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El genocidio en Gaza no espera, pero el Gobierno español retrasa el embargo de armas a Israel escudándose en excusas burocráticas.
EL TIEMPO DE LAS EXCUSAS
Pedro Sánchez compareció hace nueve días con gesto solemne para anunciar lo que parecía un paso histórico: un embargo total de armas a Israel. Un decreto urgente, dijo, que blindaría jurídicamente el fin de la compraventa de armamento con un Estado acusado de crímenes contra la humanidad. Pero han pasado dos Consejos de Ministros y seguimos sin decreto. La excusa oficial: “motivos técnicos”.
El eufemismo encubre lo que huele a cálculo político y a resistencia de ministerios poco dispuestos a romper contratos millonarios. El retraso llega justo cuando la Comisión de Investigación de la ONU ha concluido, en un informe de 72 páginas, que Israel comete genocidio en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. El texto detalla asesinatos sistemáticos, daños corporales y mentales graves, condiciones de vida impuestas para provocar destrucción y medidas destinadas a impedir nacimientos. Cuatro de los cinco criterios que definen el crimen de genocidio según la Convención de 1948.
En paralelo, el Gobierno ha tenido tiempo para cancelar dos contratos concretos (lanzacohetes Silam y misiles Spike L.R.) por valor de 1.000 millones de euros. Una maniobra mínima frente a un comercio armamentístico que ha hecho de España el país de la UE que más armas ha comprado a Israel en los últimos meses. El Ejecutivo habla de una “paralización absoluta” que llegará cuando el decreto se apruebe. Pero no hay genocidio que pueda esperar a los plazos administrativos de Moncloa.
ENTRE LA CALLE Y EL CINISMO PARLAMENTARIO
Mientras la maquinaria burocrática justifica su lentitud, la calle en España ha dicho basta. Cien mil personas paralizaron Madrid el 14 de septiembre, interrumpiendo la Vuelta Ciclista para recordar a las decenas de miles de palestinos asesinados. La presión popular ha forzado incluso que RTVE confirme que España no participará en Eurovisión si Israel sigue en la competición. La sociedad civil ha ido por delante de las instituciones, como tantas veces.
Pero el retraso del embargo ha encendido a los socios de Gobierno. Sumar acusa al PSOE de “incumplimiento flagrante” y amenaza con ausentarse del próximo Consejo de Ministros. IU, Compromís y Catalunya en Comú denuncian las “excusas” de Moncloa y exigen ceses si hay resistencia interna. El malestar es evidente: las fuerzas que sostienen al Gobierno temen que detrás del lenguaje técnico haya intereses económicos y presiones externas.
Al otro lado, la derecha desata su habitual retórica cínica. Isabel Díaz Ayuso comparó las protestas pacíficas con la guerra de Sarajevo, y la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, calificó a las y los manifestantes de “violentos” y acusó al Ejecutivo de promover boicots “propios de regímenes autoritarios”. El PP se enreda en la equidistancia: incapaz de condenar el genocidio y presto a criminalizar a quienes lo denuncian. Como dijo Pilar Alegría, sus silencios y comparaciones odiosas les perseguirán el resto de su vida política.
España ya sancionó a los ultras israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pero sigue atrapada en su contradicción: proclamar compromisos solemnes mientras mantiene la alfombra roja a la industria militar israelí. La ONU lo ha dicho sin rodeos: los Estados deben actuar para parar el genocidio. No hay margen para semanas de espera ni para debates internos que prioricen contratos sobre vidas humanas.
La maquinaria burocrática puede esperar. Las y los niños de Gaza no.
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