública.
La defensa intentó que esta cuestión quedara fuera de la declaración por falta de tiempo para estudiar el peritaje, pero el juez rechazó esa petición. Calama considera que los hechos ya constan en la causa principal y que Zapatero tiene ahora la oportunidad de explicar el origen de las joyas y aportar documentación que permita despejar las dudas sobre su entrada en España y su situación fiscal.
El caso reúne elementos de enorme gravedad institucional: dinero público, contactos políticos, empresas vinculadas al entorno del expresidente, facturas bajo sospecha, una posible estructura offshore y bienes de alto valor cuya documentación deberá aclararse. El recorrido judicial dirá si esos indicios sostienen una acusación sólida o si quedan en una investigación sin consecuencias penales. Pero la comparecencia de un expresidente ante la Audiencia Nacional ya coloca una pregunta incómoda en el centro del debate público: hasta dónde llega la frontera entre la influencia política legítima y el uso privado del poder acumulado durante años.
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