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El Consell se convierte en el cortafuegos del presidente mientras la catástrofe sigue cobrando víctimas
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, prepara una remodelación de su Consell que suena más a estrategia de protección que a intención real de mejora. A raíz de la devastación provocada por la última DANA, que dejó cientos de personas afectadas y daños incalculables, la falta de respuestas eficaces por parte del gobierno valenciano ha generado un malestar creciente entre la ciudadanía. Mazón, en lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde, se escuda en la figura de Salomé Pradas, la consellera de Justicia y Emergencias, apuntando a ella como el blanco de las críticas. Es un juego de sombras donde la responsabilidad parece ser algo que se transfiere, no algo que se asume.
Pradas, hasta hace poco protegida por el Consell, se encuentra ahora bajo un manto de invisibilidad. No ha realizado declaraciones, y ni siquiera el propio Mazón menciona su nombre, como si fuera suficiente apartarla del foco para limpiar la imagen del presidente. Sin embargo, fue ella quien estuvo al frente del Cecopi, el Centro de Coordinación Operativo Integrado, durante las horas más críticas de la catástrofe, cuando la alerta llegó tarde y el agua ya había sumido en el caos a varios municipios. La estrategia del Consell ha sido clara: deslindar al presidente de las decisiones operativas, aún cuando la ley le otorga mando único en emergencias.
Esta maniobra de reestructuración, con Pradas como peón sacrificable, deja claro que el gobierno valenciano opta por salvar su imagen antes que dar respuestas a las y los valencianos afectados. Con la cabeza de Pradas en la guillotina y la posibilidad de que otros altos cargos también sean removidos, Mazón espera desviar la presión mediática, alejando así el foco de su inacción.
EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN COMO PANTALLA DE HUMO
Con el objetivo de calmar las críticas, el Ejecutivo valenciano ahora se centra en un discurso sobre la “reconstrucción” de las zonas afectadas por la DANA. Sin embargo, más allá de las palabras, el plan de reconstrucción no ha avanzado, y las promesas de fondos estatales se convierten en otro argumento para justificar la falta de medidas concretas. Mazón ha solicitado al Gobierno de España una ayuda descomunal de 31.400 millones de euros, una cifra que cubre el presupuesto anual de la Generalitat Valenciana, pero, de momento, solo se han comprometido 300 millones desde su administración.
La designación de un posible conseller sin cartera para liderar la reconstrucción no hace más que aumentar la confusión. Este cargo, que estaría bajo la supervisión de Mazón y Susana Camarero, parece diseñado para diluir aún más las responsabilidades, en lugar de garantizar una acción eficaz. En un contexto en el que la ayuda y la gestión de los recursos son urgentes, el Consell valenciano se preocupa más por reorganizar su imagen que por cumplir su deber con las personas damnificadas. La remodelación que plantea Mazón parece un cambio de nombres sin voluntad de transformación real.
Nuria Montes, responsable de Turismo e Industria, es otro peón en riesgo de sacrificio. Con acusaciones de insensibilidad ante la tragedia, Montes es recordada por su fría declaración: «Aquí no se van a entregar cuerpos a familias» en referencia a la identificación de las víctimas en Feria Valencia. Este tipo de actitud despectiva no solo enfureció a las familias afectadas, sino que subrayó la desconexión entre el gobierno valenciano y la ciudadanía. Para las y los allegados de las víctimas, esa insensibilidad añade un dolor innecesario al sufrimiento que ya enfrentan. A pesar de las disculpas, el daño está hecho.
En este escenario, se proyecta el regreso de figuras como Gerardo Camps, exconseller y actual senador, como uno de los nombres fuertes en el esquema que intenta rediseñar Mazón. La estrategia de fichar a personajes de la vieja guardia política del PP se lee como un intento desesperado de anclar su poder a una estructura cada vez más frágil.
La tragedia de la DANA en Valencia no es solo una catástrofe natural; es también el retrato de un gobierno incapaz de proteger a su población en los momentos de mayor vulnerabilidad.
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