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El expresidente declara como testigo en un caso que apunta a espionaje ilegal, fondos públicos y destrucción de pruebas dentro del PP
Mariano Rajoy regresa al foco judicial. Otra vez. Este jueves 22 de abril, el expresidente del Gobierno comparece en la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio de la operación Kitchen, una trama que investiga el uso de recursos del Estado para proteger al Partido Popular de sus propios escándalos.
No es una cita menor. La causa examina un supuesto operativo parapolicial destinado a espiar a Luis Bárcenas, extesorero del partido, con el objetivo de sustraer documentación sensible relacionada con la llamada caja b. Un episodio que conecta directamente con la corrupción estructural del PP y que vuelve a colocar a Rajoy en una posición incómoda, pese a su insistencia histórica en desconocer cualquier irregularidad.
El contexto no ayuda. Ya en el juicio de Gürtel, el 26 de julio de 2017, Rajoy compareció como testigo y negó saber nada de la trama. Apenas once meses después, el 1 de junio de 2018, una moción de censura le desalojaba de La Moncloa tras la condena al PP por lucrarse de aquella red corrupta. Aquella declaración, en retrospectiva, quedó marcada por la evasiva constante.
Ahora el escenario se repite, pero con más presión. La investigación sobre Kitchen no solo apunta a corrupción, sino a una posible utilización ilegal de las instituciones para borrar pruebas. Una diferencia sustancial.
Un entramado desde el poder
La Fiscalía solicita 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que considera responsable de impulsar o, como mínimo, conocer plenamente la operación. El operativo se habría desarrollado entre 2013 y 2015, coincidiendo con el momento más delicado del escándalo Bárcenas.
La relación entre Rajoy y Fernández Díaz no es anecdótica. Son más de 30 años de cercanía política. Coincidieron en distintos gobiernos desde 1996, cuando Rajoy fue nombrado ministro de Administraciones Públicas y Fernández Díaz su secretario de Estado. Una trayectoria compartida que ahora se examina bajo sospecha.
En el Congreso, el 13 de diciembre de 2021, Rajoy defendió públicamente la inocencia de su exministro. También elogió a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, otro de los principales acusados. Este último dejó escrito en 2019 un mensaje demoledor que llegó a la Audiencia Nacional: aseguraba que su mayor error fue “serle leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, añadiendo que podía probarlo.
El juicio, por tanto, no solo revisa hechos. Reabre relaciones, lealtades y silencios. Y lo hace en sede judicial.
La versión de Bárcenas y las pruebas desaparecidas
El testimonio de Luis Bárcenas ha elevado la tensión del proceso. El extesorero sostiene que entregó a Rajoy documentos de la contabilidad paralela del partido y que este los destruyó personalmente en una trituradora situada en su despacho. Una escena que, de confirmarse, tendría implicaciones políticas y judiciales de gran calado.
Según Bárcenas, ese material formaba parte de lo sustraído durante la operación Kitchen. Es decir, no se trataba de una simple vigilancia, sino de un intento sistemático de eliminar pruebas. De borrar rastros. De controlar el daño.
El propio Bárcenas ha ido más allá. Identifica a Rajoy como el enigmático “M. Rajoy” de los papeles de la caja b y sitúa el origen del operativo dentro del Partido Popular, antes de su traslado al Ministerio del Interior. Una acusación directa que desmonta la narrativa de desconocimiento que el expresidente ha mantenido durante años.
El detalle no es menor. Cambia el eje del relato. Ya no sería un exceso de mandos intermedios, sino una estructura que nace en la cúspide del poder político.
Villarejo entra en escena
Otro de los actores clave es el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien la Fiscalía pide 19 años de prisión. Villarejo ha afirmado que llegó a reunirse con Rajoy para informarle de sus trabajos vinculados al partido y que recibió una respuesta clara: “A trabajar”.
Rajoy lo niega. Dice no conocerle. Dos versiones incompatibles que el tribunal deberá valorar. El interrogatorio promete tensión. No solo por lo que se diga, sino por lo que se evite responder.
La estrategia de las defensas parece clara. Apuntar hacia arriba. Intentar que el testigo deje de ser solo testigo. Y ahí es donde el riesgo crece: Rajoy está obligado a decir la verdad. Si se detecta una contradicción relevante, podría enfrentarse a un procedimiento por falso testimonio.
Mientras tanto, la causa sigue avanzando. Las piezas encajan con dificultad, pero dibujan una imagen persistente: estructuras de poder movilizadas para protegerse a sí mismas, incluso a costa de la legalidad.
Un pasado que no termina de cerrarse
El 1 de agosto de 2013, en pleno escándalo por las cuentas en Suiza de Bárcenas, Rajoy reconoció en el Congreso que se había equivocado al confiar en él. No dimitió. No asumió responsabilidades políticas más allá de esa frase. El tiempo ha convertido aquella intervención en un símbolo de resistencia más que de autocrítica.
Hoy, más de una década después, el mismo nombre vuelve a aparecer en el centro de una trama distinta pero conectada. No es un episodio aislado. Es la prolongación de una crisis que nunca se resolvió del todo.
El juicio de Kitchen no es solo un procedimiento judicial. Es también una revisión del uso del poder durante años clave de la política española. Y Rajoy, una vez más, está en el centro. Aunque intente situarse en los márgenes.
El desarrollo de la causa y las declaraciones de los implicados siguen alimentando un escenario que, lejos de cerrarse, se reabre con cada testimonio. Como detalla la investigación publicada en la reapertura de la “caja negra” del PP en el juicio de Kitchen, las acusaciones no solo persisten, sino que se afinan con el paso de los días.
Y en medio de todo, una pregunta que sigue sin respuesta clara. Qué sabía exactamente Mariano Rajoy. Y cuándo decidió no contarlo.
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