Catalá confirma lo que Mazón quería enterrar: la Generalitat dejó solos a los municipios durante la dana 

La primera alcaldesa del PP que declara en la comisión del Congreso desmonta, sin querer decirlo del todo, la coartada oficial: no hubo coordinación, no hubo avisos suficientes y València recibió la información cuando el agua ya estaba encima.

EL CECOPI QUE NO COORDINÓ NADA

La comparecencia de María José Catalá en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana del 29 de octubre de 2024 dejó una imagen incómoda para el PP valenciano. Incómoda y bastante clara. La alcaldesa de València, la primera regidora del Partido Popular que pasa por esa comisión, confirmó con datos lo que las víctimas, los municipios y la propia cronología llevan meses gritando contra el muro de la propaganda: la Generalitat Valenciana no avisó a tiempo a los ayuntamientos.

No lo dijo así, claro. Catalá no fue al Congreso a dinamitar a su partido ni a cargar directamente contra el expresident Carlos Mazón, compañero de siglas y de escaño. Fue con dossier, con papeles, con una intervención medida. Intentó desplazar parte de la responsabilidad hacia organismos estatales, especialmente hacia la Confederación Hidrográfica. Pero los hechos tienen una mala costumbre: hablan incluso cuando quienes comparecen intentan no señalar demasiado.

València fue el tercer municipio con más víctimas mortales. Allí se encontraron 17 personas fallecidas. Y, según el relato de la propia alcaldesa, el Ayuntamiento no tuvo constancia de inundaciones hasta las 20.04 horas, apenas siete minutos antes del envío del Es Alert. El primer aviso llegó por una incidencia a la Policía Local desde la estación de metro de València Sud, en la pedanía de Faitanar. A esa hora, la emergencia ya no era una previsión. Era agua, barro y muerte.

La pregunta que sobrevoló la comisión era brutal por sencilla: por qué el Ayuntamiento no avisó antes a las vecinas y vecinos de las pedanías afectadas. Catalá respondió con otra pregunta: “¿Cómo podíamos avisar a la población si nadie nos avisó de que venía una riada?”. Ahí está la grieta. Ahí se cae el relato. Un municipio no puede proteger a su población si la administración que dirige la emergencia no le comunica el riesgo real.

La Generalitat había activado su maquinaria formal, sí. Existía un Cecopi. Había un 112. Había cargos, reuniones, boletines, sistemas informáticos y toda esa arquitectura administrativa que queda tan bien en los organigramas. Pero cuando llegó la hora decisiva, la información no bajó a quienes tenían que actuar sobre el terreno. O bajó tarde. O bajó mal. Que cada cual elija el matiz. La consecuencia fue la misma.

Catalá explicó que llamó a la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y al secretario autonómico Emilio Argüeso a las 8.56 horas de la mañana. Fue ella quien llamó. No al revés. El Ayuntamiento convocó su Cecopal a las 10.20 horas, apenas siete minutos después de que la Generalitat actualizara la preemergencia y cuando las lluvias ya habían pasado a aviso rojo. Desde las 11.00 horas se celebraron tres reuniones municipales. La última, a las 18.00 horas, quedó activa hasta la noche. A las 13.00 horas, el Cecopal contactó con el 112 para preguntar por las previsiones.

Todo suena a un ayuntamiento intentando enterarse. No a un sistema autonómico dirigiendo una emergencia.

CUANDO EL AVISO LLEGA DESPUÉS DEL DESASTRE

La escena de València Sud resume la obscenidad del fallo institucional. A las 20.04 horas entra la primera incidencia por inundación. En esa misma estación quedaron encerrados el secretario autonómico de Infraestructuras y personal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ese cargo llamó a Mazón a las 19.34 horas. La información circuló por el grupo de WhatsApp del Consell a través del conseller Vicente Martínez Mus. Mientras tanto, Policía Local y bomberos avanzaban como podían hacia el centro de mando de Metrovalencia. Al llegar, vieron el agua desbordada. No un riesgo futuro. El desastre presente.

Desde ahí decidieron instalar un puesto de mando avanzado en el puente de La Torre. Casi quedaron aislados por la noche. Esa es la diferencia entre gestionar una emergencia y perseguirla por detrás. La administración autonómica no anticipó el golpe: lo fue descubriendo cuando ya estaba golpeando.

Hay otro dato especialmente grave. A las 12.20 horas, València recibió una comunicación de la Generalitat sobre una alerta hidrológica del barranco del Poyo. En ese documento se indicaba que la Confederación Hidrográfica y el organismo autonómico mantenían el seguimiento del caudal para informar de cualquier riesgo. Según Catalá, al Ayuntamiento no llegó ninguna comunicación posterior de riesgo en base a esa alerta. Ninguna. El barranco del Poyo terminó arrasando media provincia, pero la capital no recibió una advertencia útil a tiempo.

La alcaldesa también dejó otro elemento demoledor: el Ayuntamiento no fue incorporado al CordCom, el sistema informático empleado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, hasta el 30 de octubre a las 16.00 horas. Es decir, al día siguiente. Cuando las víctimas ya estaban ahí. Cuando el barro ya había entrado en casas, garajes, calles y vidas. La coordinación digital llegó cuando la emergencia ya era recuento de daños.

Catalá insistió en que el plan municipal de inundaciones estaba desactualizado y que las tres pedanías afectadas no aparecían como zona sensible por el desbordamiento del barranco del Poyo. “Va a los arrozales”, dijo sobre la previsión del plan. Después añadió una frase que, sin pretenderlo, golpea también a la Generalitat: “Si la planificación de la Generalitat era como la del Ayuntamiento, esas tres pedanías no estaban declaradas inundables”. Dicho de otra forma: el sistema no solo falló en la reacción. También venía fallando antes.

El PP intenta sobrevivir políticamente a la dana levantando una nube de culpables externos. Confederación, Gobierno central, meteorología, mapas, técnicos, informes. Todo menos mirar de frente al mando autonómico de la emergencia. Pero cada comparecencia añade otra pieza a la misma imagen: municipios actuando a ciegas, llamadas que salen desde abajo hacia arriba, boletines que llegan tarde y una Generalitat incapaz de convertir la información en protección.

Según la memoria del Cecopal, Emergencias de la Generalitat informó por primera vez de un caudal que podía afectar a València capital a las 23.47 horas del 29 de octubre de 2024. El aviso era sobre el Túria. Para entonces, el agua y el fango del barranco del Poyo ya habían arrasado media provincia.

No fue mala suerte. Fue una administración llegando tarde al lugar donde ya estaban muriendo sus vecinas y vecinos.