Regularizar no es un gesto: es romper el chantaje de la ilegalidad 

Cuando el odio se normaliza, reconocer derechos se convierte en un acto político incómodo

Durante años se nos ha querido convencer de que la regularización de personas migrantes debía justificarse en términos de rentabilidad. Que si el mercado laboral, que si las pensiones, que si el IVA. Como si la dignidad necesitara una hoja de Excel para existir. En enero de 2026, el Gobierno español anunció una regularización que podría sacar de la irregularidad administrativa a alrededor de 500.000 personas. La cifra importa. La fecha importa. Y el contexto lo cambia todo.

No se trata de una ocurrencia ni de un salto al vacío. España ha regularizado antes y en masa. Nueve procesos desde los años noventa, según datos de Funcas. Bajo el Gobierno de Felipe González comenzó una práctica que después continuaron José María Aznar, con 524.621 personas regularizadas entre 2000 y 2001, y José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005 dio papeles a 576.506 personas. Los números están ahí. Lo que ha cambiado no es el procedimiento, sino el clima político.

Porque hoy, mientras España da este paso, Estados Unidos persigue a personas migrantes con una violencia institucionalizada. Redadas, detenciones de menores, muertes a manos de agentes federales. La ilegalidad se usa como arma. Y ese modelo se exporta. A Europa le llega en forma de discursos “técnicos”, leyes restrictivas y una pedagogía del miedo que señala al extranjero como problema estructural.

LA ILEGALIDAD COMO NEGOCIO Y COMO DISCIPLINA SOCIAL

Conviene decirlo claro y sin rodeos. La irregularidad administrativa no es un fallo del sistema, es una herramienta del sistema. Permite mano de obra barata, sin capacidad de reclamar, sin derecho a enfermar, a sindicalizarse o a denunciar abusos. Es una forma de control. Y beneficia tanto a patronales sin escrúpulos como a un modelo económico que necesita cuerpos disponibles y desechables.

Defender la regularización solo porque “conviene a la economía” es aceptar ese marco. Sí, las personas migrantes trabajan, cotizan y consumen. Sí, sostienen sectores enteros. Pero reducir su existencia a su utilidad económica es otra forma de deshumanización. La regularización anunciada en 2026 importa porque rompe ese chantaje. Porque dice que vivir, trabajar y formar parte de una comunidad no puede ser delito.

No ha llegado sola. Detrás hay más de 700.000 firmas de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el movimiento Regularización Ya. Años de organización, de presión, de poner el cuerpo. Sin esa lucha, no habría decreto. Y conviene señalar también quién empujó dentro de las instituciones. Podemos asumió el coste político de defenderla cuando otros miraban a las encuestas. Ione Belarra puso la regularización en el centro de la negociación. El Gobierno, con una mayoría frágil, terminó entendiendo el momento.

Frente a eso, la alternativa que se intentó colar no era inocua. La llamada “inmigración circular”, un sistema rotatorio de entrada y salida de mano de obra extranjera, convertía a las personas en piezas temporales, sin arraigo ni derechos plenos. Un modelo funcional para el capital, inquietante para cualquier democracia.

EL MIEDO COMO PROGRAMA POLÍTICO

La reacción de la derecha no sorprende. El Partido Popular ha atacado la medida como si fuera una anomalía histórica, ocultando que hizo exactamente lo mismo cuando gobernó. La amnesia selectiva es una estrategia. Alberto Núñez Feijóo ha preferido alimentar el ruido antes que reconocer un precedente incómodo.

Más burda es la ofensiva de Vox. Mentiras repetidas hasta el cansancio. Que si las personas migrantes viven de ayudas, que si son más violentas. Manipulación de estadísticas, estigmatización deliberada y señalamiento colectivo. El manual es conocido y funciona porque conecta con un clima internacional en el que el odio se presenta como sentido común.

Aquí entra el contexto global. Donald Trump ha convertido la persecución migratoria en espectáculo político. Europa observa, aprende y copia. Leyes más duras, fronteras militarizadas, discursos que hablan de “equilibrio” mientras normalizan la exclusión. En ese escenario, regularizar no es una política amable, es una desobediencia simbólica.

No hablamos de caridad ni de un gesto humanitario puntual. Hablamos de derechos. De sacar a medio millón de personas de un limbo legal que las hacía vulnerables a la explotación y al miedo cotidiano. De reconocer una realidad que ya existía. Lo verdaderamente radical es haber tardado tanto.

Si todo sigue su curso, en 2026 muchas personas dejarán de vivir con la amenaza permanente de una expulsión. Podrán empadronarse, firmar un contrato, ir al médico sin miedo, denunciar abusos. Eso no es revolucionario por excepcional, lo es porque desafía un orden que se alimenta de la ilegalidad.

En un mundo que se desliza hacia la crueldad como política pública, hacer normal lo justo se ha vuelto un acto de resistencia.