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Cuando el Estado protege la propiedad y abandona la vida
Esta semana un hombre de más de ochenta años se pegó un tiro mientras lo desahuciaban en Torremolinos. No fue un accidente. No fue una tragedia privada. Fue una consecuencia directa de una política pública. Murió porque el Estado decidió enviar a la policía en lugar de una alternativa habitacional. Murió porque la propiedad sigue valiendo más que la vida.
Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda celebraba en redes su nuevo vídeo institucional sobre el artículo 47 de la Constitución. Ese que dice que “todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. El vídeo es una pieza de autopromoción: estética amable, mensaje inspirador, final con esperanza. Pero fuera de la pantalla no hay ficción, hay negocio. Lo que el Gobierno llama derecho, el mercado llama oportunidad.
Los fondos buitre compran edificios enteros mientras Isabel Rodríguez se graba en platós celebrando campañas de comunicación. Las plataformas turísticas como AirBnB convierten los barrios obreros en parques temáticos para turistas con euros. Y miles de familias viven con miedo al timbre de la mañana, porque el sonido que debería anunciar el cartero puede ser el preludio de un desahucio.
En los barrios obreros de todo el país lo saben. Son ellos y ellas quienes siguen organizándose, resistiendo, interponiéndose entre los antidisturbios y las puertas. El Gobierno llama a eso “problemas de convivencia”; ellos lo llaman sobrevivir.
No hay parque público suficiente. No hay topes reales al alquiler. No hay justicia social que compense una economía construida sobre la especulación. Lo que sí hay son pelotazos urbanísticos, fondos de inversión extranjeros, alquileres imposibles y una ministra que habla de dignidad desde el despacho mientras las y los pensionistas se juegan la vida por no perder su casa.
Porque cada vez que se ejecuta un desahucio, no se trata de un fracaso administrativo, sino de una decisión política. Cada vez que una persona se suicida porque no puede pagar el alquiler, no estamos ante una noticia local, sino ante una evidencia estructural. Y cada vez que un Gobierno se atreve a hablar de vivienda como si fuera un tema de imagen y no de justicia, está construyendo su relato sobre cadáveres invisibles.
En España hay más viviendas vacías que personas sin hogar. Pero ninguna campaña institucional puede maquillar que las llaves del país están en manos de los fondos y no de sus habitantes. La ministra puede grabar todos los vídeos que quiera, pero mientras la vivienda siga tratándose como un negocio, no habrá derecho, solo mercado.
Y cada desahucio, cada suicidio, cada cuerpo desalojado no será una anécdota estadística ni un drama individual.
Será, sin matices, un crimen de Estado.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete el tecnofascismo en Defensa
Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.