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Cuando el Estado protege la propiedad y abandona la vida
Esta semana un hombre de más de ochenta años se pegó un tiro mientras lo desahuciaban en Torremolinos. No fue un accidente. No fue una tragedia privada. Fue una consecuencia directa de una política pública. Murió porque el Estado decidió enviar a la policía en lugar de una alternativa habitacional. Murió porque la propiedad sigue valiendo más que la vida.
Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda celebraba en redes su nuevo vídeo institucional sobre el artículo 47 de la Constitución. Ese que dice que “todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. El vídeo es una pieza de autopromoción: estética amable, mensaje inspirador, final con esperanza. Pero fuera de la pantalla no hay ficción, hay negocio. Lo que el Gobierno llama derecho, el mercado llama oportunidad.
Los fondos buitre compran edificios enteros mientras Isabel Rodríguez se graba en platós celebrando campañas de comunicación. Las plataformas turísticas como AirBnB convierten los barrios obreros en parques temáticos para turistas con euros. Y miles de familias viven con miedo al timbre de la mañana, porque el sonido que debería anunciar el cartero puede ser el preludio de un desahucio.
En los barrios obreros de todo el país lo saben. Son ellos y ellas quienes siguen organizándose, resistiendo, interponiéndose entre los antidisturbios y las puertas. El Gobierno llama a eso “problemas de convivencia”; ellos lo llaman sobrevivir.
No hay parque público suficiente. No hay topes reales al alquiler. No hay justicia social que compense una economía construida sobre la especulación. Lo que sí hay son pelotazos urbanísticos, fondos de inversión extranjeros, alquileres imposibles y una ministra que habla de dignidad desde el despacho mientras las y los pensionistas se juegan la vida por no perder su casa.
Porque cada vez que se ejecuta un desahucio, no se trata de un fracaso administrativo, sino de una decisión política. Cada vez que una persona se suicida porque no puede pagar el alquiler, no estamos ante una noticia local, sino ante una evidencia estructural. Y cada vez que un Gobierno se atreve a hablar de vivienda como si fuera un tema de imagen y no de justicia, está construyendo su relato sobre cadáveres invisibles.
En España hay más viviendas vacías que personas sin hogar. Pero ninguna campaña institucional puede maquillar que las llaves del país están en manos de los fondos y no de sus habitantes. La ministra puede grabar todos los vídeos que quiera, pero mientras la vivienda siga tratándose como un negocio, no habrá derecho, solo mercado.
Y cada desahucio, cada suicidio, cada cuerpo desalojado no será una anécdota estadística ni un drama individual.
Será, sin matices, un crimen de Estado.
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