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Es necesario que se refuercen los mecanismos de control y supervisión de la gestión pública y que se tomen medidas efectivas contra aquellos que incumplen la ley.
El exvicealcalde de Lorca, Francisco Morales, ha sido cesado de su cargo por presuntas irregularidades detectadas por los servicios municipales en la contratación de un acto promocional de la Semana Santa que iba a celebrarse en Madrid.
Tras negarse a abandonar su despacho, se ha atrincherado en el edificio y ha puesto en riesgo la destrucción de documentos oficiales. Morales ha sido relevado de todas sus competencias en las áreas de Economía, Industria, Turismo, Comercio y Empresas Municipales y ha sido expulsado del equipo de Gobierno de coalición.
Las presuntas irregularidades en la contratación de un evento para la promoción de la Semana Santa en Madrid, que iba a costar más de 73.000 euros, han sido el motivo principal de su cese. La intervención y asesoría jurídica municipal detectaron anomalías y decidieron suspender el evento en el último momento. Las “escasas explicaciones” de Morales y la constatación de la organización de un congreso sobre un músico local con “los mismos errores administrativos” por importe de 60.000 euros han precipitado su expulsión del Ejecutivo.
El exvicealcalde ha tenido una actitud desafiante y ha puesto en riesgo la integridad de documentos oficiales. Además, ha generado un clima de tensión en el Ayuntamiento que ha llevado a que personal del equipo de Morales solicitara una ambulancia para atenderlo de una crisis nerviosa. Finalmente, se entregó a las autoridades.
Morales tuvo un papel clave en la gobernabilidad de Lorca en 2019 cuando su acta de concejal fue clave en el desempate entre PP y PSOE, que obtuvieron diez ediles cada uno en las elecciones, junto a los dos de IU y a los dos de Vox en una corporación de 25 ediles. Horas antes de la sesión de investidura, pactó el gobierno con el PSOE y Mateos fue aupado a la alcaldía con el voto de Cs y los de IU, aunque solo Morales entró al equipo de Gobierno.
La detección de irregularidades y la actuación rápida y eficaz de las autoridades han evitado que se lleve a cabo un evento que no cumplía con los requisitos legales y han permitido cesar a un cargo público que ha incumplido su deber de actuar con transparencia y legalidad en la gestión de los recursos públicos.
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