Pedraz blanquea la guerra sucia y protege a quien fabricó delitos 

Cuando la justicia decide mirar hacia otro lado, el Estado de derecho se convierte en coartada

La Audiencia Nacional vuelve a ofrecer una escena inquietante. El 23 de enero de 2026, el juez Santiago Pedraz rechazó por segunda vez reconocer como perjudicado a Miguel Urbán en una causa que investiga la guerra sucia policial contra Podemos durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Lo hizo en contra del criterio de la Fiscalía, y con un argumento que hiela la sangre democrática: no hubo montaje policial, sino una actuación “correcta” a partir del relato de un confidente.

Ese relato sostenía que Urbán había vendido 40 kilos de cocaína en un bar de Malasaña, cargándolos a pulso en una bolsa, celebrándolo a gritos y asegurando que era droga “de Venezuela” para financiar a Podemos. Una historia grotesca, imposible, que aun así activó durante meses de 2016 una investigación policial secreta contra un eurodiputado en activo. La Fiscalía Antidroga archivó porque no existía ni un indicio delictivo, pero el daño ya estaba hecho.

Que un juez sostenga que no hay montaje cuando una investigación se inicia y se prolonga a partir de un delirio narrativo no es prudencia judicial, es normalización del abuso. Y que lo haga negando la condición de víctima a quien fue señalado, investigado y expuesto, es una decisión política con toga.

LA JUSTICIA QUE AMPARA EL DISPARATE

El auto de Pedraz sostiene que la Policía actuó “con marco” porque la Fiscalía recibió la noticia criminis. Convertir la recepción de un bulo en salvoconducto judicial es un precedente peligroso. La Fiscalía Antidroga cerró el caso con un decreto claro: “No se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos”. Fecha: 2016. Hecho: archivo. Resultado: ninguno para quienes fabricaron la acusación.

Más grave aún: el propio fiscal del caso, Vicente González Mota, ha defendido que existió una investigación policial de personas aforadas sin marco legal, en línea con otras operaciones ya investigadas por el mismo juzgado (Venus y Bolívar). La Fiscalía aprecia intereses espurios. El juez no.

La decisión no es neutral. Al negar la condición de perjudicado, se estrecha el perímetro de la causa y se expulsa del foco una pieza clave del engranaje que permitió apuntar a la financiación ilegal del partido. Porque la excusa Urbán fue la puerta: a partir de ahí, informes, filtraciones y titulares falsos se sucedieron en un semestre decisivo, entre diciembre de 2015 y junio de 2016, cuando Podemos aspiraba a gobernar en coalición.

Aceptar que una investigación “no es montaje” porque alguien la inició y luego la archivó equivale a legalizar el ensayo-error contra derechos fundamentales. Si no hay consecuencias por abrir una causa a partir de un disparate, el incentivo es repetirlo.

LA GUERRA SUCIA QUE NO SE INVESTIGA

La trama no fue marginal. Intervinieron unidades antidroga y anticorrupción, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y un órgano de coordinación de inteligencia. Se investigó en secreto mientras medios afines al poder publicaban filtraciones falsas. La Sala de lo Penal tuvo que corregir a Pedraz y ordenar nuevas diligencias por rastreos indebidos en bases de datos contra dirigentes del partido, entre ellas consultas que usaban a Urbán como coartada.

La justicia llegó tarde y llegó mal. En febrero de 2024, Pedraz admitió a trámite la querella de Podemos contra la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy. Desde entonces, la investigación se ha recortado, imputaciones se han rechazado y solicitudes se han bloqueado. El patrón es constante: avanzar lo justo, retroceder lo esencial.

Los testimonios de mandos policiales han añadido confusión, no claridad. Uno de ellos admitió haber hablado con el confidente “solo de auriculares”. La escena es reveladora: opacidad técnica para un relato que nunca sostuvo una prueba. La justicia no ve montaje; ve normalidad. Y esa normalidad es el problema.

Cuando un juez desoye a la Fiscalía, minimiza indicios y blanquea prácticas policiales aberrantes, el mensaje es inequívoco: fabricar sospechas sale barato; reparar derechos, no. Las y los jueces no están para cerrar filas con el poder, están para ponerle límites. Aquí han hecho lo contrario.

No reconocer a la víctima es reconocer al método.