Ayuso convierte el abono transporte en otra frontera contra quienes menos tienen 

La Comunidad de Madrid exige padrón para acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal y deja fuera, sobre todo, a quienes ya viven atrapados entre alquileres abusivos, burocracia y explotación.

EL PADRÓN COMO FILTRO DE CLASE

La escena no necesita demasiada épica. Este lunes 15 de junio, en la estación de Sol, las colas en las oficinas de Metro de Madrid parecían las de cualquier otro día. Gente esperando, personal atendiendo, prisas, calor, rutina. Pero había una novedad que ya estaba funcionando como una cuchilla administrativa: desde ahora, solo podrán solicitar la Tarjeta de Transporte Público Personal, el abono transporte, quienes estén empadronados en Madrid.

Dicho así parece una medida técnica. Una corrección burocrática. Un trámite más en el país de los trámites. Pero no lo es. Es política. Y de la peor. Porque cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decide vincular el acceso al abono transporte al padrón sabe perfectamente a quién golpea. No golpea al rentista. No golpea al especulador. No golpea a quienes tienen varias viviendas vacías. Golpea a estudiantes, a personas trabajadoras que se desplazan desde otras comunidades y, sobre todo, a personas migrantes con más dificultades para empadronarse.

La propia calle lo explica mejor que cualquier gabinete. Cecilia, usuaria del Metro de Madrid, lo resumía en declaraciones a elDiario.es: hay mucha gente que alquila pisos o habitaciones y cuyos arrendadores no quieren empadronarla. Esa es la realidad. No la fantasía administrativa de quien cree que el padrón se consigue como quien saca número en una pescadería. En Madrid hay personas pagando alquileres abusivos, viviendo hacinadas, trabajando y sosteniendo la ciudad, pero sin el papel que ahora Ayuso convierte en pasaporte social.

Camila, peruana, lleva cuatro años en España y sí está empadronada. Pero una familiar que acaba de llegar para estudiar no lo está. Su relato es el retrato de un mercado de vivienda convertido en trampa. Para alquilar una habitación pueden pedirte mensualidades, fianzas y, encima, dinero extra por empadronarte. Camila habla de 400 euros. También cuenta el caso de su prima, a quien le pedían 700 euros más para poder solicitar el padrón. No hablamos de una anécdota. Hablamos de un negocio paralelo levantado sobre la vulnerabilidad.

Y aquí aparece el cinismo de siempre. El PP de Madrid sostiene que la medida no va contra migrantes ni contra ningún colectivo concreto. Claro. Nunca va contra nadie. Solo pasa que siempre acaban pagando los mismos. La norma no dice “migrante”, pero sabe dónde disparar. No dice “pobre”, pero sabe a quién deja fuera. No dice “persona precarizada”, pero la empuja a pagar más por moverse.

Mientras Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla no exigen empadronamiento como Madrid para acceder al descuento del abono transporte, la Comunidad decide levantar una barrera más. Una barrera pequeña para quien tiene vivienda estable, contrato regular y casero decente. Una muralla para quien vive de habitación en habitación, para quien no tiene papeles, para quien trabaja cuidando, limpiando, repartiendo o sobreviviendo en los márgenes de una ciudad que necesita su trabajo pero desprecia sus derechos.

PRIORIDAD NACIONAL CON BILLETE DE METRO

La expresión más brutal la puso Natalia Slepoy, responsable de incidencia de Red Acoge: “No se quiere personas con derechos, sino esclavos sin ningún tipo de reconocimiento”. Duele porque es verdad. El modelo Ayuso necesita mano de obra barata, disponible, silenciosa y disciplinada. Personas que limpien la ciudad, que cuiden a mayores, que sirvan mesas, que repartan comida, que sostengan la economía real. Pero sin molestar. Sin reclamar. Sin existir demasiado.

Red Acoge lo ha definido como un “instrumento de exclusión social”. Y lo es. Porque el padrón no es un premio. Es un derecho. La legislación obliga a los ayuntamientos a empadronar a toda persona que viva en un municipio, sin importar su situación administrativa. Pero en la práctica se ponen obstáculos. Se alarga el proceso. Se exige lo que muchas personas no pueden aportar. Se les condena a una especie de limbo civil. Y luego llega la Comunidad de Madrid y dice: si no constas, no accedes.

La frase es vieja, pero sigue siendo exacta: quien no está registrado, no existe. Y quien no existe no cuenta para las políticas públicas. No cuenta para transporte, vivienda, sanidad o planificación social. Red Acoge recuerda que esto no afecta solo a las personas excluidas, sino al conjunto de la población. Si el censo no refleja quién vive realmente en Madrid, las políticas se diseñan sobre una mentira. Una mentira cómoda para el poder.

Ayuso defendió este lunes 15 de junio que el “contribuyente madrileño” sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público y que hay que pagar nóminas, vehículos y modernizaciones. La música suena razonable hasta que se mira de cerca. Las personas migrantes, incluso en situación irregular, también pagan impuestos indirectos. Pagan IVA cuando compran comida, ropa, productos básicos o billetes. Pagan alquileres inflados que enriquecen a propietarios. Pagan con tiempo, con salud, con miedo. También sostienen la ciudad. Solo que el discurso oficial prefiere tratarlas como una carga.

Rocío y Elizabeth, sentadas bajo los toldos de la Plaza del Sol, lo explicaban sin tecnocracia: “Nosotros también pagamos”. Ambas tienen padrón y papeles, pero el hijo de una de ellas llegará a Madrid en julio para estudiar y se encontrará con la nueva norma. Podrá moverse, sí. Pero pagando billetes de diez viajes una y otra vez. Quien usa mucho el transporte sabe lo que eso significa a final de mes. No es una molestia menor. Es dinero. Es tiempo. Es castigo.

Ayuso ha anunciado ahora “acuerdos” con otras regiones para evitar perjuicios a estudiantes y personas trabajadoras que viven fuera de Madrid. Bien. Parche para quienes resultan políticamente más incómodos de excluir. Pero las personas migrantes siguen donde estaban: atrapadas entre la dificultad de empadronarse y la obligación de demostrar que merecen derechos básicos. La prioridad no es ordenar el transporte. La prioridad es marcar jerarquías. Quién pertenece y quién no. Quién paga menos y quién paga más. Quién tiene derecho a moverse y quién debe pagar peaje por existir.

Algunas personas en la cola aplauden la medida. “Que se empadronen en un sitio, como nos tenemos que empadronar todos”, dicen. Es comprensible que quien nunca ha tenido que pagar 400 euros o 700 euros por un padrón ilegal crea que todo es igual para todo el mundo. Pero no lo es. La igualdad formal, cuando se aplica sobre una desigualdad brutal, se convierte en una forma muy limpia de violencia.

Juan, de Perú, lo dijo con más humanidad que toda la Puerta del Sol institucional. Reconoce que lo han complicado “un poquito más”, aunque espera una salida favorable para quienes también tienen derecho a estar, a vivir, a disfrutar de España. Esa frase debería avergonzar a quienes gobiernan como si una tarjeta de transporte fuera un privilegio aristocrático.

Madrid no está protegiendo el transporte público: está usando el transporte público para fabricar ciudadanía de primera y humanidad de segunda.