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La derecha y el nacionalismo burgués catalán unen fuerzas para mantener intacta la impunidad en un país con 3.740 casos de corrupción entre 2000 y 2020.
UN MURO LEVANTADO CONTRA EL CONTROL
El Congreso de los Diputados rechazó este 16 de septiembre de 2025 la creación de una agencia estatal anticorrupción. La proposición de ley, impulsada por Sumar y asumida por el Gobierno tras el estallido del ‘caso Koldo’, fue derrotada por 176 votos en contra (PP, Vox y Junts) frente a 170 a favor y una abstención.
El argumento de los conservadores y ultraderechistas resultó previsible: acusar al PSOE y a sus socios de hipocresía mientras esquivan cualquier mecanismo independiente que pudiera fiscalizar sus negocios y sus redes clientelares.
El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, recordó en tribuna que el PP acaparó el 40,5% de los procedimientos de corrupción en las últimas dos décadas. Hablamos de una lacra con 3.740 casos registrados entre 2000 y 2020, según datos oficiales, que arruinó la confianza en las instituciones y convirtió a España en un laboratorio de saqueo sistemático de lo público.
Lejos de entrar en el fondo, el PP se limitó a culpar al PSOE de querer tapar sus propios escándalos. Vox, por su parte, calificó la iniciativa de “blanqueo”. Y Junts, envuelto en el recuerdo eterno del 3%, se parapetó en la excusa de las competencias autonómicas para votar con la derecha.
Lo que se rechazó no fue solo un proyecto técnico, sino la posibilidad de que una autoridad independiente pudiera investigar, sancionar y vetar a empresas que utilizan las instituciones para enriquecerse. El texto contemplaba multas de hasta un millón de euros a compañías implicadas en casos graves y la prohibición de contratarlas con la administración durante tres años. También incluía sanciones de hasta 400.000 euros para personas físicas, y vetos a subvenciones o beneficios fiscales.
En definitiva, un mecanismo para pinchar la burbuja de la impunidad. Y fue tumbado con una precisión aritmética que delata intereses compartidos.
EL RÉGIMEN Y SUS CÓMPLICES
El debate parlamentario dejó claro que el problema trasciende la propuesta concreta. Desde Podemos y EH Bildu se subrayó que “la corrupción es sistémica” y que ninguna oficina bastará si no se rompen las puertas giratorias y el bipartidismo de favores. ERC acusó a Junts de ser portavoz de la patronal catalana y de encarnar la degeneración de la política en gestoría de élites.
La defensa socialista se centró en remarcar que, a diferencia del PP, ellos expulsan a los corruptos. Pero el propio ‘caso Koldo’, con el ex número tres Santos Cerdán señalado por mordidas en adjudicaciones, muestra que la podredumbre no entiende de siglas. El PSOE se limita a gestionar el escándalo con rapidez, mientras la derecha lo administra como combustible electoral.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha insistido en la necesidad de organismos independientes, con potestad real para investigar y sancionar. La propuesta rechazada seguía esa línea. La decisión del Congreso, sin embargo, confirma lo evidente: la clase política dominante no quiere controlarse a sí misma. Prefiere mantener un sistema donde la corrupción es un engranaje más de la gobernabilidad.
La ciudadanía sigue viendo cómo se blindan los privilegios. Mientras tanto, se nos pide paciencia, resignación y confianza en unos jueces que rara vez tocan a los grandes nombres. La misma semana en que el pleno rechazaba la oficina anticorrupción, salían nuevas revelaciones de la trama navarra del ‘caso Koldo’. No es casualidad, es método.
El Congreso no tumbó una oficina, tumbó un espejo. Porque la corrupción no es una anomalía en el régimen español, es el régimen mismo.
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