Plan Cóndor: por qué las víctimas de la represión que arrasó Sudamérica siguen luchando por la justicia 

Entre 1976 y 1978, las dictaduras sudamericanas llevaron a cabo una campaña de represión violenta contra los disidentes y exiliados políticos que se manifestaban en contra de la represión interna y el gobierno militar.

El Plan Cóndor, como se conoce esta campaña, ha inspirado desde entonces múltiples novelas, obras de teatro y exposiciones, por no mencionar una serie de HBO. Esta última, basada en Las cenizas del cóndor, la novela de 2014 del escritor uruguayo Fernando Butazzoni, cuenta la historia de un joven cuyos padres huyeron de Uruguay durante la dictadura militar.

En 1992, se descubrió un alijo de unos 700 000 documentos en una comisaría de Asunción (Paraguay). Denominados los Archivos del Terror, estos documentos registraban exhaustivamente las actividades de la policía secreta paraguaya durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989). Desde entonces, académicos y periodistas en Chile, Argentina y Estados Unidos han investigado esta red transnacional de terror.

Entre 2017 y 2020, compilé la primera base de datos sobre violaciones transfronterizas de los derechos humanos en América del Sur. Registré al menos 805 víctimas de secuestros, torturas, violencia sexual, robo de bebés, así como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones ocurridas entre 1969 y 1981.

Una cohorte de jueces mayoritariamente femenina preside el veredicto de Apelación 2019 en el juicio Cóndor en Roma.
Janaina Cesar, Author provided

Cómo surgió el Plan Cóndor

Como explico en mi nuevo libro, Los juicios del Cóndor, la nueva causa que se abrió contra el oficial de la marina, el ciudadano italo-uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, constituye la investigación penal número 48 sobre estos años de terror desde la década de 1970. La primera audiencia se celebró en Roma el 14 de julio de 2022. Tróccoli está acusado de los asesinatos en los años 70 de tres personas: una ciudadana italiana, Rafaela Filipazzi, una uruguaya, Elena Quinteros, y un argentino, José Potenza.

Mi investigación ha demostrado que la mayoría de las víctimas de Cóndor (48 %) eran de nacionalidad uruguaya. Argentina fue el principal teatro de operaciones, ya que el 69 % de todas las víctimas fueron atacadas allí. Además, los principales objetivos eran activistas políticos (40 %), seguidos de miembros de grupos guerrilleros (36 %).

Las investigaciones suelen situar los inicios de Cóndor en 1974-1975. Sin embargo, mi investigación ha demostrado que desde 1969, los refugiados brasileños en Uruguay, Argentina y Chile fueron objeto de persecución y, en muchos casos, asesinados.

En el contexto geopolítico de la Guerra Fría se formuló la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos, basada en la idea de que la consecución de la seguridad nacional estaba por encima de cualquier otra preocupación gubernamental. Los líderes militares de América del Sur se inspiraron en esta doctrina para llevar adelante golpes de estado contra los gobiernos civiles.

El golpe de Estado de 1954 en Paraguay, en el que el gobierno del presidente Federico Chávez fue derrocado por el ejército, fue el primero. Siguieron golpes en Brasil (1964), Bolivia (1971), Uruguay, Chile (1973) y Argentina (1976).

Las dictaduras militares instauradas reprimieron brutalmente toda forma de oposición política. Se realizaron miles de detenciones ilegales. La tortura y la violencia sexual fueron frecuentes. Se cometieron secuestros, robos de bebés y ejecuciones extrajudiciales. La violencia hizo que ciudadanos de toda Sudamérica huyeran de sus países de origen.

Los brasileños buscaron refugio en Uruguay y Chile a partir de 1968, cuando se intensificó la represión interna en Brasil. Fueron los primeros en ser atacados.

A principios de 1974, miles de brasileños, bolivianos, chilenos, paraguayos y uruguayos vivían en Argentina. Activos en la denuncia de los crímenes contra la humanidad que se estaban cometiendo en toda la región, se vieron sometidos a un fuego cada vez mayor por parte de sus respectivas dictaduras.

