Las protestas vuelven a amenazar, con más razón y fuerza que nunca, al Gobierno andaluz
Junta de Andalucía ha elaborado un cuadro con tarifas que permiten concertar servicios de atención primaria con la sanidad privada, lo que supone abrir la puerta a la privatización de la atención primaria en España en un primer paso ultraliberal para un sector tan dañado por los diferentes gobiernos de derecha como es el de la sanidad.
El proyecto de orden por el que se actualiza el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos del Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios, incluye un listado de precios para procedimientos quirúrgicos, pruebas diagnósticas, estancias por día en hospitales, en UCI, en centros de salud mental, radioterapia y, por primera vez, consultas.
“Consulta médico de atención primaria, 65 euros. Primera consulta, 150 euros. Consultas sucesivas, 90 euros. Consulta de alta resolución, 210 euros”, reza el borrador presentado por la Junta, que ya ha pasado la fase de alegaciones, momento en el que solo CCOO presentó objeciones. El portavoz de sanidad de CCOO en Andalucía, José-Pelayo Galindo, asegura que conocieron el borrador de esta orden el pasado mes de agosto “por casualidad” ya que fueron excluidos del trámite de audiencia al considerar la Junta que “no era de su interés”.
Además, los sindicatos han denunciado que la partida del Servicio Andaluz de Salud denominada «Asistencia sanitaria con medios ajenos» ha aumentado 94,2 millones de euros en el actual Presupuesto, lo que supone un incremento del 20,32%. El mayor aumento se encuentra en servicios diagnósticos, que aumentaron un 44%, y en terapias quirúrgicas, que pasaron de 7,8 a 14,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 88,34%.
Los sindicatos han acusado a la Junta de la apuesta por un modelo que fortalece a la privada y debilita a la pública. El portavoz de sanidad de CCOO en Andalucía ha afirmado que esto es «un paso inequívoco» hacia la privatización de la sanidad pública.
Las protestas vuelven a amenazar, con más razón y fuerza que nunca, al Gobierno andaluz tan solo unas horas después de la multitudinaria manifestación por la sanidad pública en Madrid por el maltrato sanitario de Isabel Díaz Ayuso.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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