No es una hipótesis. No es una exageración de campaña. No es el miedo preventivo de la izquierda. Donde PP y Vox han gobernado juntos, los derechos han retrocedido. Punto. Los últimos acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León no son una novedad inocente ni una simple reedición parlamentaria. Son la vuelta al mismo laboratorio reaccionario que ya funcionó entre 2022 y 2024 en cinco comunidades autónomas: Extremadura, Aragón, Castilla y León, País Valencià y Región de Murcia.

El PP intenta venderlo como estabilidad. Vox lo llama “prioridad nacional”. La ciudadanía acaba pagando la factura. Y no precisamente en abstracto. La paga con leyes de memoria mutiladas, políticas de igualdad recortadas, censura cultural, ataques a las personas LGTBIQ+, desprecio a las lenguas propias, hostilidad hacia las personas migrantes y una obsesión casi folclórica por financiar la tauromaquia mientras se recorta en cooperación, sindicatos o cultura.

El Banco Mundial lo ha dicho con la frialdad habitual de los organismos que ponen decimales donde otras y otros ponen vidas: la economía global se encamina a crecer solo un 2,5% en 2026, frente al 2,9% de 2025. Es el peor ritmo desde la pandemia de Covid-19. Otro “shock”, dicen. Como si hubiera caído del cielo. Como si no tuviera responsables, mapas, firmas, despachos, contratos militares y ruedas de prensa.

No estamos ante una tormenta inevitable. Estamos ante una guerra de elección. La ofensiva ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado los precios de la energía, ha reactivado las presiones inflacionarias y ha elevado el coste de la deuda. Dicho de otra forma: Trump y Netanyahu prenden fuego al tablero y luego las y los trabajadores pagan la gasolina, el pan, el alquiler y los intereses.

Perú vuelve a estar al borde del abismo político. No por accidente. No por una fatalidad tropical, ni por ese tópico colonial que presenta a América Latina como un territorio condenado al caos. Está al borde porque cada elección vuelve a abrir la misma herida: quién tiene derecho a decidir el país y quién debe limitarse a obedecerlo desde lejos, desde la sierra, desde las comunidades rurales, desde esos lugares que las élites solo recuerdan cuando necesitan minerales, mano de obra barata o votos disciplinados.

A 11 de junio, con el 98% del recuento oficial de la ONPE escrutado, Keiko Fujimori aparece con el 50,002% de los votos. Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, queda en el 49,998%. La diferencia es de 651 votos. Sí, 651 votos en un país de más de 19 millones de personas llamadas a las urnas el 7 de junio. Una presidencia colgando de una cifra microscópica. Una democracia puesta en suspenso por un puñado de actas. Un país entero mirando una pantalla como quien mira una operación a corazón abierto.

Un pueblo entero plantándose contra millonarios, fondos buitre y gobiernos dispuestos a vender su costa al mejor postor

Casas de familias migrantes atacadas, menores aterrorizados y Europa fingiendo sorpresa ante el odio que lleva años alimentando