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El Consell borra en solo 15 días las imágenes del Palau de la Generalitat del 29 de octubre, mientras Compromís y PSPV exigían saber dónde estaba el president en plena emergencia
BORRAR PRUEBAS NO ES TRANSPARENCIA
Ni fue un despiste, ni una casualidad. La Generalitat Valenciana ha reconocido que destruyó las grabaciones de videovigilancia del Palau correspondientes al 29 de octubre de 2024, el mismo día en que una DANA dejó más de 200 personas afectadas en València. Las imágenes fueron eliminadas en solo 15 días, pese a que la ley permite conservarlas hasta un mes y prevé excepciones claras si hay indicios de infracción o se solicita en el marco de una investigación.
Compromís y PSPV pidieron formalmente estas imágenes para esclarecer el paradero de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, durante las horas más críticas. No era la primera vez que exigían claridad. Ya habían reclamado su agenda, los registros de llamadas y los desplazamientos oficiales, sin obtener respuesta. Ante la presión política, el Consell decidió destruir las únicas pruebas objetivas que podrían confirmar si Mazón estaba o no donde debía.
En rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo, el Gobierno valenciano se amparó en la Ley Orgánica 4/1997 para justificar el borrado. La norma establece que las grabaciones de cámaras instaladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben eliminarse en un plazo máximo de un mes, salvo si están relacionadas con infracciones penales o administrativas graves, con investigaciones policiales en curso o con procedimientos judiciales abiertos. Ninguno de estos escenarios se aplicó porque la Generalitat no colaboró para que se aplicaran.
Presidencia de la Generalitat alega que el sistema de seguridad del Palau solo conserva las imágenes 15 días. Un informe de la comisaria responsable lo confirma. Pero el margen legal de 30 días no es una recomendación: es una posibilidad que se niegan a ejercer cuando afecta a sus propios intereses.
NI RASTRO DE MAZÓN MIENTRAS LA GENTE SE AHOGABA
Ese 29 de octubre, la emergencia por lluvias torrenciales colapsó parte de València. Barrios anegados, servicios desbordados, desplazamientos imposibles. Mientras tanto, el paradero de Carlos Mazón fue un misterio durante horas. La Generalitat no facilitó información hasta que, a las 20:28 horas, difundió una foto suya llegando al Cecopi (Centro de Coordinación de Emergencias), según reveló eldiario.es.
¿Por qué se difundió esa imagen y no las del Palau? Porque, según Presidencia, el Cecopi está considerado infraestructura crítica y se rige por otra regulación. ¿Cuál? No lo concretan. Solo prometen que ese material podría conservarse más tiempo. Pero siguen sin entregarlo, alegando que han pedido una “prórroga” para responder. La justicia, mientras tanto, ni está ni se le espera.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado de “inaceptable” este nuevo intento de bloquear información pública. José Muñoz (PSPV) ha ido más allá: “Mazón destruye pruebas a martillazos”. La frase no es una metáfora. Es una constatación política. El president desaparece en plena catástrofe y su gobierno se encarga de borrar los únicos datos verificables de su rastro.
La Generalitat intenta justificarse citando antecedentes. En una respuesta parlamentaria del anterior Govern del Botànic, también se explicaba que las imágenes del Palau se eliminaban pasado un mes, según la ley de protección de datos. Pero ahora no pasaron 30 días. Solo 15. Y había una solicitud formal de información sobre un episodio de posible negligencia institucional.
Lo grave no es solo lo que esconden. Es que mientras borran pruebas, siguen sin explicar qué hizo Mazón durante esas horas, qué decisiones tomó, con quién habló y por qué la alerta a la población se retrasó. Todo apunta a una gestión opaca y cobarde de una crisis meteorológica que puso en peligro cientos de vidas.
La transparencia no es un PDF sin contenido. Es rendir cuentas cuando la ciudadanía exige saber.
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