Qué rentable es ser alcaldesa 

Una historia de privilegios que desnuda la arquitectura del poder local

Cuando la política municipal se convierte en un atajo para blindar fortunas y multiplicar sueldos sin control

La carrera política de Ángeles Muñoz es la historia de cómo el poder local puede transformarse en una máquina discreta de acumulación, lejos de los focos del Congreso y más cerca de esa economía paralela que sostiene al turismo de lujo, a los clanes financieros y a las élites que nunca pierden. En cinco años, la alcaldesa de Marbella ha logrado algo que ni la inflación, ni la productividad, ni la negociación colectiva han concedido jamás a las y los trabajadores de su ciudad: multiplicar por seis su salario, pasando de 14.800 euros anuales en 2020 a 95.465 euros en 2024 según la Información Salarial de Puestos de la Administración. Un incremento que ninguna y ningún docente, sanitario, juez o basurero podría siquiera soñar.

Pero la cifra oculta un truco. Hasta 2023, Muñoz cobraba su sueldo principal del Senado. Su retribución municipal era casi simbólica. Bastó dejar la Cámara Alta (que investigaba el origen de su patrimonio) para activar la magia contable: dedicación exclusiva y mayoría absoluta municipal para aprobarse un salario que hoy supera al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (90.010 euros) y al del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (89.275 euros).

Lo dejó claro ella misma: Marbella es “gran ciudad”. Y el sueldo debía corresponderse con los Presupuestos Generales del Estado. En su lógica, si un territorio genera millones para las elites que lo habitan, su alcaldía debe cobrar acorde a esa riqueza, aunque quienes limpian hoteles, cuidan hogares o sostienen los servicios municipales vivan atrapados entre alquileres imposibles y salarios congelados.

EL SUELDO CRECE, LAS SOMBRAS TAMBIÉN

Los números son fríos. Pero su contexto es tóxico. El ascenso salarial de Muñoz coincide con la tormenta perfecta.

En 2022, la Audiencia Nacional vinculó a su marido —el ya fallecido Lars Gunnar Broberg— y a su hijastro, Joakim Broberg, con una trama de narcotráfico internacional. La Fiscalía Antidroga llegó a pedir 18 años de prisión para Broberg. Días después de hacerse pública la operación policial, Muñoz actualizó su declaración de bienes ante el Senado y, como por arte de magia, pasó a ser propietaria del 100% de varias sociedades y de una vivienda en Suecia, de las que antes solo tenía la mitad.

Aseguró que era una “donación de acciones” de su marido en 2020 de la que no se informó hasta 2022. El presidente andaluz Moreno Bonilla salió en su defensa: “Desconozco los orígenes, pero seguro que son lícitos y legales”, una frase que, más que blindar, delata resignación ante un engranaje de poder que ni siquiera él se atreve a cuestionar.

Cuando el PSOE impulsó una comisión del Senado para investigar su patrimonio, Muñoz optó por el silencio institucional, como si el escrutinio fuese una molestia, no un deber democrático.

Un año más tarde, tras quedar fuera de las listas del PP para el 23-J, volvió al Ayuntamiento con dedicación exclusiva y aprobó su subida a 92.928 euros, con la abstención del PSOE y el apoyo del partido local OSP. Vox votó en contra, pero no por ética pública, sino por su habitual oportunismo tóxico.

UN SALARIO, UNA CIUDAD Y UNA DEMOCRACIA A LA CARTA

95.465 euros. Octava alcaldesa mejor pagada del país. Primera de una ciudad que no es capital de provincia. Por encima de presidentes autonómicos. Por encima del Gobierno central. Por encima de lo que cobra la propia ciudadanía trabajadora que sostiene Marbella con empleos precarios, estacionales y mal remunerados.

Marbella tiene 159.000 habitantes. Sevilla, cuya alcaldía gana solo 220 euros más, tiene 4,3 veces esa población. Málaga, que supera a Muñoz por 36 euros, tiene 3,7 veces más vecinas y vecinos. Pero el poder no se mide en población. Se mide en conexiones, influencia y blindajes.

Marbella, ese laboratorio del capitalismo de sol y ladrillo, ha sido siempre territorio de impunidad, desde el caso Malaya hasta las redes internacionales que circularon alrededor del clan Broberg. Una ciudad donde los salarios públicos pueden elevarse a niveles de élite porque las élites reales ya viven instaladas en otra dimensión económica.

Y el mensaje es claro: el poder no se usa para reducir desigualdades, sino para consolidarlas. Mientras el alcalde de Estepona presume de no cobrar ni un euro por tener compatibilidad con su registro de la propiedad, Muñoz convierte la alcaldía en el vértice más rentable de la pirámide local.

No sorprende. En un sistema político donde las puertas giratorias son norma, donde la fiscalización llega tarde y donde la indignación ciudadana se disuelve en la saturación informativa, construirse un salario de 95.000 euros al año es solo la punta del iceberg.

Una alcaldesa que multiplica por seis su sueldo en cinco años en un país donde multiplicarlo por uno coma dos es casi ciencia ficción para la mayoría revela algo más profundo. Revela quién está dentro del sistema y quién está condenado a mirar desde fuera.

El poder municipal, cuando se gestiona como patrimonio personal, deja de ser representación democrática y se convierte en un negocio sin competencia.

La política deja de ser servicio público cuando empieza a ser inversión rentable.