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El Consell borra en solo 15 días las imágenes del Palau de la Generalitat del 29 de octubre, mientras Compromís y PSPV exigían saber dónde estaba el president en plena emergencia
BORRAR PRUEBAS NO ES TRANSPARENCIA
Ni fue un despiste, ni una casualidad. La Generalitat Valenciana ha reconocido que destruyó las grabaciones de videovigilancia del Palau correspondientes al 29 de octubre de 2024, el mismo día en que una DANA dejó más de 200 personas afectadas en València. Las imágenes fueron eliminadas en solo 15 días, pese a que la ley permite conservarlas hasta un mes y prevé excepciones claras si hay indicios de infracción o se solicita en el marco de una investigación.
Compromís y PSPV pidieron formalmente estas imágenes para esclarecer el paradero de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, durante las horas más críticas. No era la primera vez que exigían claridad. Ya habían reclamado su agenda, los registros de llamadas y los desplazamientos oficiales, sin obtener respuesta. Ante la presión política, el Consell decidió destruir las únicas pruebas objetivas que podrían confirmar si Mazón estaba o no donde debía.
En rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo, el Gobierno valenciano se amparó en la Ley Orgánica 4/1997 para justificar el borrado. La norma establece que las grabaciones de cámaras instaladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben eliminarse en un plazo máximo de un mes, salvo si están relacionadas con infracciones penales o administrativas graves, con investigaciones policiales en curso o con procedimientos judiciales abiertos. Ninguno de estos escenarios se aplicó porque la Generalitat no colaboró para que se aplicaran.
Presidencia de la Generalitat alega que el sistema de seguridad del Palau solo conserva las imágenes 15 días. Un informe de la comisaria responsable lo confirma. Pero el margen legal de 30 días no es una recomendación: es una posibilidad que se niegan a ejercer cuando afecta a sus propios intereses.
NI RASTRO DE MAZÓN MIENTRAS LA GENTE SE AHOGABA
Ese 29 de octubre, la emergencia por lluvias torrenciales colapsó parte de València. Barrios anegados, servicios desbordados, desplazamientos imposibles. Mientras tanto, el paradero de Carlos Mazón fue un misterio durante horas. La Generalitat no facilitó información hasta que, a las 20:28 horas, difundió una foto suya llegando al Cecopi (Centro de Coordinación de Emergencias), según reveló eldiario.es.
¿Por qué se difundió esa imagen y no las del Palau? Porque, según Presidencia, el Cecopi está considerado infraestructura crítica y se rige por otra regulación. ¿Cuál? No lo concretan. Solo prometen que ese material podría conservarse más tiempo. Pero siguen sin entregarlo, alegando que han pedido una “prórroga” para responder. La justicia, mientras tanto, ni está ni se le espera.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado de “inaceptable” este nuevo intento de bloquear información pública. José Muñoz (PSPV) ha ido más allá: “Mazón destruye pruebas a martillazos”. La frase no es una metáfora. Es una constatación política. El president desaparece en plena catástrofe y su gobierno se encarga de borrar los únicos datos verificables de su rastro.
La Generalitat intenta justificarse citando antecedentes. En una respuesta parlamentaria del anterior Govern del Botànic, también se explicaba que las imágenes del Palau se eliminaban pasado un mes, según la ley de protección de datos. Pero ahora no pasaron 30 días. Solo 15. Y había una solicitud formal de información sobre un episodio de posible negligencia institucional.
Lo grave no es solo lo que esconden. Es que mientras borran pruebas, siguen sin explicar qué hizo Mazón durante esas horas, qué decisiones tomó, con quién habló y por qué la alerta a la población se retrasó. Todo apunta a una gestión opaca y cobarde de una crisis meteorológica que puso en peligro cientos de vidas.
La transparencia no es un PDF sin contenido. Es rendir cuentas cuando la ciudadanía exige saber.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.
«Yo no he sido»..