La democracia estadounidense tiene una liturgia muy solemne. Banderas, discursos sobre la libertad, himnos, padres fundadores, ceremonias patrióticas y presentadores de televisión hablando de “oportunidad”. Luego llega la letra pequeña. Y la letra pequeña dice esto: 88 grandes corporaciones que no pagaron ni un dólar de impuesto federal sobre la renta empresarial en el año fiscal 2025 gastaron unos 852 millones de dólares en lobby y contribuciones electorales durante los últimos ciclos políticos.

No es una anomalía. Es el sistema funcionando.

El 11 de junio, Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra Unión Cuba-Petróleo, CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. No fue un gesto administrativo. No fue una nota técnica del Departamento de Estado. Fue otro giro de tuerca contra una población que ya vive entre apagones, falta de combustible, problemas de transporte, hospitales tensionados y una economía castigada por 65 años de embargo estadounidense. Lo llaman presión. Lo llaman democracia. Lo llaman “apoyo al pueblo cubano”. Pero cuando una sanción corta energía, encarece comida, complica medicinas y deja a la gente sin movilidad, el nombre honesto es otro: castigo colectivo.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y viejo militante del cambio de régimen, defendió la medida acusando al Gobierno cubano de usar la energía como herramienta de represión, enriquecimiento y control social. El guion es conocido. Primero se asfixia un país. Luego se acusa al país asfixiado de no respirar bien. Después se presentan las consecuencias del bloqueo como prueba de que hacía falta más bloqueo. La maquinaria imperial funciona así: provoca la herida, señala la sangre y vende la amputación como tratamiento.

No es una hipótesis. No es una exageración de campaña. No es el miedo preventivo de la izquierda. Donde PP y Vox han gobernado juntos, los derechos han retrocedido. Punto. Los últimos acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León no son una novedad inocente ni una simple reedición parlamentaria. Son la vuelta al mismo laboratorio reaccionario que ya funcionó entre 2022 y 2024 en cinco comunidades autónomas: Extremadura, Aragón, Castilla y León, País Valencià y Región de Murcia.

El PP intenta venderlo como estabilidad. Vox lo llama “prioridad nacional”. La ciudadanía acaba pagando la factura. Y no precisamente en abstracto. La paga con leyes de memoria mutiladas, políticas de igualdad recortadas, censura cultural, ataques a las personas LGTBIQ+, desprecio a las lenguas propias, hostilidad hacia las personas migrantes y una obsesión casi folclórica por financiar la tauromaquia mientras se recorta en cooperación, sindicatos o cultura.

Un pueblo entero plantándose contra millonarios, fondos buitre y gobiernos dispuestos a vender su costa al mejor postor

Casas de familias migrantes atacadas, menores aterrorizados y Europa fingiendo sorpresa ante el odio que lleva años alimentando