Una exposición de 2010 sobre los desaparecidos tras el golpe de Estado de 1973 en Chile.
Marjorie Apel / Wikimedia Commons, CC BY-SA

El 25 de noviembre de 1975, representantes de las fuerzas de seguridad de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay fueron invitados por el jefe de la policía secreta de Chile a una reunión de trabajo de la inteligencia nacional en Santiago de Chile. Así nació el Plan Cóndor.

El Cóndor estaba compuesto por cuatro elementos. En primer lugar, el sistema secreto de comunicaciones Condortel permitía a sus miembros compartir información. En segundo lugar, Condoreje abarcaba el eje operativo e incluía una oficina de mando avanzada, situada en Buenos Aires, que supervisaba las operaciones sobre el terreno, especialmente en Argentina. En tercer lugar, un banco de datos en Santiago de Chile centralizaba la información de inteligencia compartida. Y en cuarto lugar, la unidad secreta Teseo se encargaba de llevar a cabo atentados contra objetivos izquierdistas en Europa.

Cómo han luchado las mujeres por la justicia

Un grupo de personas buscadoras de justicia –sobrevivientes, familiares de víctimas, activistas, profesionales del derecho y periodistas– se ha dedicado durante mucho tiempo a sacar a la luz estas violaciones de los derechos humanos. Muchas de estas activistas son mujeres: las madres, abuelas, esposas, hermanas e hijas cuyas vidas se han visto directamente afectadas por Cóndor. Como me dijeron los fiscales argentinos, estas personas “impulsaron absolutamente todas las investigaciones que se llevaron a cabo: sin ellas no habría pasado nada”.

El periodista estadounidense Jack Anderson utilizó por primera vez el término “Cóndor” en agosto de 1979, en un artículo del Washington Post. Sin embargo, ya en 1976 y en 1977, el periodista uruguayo Enrique Rodríguez Larreta y el antiguo activista sindical Washington Pérez testificaron ante Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los calvarios sufridos en Buenos Aires y Montevideo.

Las elecciones generales argentinas de 1983 supusieron el retorno gradual de la democracia y el régimen constitucional a Sudamérica. Brasil y Uruguay siguieron su ejemplo en 1985, luego Paraguay en 1989 y Chile en 1990.

En países como Chile y Brasil, el régimen saliente intentó garantizar su propia impunidad con nuevas leyes de amnistía. En otros, como Argentina y Uruguay, los nuevos parlamentos democráticos trataron de impedir el retorno del régimen militar con leyes similares. Como resultado, se archivaron todas las investigaciones penales sobre las atrocidades del pasado.

A pesar de estos contratiempos, desde finales de la década de 1970 se han llevado a cabo múltiples investigaciones penales sobre las atrocidades del Cóndor. Treinta de estos casos han llegado a sentencia, cuatro juicios están en curso, tres han sido archivados y 9 están en fase de instrucción.

Hasta la fecha, 112 funcionarios militares y civiles sudamericanos, incluidos antiguos dictadores y ministros del gobierno, han sido llevados ante la justicia. Lo más probable es que esta cifra solo represente una parte de los culpables. Aunque no hay una estimación oficial del número total de ellos, es probable que sean miles.

Este proceso es importante para las víctimas, sus familias y las sociedades más amplias que sufrieron en el pasado. También es crucial para evitar que se cometan estas atrocidades en el futuro.

Además, la represión transnacional de exiliados y disidentes sigue siendo un problema acuciante en todo el mundo. Según el thinktank estadounidense Freedom House, solo en 2021 se produjeron 85 incidentes de este tipo. La justicia por los delitos del Plan Cóndor se erige, por tanto, en una clara advertencia para los Estados autoritarios de hoy en día.

El proyecto de Francesca Lessa sobre la Operación Cóndor ha recibido financiación del Fondo John Fell de la Universidad de Oxford, de la Academia Británica/Leverhulme Trust, de la Cuenta de Aceleración del Impacto del CERS de la Universidad de Oxford, de la Comisión Europea en el marco de Horizonte 2020 y de la Open Society Foundations. Ha asesorado a abogados, activistas y fiscales implicados en el Juicio Cóndor en Italia. Es presidenta de honor del Observatorio Luz Ibarburu, una red de ONG de derechos humanos en Uruguay.