Eliminar el control para blindar la impunidad: PP y Vox entierran más de 500 expedientes de corrupción en Balears 

La liquidación de la Oficina Anticorrupción deja en la sombra cientos de investigaciones mientras el Govern balear reduce la transparencia a un mero formalismo.

ELIMINAR LA FISCALIZACIÓN PARA PROTEGER A LOS SUYOS

El Partido Popular y Vox no han dejado lugar a dudas: si algo puede molestar a su gestión, se suprime. Así lo han demostrado en Balears, donde en marzo de 2024 fulminaron la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (OAIB), creada en 2016 para investigar el uso indebido de fondos públicos. A menos de un año de su disolución, el Govern ha confirmado que han dejado caducar 228 expedientes sin siquiera analizarlos y han archivado otros 300, relegando cualquier atisbo de transparencia al cajón de los recuerdos.

Este desmantelamiento fue uno de los primeros acuerdos entre el PP y Vox para garantizar la gobernabilidad de los conservadores en solitario. A cambio, la extrema derecha logró influencia en los Consells Insulars y la presidencia del Parlament balear. Desde su cierre, el acceso a los expedientes ha quedado blindado, bajo la custodia del Parlament, con carácter reservado. Un candado perfecto para evitar que la ciudadanía pueda conocer el contenido de las investigaciones que estaban en marcha.

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha intentado justificar la desaparición de la OAIB con el argumento de que era un órgano “duplicado” y con “falta de transparencia”, señalando que las funciones pueden ser asumidas por la Fiscalía y la Policía. Un discurso que omite la función clave de la Oficina: prevenir la corrupción antes de que llegara a los tribunales y garantizar que las denuncias pudieran tramitarse sin interferencias políticas.

UN PASO ATRÁS EN TRANSPARENCIA: LA CORRUPCIÓN COMO NORMA

El historial de casos que investigaba la Oficina antes de su cierre demuestra por qué PP y Vox querían deshacerse de ella. Uno de los expedientes investigaba una presunta trama de corrupción urbanística vinculada a Sebastià Sureda, alto cargo del Govern de Marga Prohens (PP). Apenas unos días después de que la OAIB informara sobre las pesquisas, el PP anunció su eliminación por la vía rápida.

Además, el organismo había supervisado el caso del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP), acusado de trato vejatorio contra una viceinterventora que intentó frenar la concesión de un contrato irregular. También había seguido de cerca otros escándalos, como los amaños en la privatización del puerto deportivo de Calanova, en beneficio de un empresario próximo a un exconseller del PP.

El blindaje de los expedientes se suma a una estrategia deliberada de asfixia financiera. Los Presupuestos de 2024 asignaron solo 50.000 euros a la OAIB, insuficientes para cubrir alquiler, seguridad, limpieza o electricidad. Una muerte anunciada que dejó a los investigadores sin herramientas para seguir con su labor.

El PP balear, lejos de reconocer la maniobra como un golpe a la transparencia, ha intentado desviar la atención señalando supuestos casos de corrupción en el anterior Govern progresista. Una cortina de humo que no oculta el verdadero objetivo de su pacto con Vox: eliminar cualquier barrera que impida el saqueo impune de recursos públicos.

El mensaje es claro: quien controla la fiscalización, controla la impunidad.