«No resulta concebible que la inserción fotocopiada y de escasa calidad del visado de 2005 en los planos que se aportan en 2016 pudiese generar apariencia alguna de autenticidad», concluyen los magistrados.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inadmitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra la diputada de Vox Rocío Monasterio “al no reunir los hechos relatados los caracteres del delito de falsedad documental atribuido a la querellada”.
Así lo cuenta la periodista Elena Herrera en un artículo en elDiario.es, que subraya un hecho cuanto menos llamativo: los jueces señalan que el uso de un sello falseado en documentación que la diputada presentó al Ayuntamiento de Madrid es “tan burda y perceptible a simple vista” que no permite inducir a error, que es uno de los requisitos de ese tipo penal.
Según sostenía Fiscalía, Monasterio presentó una fotocopia en blanco y negro del sello visado de un primer proyecto en ese mismo inmueble del año 2005, en vez de los preceptivos sellos visados que requiere cada nuevo proyecto, “con la intención de darle a los planos la apariencia de estar debidamente visados, una utilización fraudulenta”, lo que constituía, a su juicio, un delito de falsedad en documento público.
Según el criterio de los jueces, para que exista falsedad material “es requisito nuclear que la alteración de la verdad tenga un mínimo considerable de apariencia, una entidad suficiente que sea capaz de inducir a error”. Para los magistrados, en este caso es una falsedad burda o grosera, que precisamente por ello priva al soporte material de toda posibilidad de producir un efecto jurídico.
“Es difícil comprender a la vista de la palmaria inidoneidad de la estampación de la imagen del visado, qué pretensión pudo albergar quien llevase a cabo esta operación», concluyen los magistrados.
«No resulta concebible que la inserción fotocopiada y de escasa calidad del visado de 2005 en los planos que se aportan en 2016 pudiese generar apariencia alguna de autenticidad», afirman
Monasterio utilizó este sello falseado del Colegio de Aparejadores de Madrid en proyectos que presentó en el Ayuntamiento de Madrid en 2011 y 2016 para el loft del presentador Arturo Valls. El último, por tanto, tres años antes de que se convirtiera en diputada autonómica.
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