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El recuento rápido da una mínima ventaja al candidato progresista Roberto Sánchez frente a Keiko Fujimori. La derecha ya habla de “prudencia” y “espera”, el mismo lenguaje con el que en 2021 intentó sembrar dudas sobre una victoria popular que nunca aceptó del todo.
Perú vuelve a despertarse atrapado en ese bucle político que parece no terminar nunca. Otra elección decidida por décimas. Otra noche de tensión. Otra vez Keiko Fujimori insinuando que quizá el resultado no sea legítimo si no gana ella. Y otra vez un país entero pendiente de actas rurales, votos del sur y recuentos que avanzan lentamente mientras las élites limeñas empiezan a preparar el relato.
Los dos conteos rápidos publicados este domingo apuntan a una victoria por la mínima de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, frente a la derechista Keiko Fujimori. Muy ajustada. Dentro del margen de error. Pero suficiente para encender todas las alarmas en el bloque conservador que llevaba semanas dando por hecha la remontada definitiva del fujimorismo.
Según Ipsos, Sánchez obtendría el 50,3% de los votos frente al 49,7% de Fujimori, con un margen de error del 1,9%. Datum sitúa el resultado prácticamente igual: 50,14% para Sánchez y 49,86% para Fujimori. Décimas. Miles de votos. Un país partido por la mitad y agotado de una década de caos institucional.
Mientras tanto, el recuento oficial seguía mostrando una fotografía diferente en las primeras horas de la noche: con el 67% escrutado, Fujimori aparecía por delante con el 52,7% frente al 47,3% de Sánchez. Nada especialmente extraño. Las zonas rurales y del sur del país, donde el apoyo al candidato progresista es mucho más fuerte, suelen tardar más en contabilizarse y transmitirse.
Y ahí está la clave. Otra vez.
EL FUJIMORISMO NO SABE PERDER Y PERÚ YA LO HA SUFRIDO
La analista Francesca Emanuele, jefa de la misión de observación electoral del Center for Economic and Policy Research (CEPR), lo explicó con bastante claridad: los votos que llegan más tarde suelen favorecer a Sánchez, por lo que la diferencia puede cambiar significativamente a medida que avance el escrutinio. Exactamente lo que ocurrió en 2021 con Pedro Castillo.
Aquellas elecciones dejaron una herida política enorme. Keiko Fujimori denunció fraude sin pruebas, intentó anular cerca de 200.000 votos y convirtió durante semanas el resultado electoral en una batalla judicial y mediática destinada a desgastar cualquier victoria popular que no controlara la derecha tradicional peruana. El resultado fue un país todavía más roto. Más polarizado. Más frágil.
Ahora el guion amenaza con repetirse.
Fujimori compareció rápidamente para insistir en que existe un “empate técnico” y pidió calma mientras cuestionaba implícitamente el valor del conteo rápido, recordando que se basa en unas 1.000 actas de las más de 90.000 existentes a nivel nacional. Formalmente prudente. Políticamente muy calculado.
Porque el mensaje ya está lanzado: si pierde, habrá sospecha.
Las declaraciones del entorno fujimorista apuntan a semanas de impugnaciones, recursos y presión institucional. Una estrategia conocida. Desgastar el resultado hasta convertir la victoria rival en una especie de presidencia provisional bajo sospecha permanente. Lo hicieron con Castillo. Todo indica que intentarán hacerlo otra vez.
Y no hablamos de cualquier candidatura. Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, secuestros y masacres cometidas durante su régimen. Entre 1994 y 2000, ella misma fue una de las figuras públicas más visibles del aparato autoritario de su padre.
Eso también está en juego en estas elecciones. La memoria.
SÁNCHEZ Y LA RESPUESTA DE UN PAÍS CANSADO DEL PODER DE SIEMPRE
Desde el balcón del partido Obras, una de las formaciones que integran la coalición que le respalda, Roberto Sánchez habló de “recuperar la democracia” y reivindicó “el sentido del voto del pueblo peruano”. El tono era de celebración contenida. Sin euforia. Casi de resistencia.
No es casual.
Sánchez ha conseguido articular una alianza antifujimorista amplísima, que va desde sectores progresistas hasta espacios de centroizquierda y figuras independientes que entienden estas elecciones como un freno a la restauración autoritaria. Entre sus apoyos aparecen partidos pequeños, movimientos sociales y expresidentes como Pedro Castillo y Martín Vizcarra.
También prometió el indulto a Castillo, encarcelado tras la crisis institucional de 2022. Una propuesta explosiva para las élites políticas y mediáticas peruanas, que llevan años utilizando el miedo al “castillismo” como herramienta de movilización conservadora.
Del otro lado, Fujimori ha reforzado una coalición donde conviven derecha tradicional, ultraderecha y aliados internacionales que van desde el trumpismo latinoamericano hasta Vox. El ultraderechista Rafael López Aliaga respaldó abiertamente su candidatura, igual que otros dirigentes conservadores peruanos y figuras internacionales vinculadas a la extrema derecha regional.
La propia Fujimori llegó a exhibir durante la campaña el apoyo de María Corina Machado y del colombiano Abelardo de la Espriella. También recibió el respaldo de representantes republicanos estadounidenses como María Elvira Salazar y Carlos Giménez, habituales exponentes del intervencionismo ultraconservador latinoamericano desde Florida.
No es solo una disputa electoral peruana. Hay mucho más detrás.
UN PAÍS DEVORADO POR SU PROPIA INESTABILIDAD
Más de 27,3 millones de peruanas y peruanos estaban llamados a votar en unas elecciones marcadas por el agotamiento político. El próximo presidente será el noveno en apenas diez años. Ocho presidentes en una década. Cuatro en los últimos cuatro años. Una trituradora institucional permanente impulsada por un Congreso convertido en centro de operaciones de bloqueo y desestabilización.
La primera vuelta del 12 de abril ya dejó imágenes preocupantes: problemas logísticos, retrasos, votaciones extendidas y una fragmentación extrema con 35 candidaturas distintas. Fujimori ganó aquella ronda con apenas el 17,18% de los votos. Sánchez pasó por muy poco con el 12,03%, apenas 21.210 votos por encima de López Aliaga.
Un país dividido hasta el extremo.
Ahora Perú vuelve a mirar las actas rurales mientras espera saber si finalmente logra cerrar el paso al regreso definitivo del fujimorismo o si entra, otra vez, en un nuevo ciclo de impugnaciones, presión institucional y deslegitimación de las urnas.
Porque el problema ya no es solo quién gana.
El problema es que una parte de la derecha peruana parece incapaz de aceptar que el pueblo pueda votar contra sus intereses sin que automáticamente aparezca la palabra “fraude”.
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