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La inviolabilidad, la Fiscalía y la monarquía se aliaron para borrar las huellas del fraude del rey emérito.
LA CORONA Y EL DELITO: UNA HISTORIA DE IMPUNIDAD
Juan Carlos I no está libre por falta de pruebas, sino por exceso de poder. Sigue impune porque el Estado diseñó su propia coartada.
Durante casi cuatro décadas, el monarca acumuló regalos millonarios, comisiones opacas y cuentas en Suiza, protegido por una Constitución que lo declaraba intocable. “Inviolable”, lo llaman. Pero lo que en teoría era un mecanismo para proteger la estabilidad institucional, en la práctica se convirtió en un salvoconducto para delinquir sin rendir cuentas.
En 2008, el rey recibió 100 millones de dólares del monarca saudí Abdalá bin Abdulaziz. No los declaró. Los escondió en una fundación panameña con cuentas en Ginebra. De haberlos ingresado legalmente, habría debido abonar 51 millones de euros en impuestos. En lugar de eso, optó por el silencio y la opacidad.
No fue un error, fue un sistema. Su gestor, el suizo Arturo Fasana, manejaba fondos de políticos y empresarios implicados en el caso Gürtel, ese mismo círculo donde la corrupción se trataba como un idioma oficial.
Durante años, el dinero fluyó, los viajes privados se pagaron con fundaciones pantalla y las relaciones con dictadores petroleros se presentaron como diplomacia. Hasta que apareció una grabación: la conversación entre Corinna Larsen y el comisario Villarejo en 2018. Ahí se escuchaba lo que el país llevaba años sospechando: el rey también tenía su caja B. Pero el Estado reaccionó como siempre: cerrando filas.
La Audiencia Nacional archivó la causa en 56 días. Sin pruebas nuevas, sin testigos, sin diligencias. Un carpetazo exprés.
El Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado, no dijo nada. Ni reabrió la investigación ni presionó para que el Tribunal Supremo aclarara el alcance de esa “inviolabilidad” que todo lo perdona.
LOS PODERES DEL ESTADO AL SERVICIO DE UN REY FUGADO
En 2020, con el escándalo ya imposible de ocultar, Juan Carlos huyó a Abu Dabi. No exiliado, sino protegido. El mensaje fue claro: el Estado no lo perseguiría, solo lo apartaría del escaparate.
Poco después, la Fiscalía suiza abrió su propia investigación. Desde allí se destapó lo que en España se prefería ignorar. Las cuentas, los testaferros, las fundaciones Zagatka y Lucum, las transferencias cruzadas. Todo lo que en nuestro país se archivaba con la excusa de la inviolabilidad.
La Fiscalía del Supremo, dirigida entonces por Juan Ignacio Campos (y posteriormente por Dolores Delgado), abrió tres diligencias. No hubo citación al monarca. No hubo registros. No hubo juicio.
Lo que sí hubo fueron dos regularizaciones fiscales: una en diciembre de 2020 por 638.393 euros, y otra en febrero de 2021 por 4,4 millones. Ambas aceptadas sin objeción por el Ministerio de Hacienda, pese a que la ley prohíbe regularizar deudas cuando existe una investigación penal en curso. Fue un trato de favor disfrazado de burocracia.
La regularización salvó al emérito de una condena segura.
Un contribuyente cualquiera habría acabado en la cárcel.
Pero a Juan Carlos I lo salvó su título, su nombre y un pacto tácito entre poderes: Fiscalía, Gobierno y monarquía. En abril de 2021, la Fiscalía archivó las tres causas. Se reconocían los hechos, pero se exculpaba al culpable.
La fórmula mágica: inviolabilidad, prescripción y arrepentimiento pagado.
Aquel blindaje no surgió de la nada. En 2014, tras su abdicación forzada, el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE pactaron una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar que solo el Tribunal Supremo pudiera investigarlo. En el preámbulo, redactado por Alberto Ruiz-Gallardón, se incluyó una interpretación inconstitucional: que la inviolabilidad cubría “todos los actos del rey, de cualquier naturaleza”.
Así, el fraude, el cohecho o el blanqueo se convirtieron en actos de Estado.
El Tribunal Constitucional nunca se pronunció sobre el fondo del asunto. Ni lo ha hecho todavía.
No sabemos si esconder dinero en Suiza o aceptar regalos de dictadores forma parte de las funciones del jefe del Estado. Pero sí sabemos que, en España, la justicia no se atreve a decir que no.
UNA MONARQUÍA MANTENIDA POR EL SILENCIO
Mientras tanto, Juan Carlos I pasea por O Grove, firma libros y culpa al Gobierno de su descrédito. Se llama “Reconciliación” su autobiografía, aunque de reconciliación tiene poco.
A lo sumo, es un ajuste de cuentas con quienes permitieron que su caída no fuera también judicial. “El Gobierno transformó estas investigaciones jurídicas en una caza de brujas”, escribe.
Curioso: un rey que se enriqueció con regalos millonarios acusa de persecución a quienes lo protegieron.
Nada de lo que le ocurre a Juan Carlos I sería posible sin el consentimiento de los tres poderes del Estado.
El Legislativo que nunca quiso revisar la inviolabilidad.
El Ejecutivo que prefirió mirar a otro lado para no “abrir heridas”.
Y el Judicial que se plegó al relato de que la monarquía es intocable porque simboliza la unidad nacional.
El emérito no se fue para huir de la justicia, sino para preservar el mito.
Su libertad es un pacto de silencio entre él y el sistema que lo engendró.
La impunidad de Juan Carlos I no es un fallo del Estado. Es su prueba de funcionamiento.
Mientras un pensionista va a prisión por un error en la declaración de la renta, el rey que defraudó millones sigue libre, firmando ejemplares de su propio lavado de imagen.
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