La puerta giratoria con coche oficial

España tiene una especialidad democrática bastante obscena: pagar oficina, seguridad y medios públicos a quienes dejaron La Moncloa mientras apenas controla qué hacen luego con su agenda, sus contactos y su capacidad de abrir puertas. El Real Decreto 405/1992 regula sus derechos, pero no pone límites serios a sus negocios privados. La Ley 3/2015 solo establece restricciones durante dos años, como si el poder caducara como un yogur y las llamadas importantes dejaran de contestarse al mes 25.

Lo llaman lobby cuando suena fino. Lo llaman experiencia cuando paga bien. Pero muchas veces lo que se vende no es conocimiento: es acceso. España necesita registro obligatorio de lobbies, reuniones trazables, incompatibilidades reales y sanciones que duelan.

Bolloré cree que para gobernar hay que derribar la hegemonía cultural de la izquierda. La Nouvelle Droite ya lo intentó antes, pero sin los recursos del magnate. Aquí está la diferencia obscena: la ultraderecha intelectual soñaba con disputar ideas; Bolloré puede comprar las fábricas que las producen.

Francia mira ya a las presidenciales de 2027 con una pregunta incómoda: qué pasa cuando la extrema derecha no necesita ganar primero las urnas porque antes ha ganado televisiones, radios, editoriales, kioscos y salas de cine.

El expresidente comparecerá el 2 de junio como investigado en la Audiencia Nacional mientras crecen las dudas sobre Plus Ultra, las comisiones, Dubái y el dinero que acabó en la empresa de sus hijas.

Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.

Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.