Moreno Bonilla y el comienzo del fin: ya hay un alto cargo imputado por el saqueo de la sanidad pública 

Mientras el Gobierno andaluz troceaba contratos para enriquecer a clínicas privadas, miles de personas salían a la calle gritando que la salud no se vende.

IMPUTACIONES, CONTRATOS TROCEADOS Y 235 MILLONES EN JUEGO

El 28 de abril declarará como imputado el director económico de la Central Provincial de Compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Demetrio González. Así lo ha ordenado la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz tras corroborar que el fraccionamiento de contratos públicos en la provincia —por valor de 235 millones de euros— podría constituir un delito de malversación de caudales públicos. La investigación parte de un informe demoledor de la Intervención General de la Junta, cuyos responsables ratificaron punto por punto ante la jueza la semana pasada.

Se ha producido un abuso sistemático de los contratos menores para sortear la ley de contratación pública, una práctica que ha permitido desviar ingentes recursos del erario hacia clínicas privadas entre 2020 y 2024. El informe de la Intervención del SAS en Cádiz no deja espacio para la duda: se analizaron 175 expedientes de contratación por valor de 235.000 euros y se detectaron anomalías en el 100 % de los casos.

El caso forma parte de una trama mucho más amplia. En 2021, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla adjudicó a dedo 1.225 millones de euros mediante el mismo procedimiento: contratos troceados en las ocho provincias andaluzas, en claro fraude de ley. Cádiz no es un caso aislado. Es una muestra más del deterioro deliberado de lo público para abrir la puerta a negocios privados.

El fraccionamiento masivo de contratos sirvió como ariete privatizador en plena pandemia, pero las adjudicaciones continuaron incluso cuando el marco de emergencia ya había sido derogado. Así lo investiga también un juzgado de Sevilla en una causa paralela por prevaricación que implica a tres exgerentes del SAS y a la actual directora del ente.

La Junta, lejos de combatir la corrupción interna, se ha negado a personarse en la causa de Sevilla. Sin embargo, ha sido obligada por la jueza de Cádiz a comparecer en la investigación como responsable civil subsidiaria del presunto delito de malversación.

EL NEGOCIO DE LA ENFERMEDAD: POLÍTICAS DE DESMANTELAMIENTO

La sanidad pública en Andalucía no se muere: la están matando. Y lo hacen desde los despachos. Las y los profesionales sanitarios lo llevan años denunciando: recortes, sobrecarga asistencial, precariedad y una transferencia de fondos públicos sin control hacia empresas privadas. No se trata de errores administrativos. Es una estrategia de desmantelamiento, diseñada para convertir cada dolencia en una oportunidad de negocio.

El pasado sábado, miles de personas se manifestaron en Sevilla y otras ciudades andaluzas. Personal médico, pacientes, vecinas y vecinos tomaron las calles para recordar que «la salud no es un negocio». Lo hicieron mientras se conocía que las adjudicaciones fraudulentas en Cádiz suman más de 135.000 facturas al año y que detrás de ellas está un sistema de compras diseñado a medida de las clínicas privadas.

El caso de Cádiz no es el único que salpica al Ejecutivo de Moreno. La nueva directora general de Gestión Económica y Servicios del SAS, Amparo Simón, ocupaba el mismo cargo en Córdoba que hoy está bajo sospecha. Su predecesor, José Antonio Miranda, histórico del PP andaluz, ha sido el arquitecto financiero de las contrataciones del SAS durante los dos mandatos de Moreno. Ninguno de ellos ha asumido responsabilidad alguna.

Mientras tanto, el deterioro sanitario es visible en cada centro de salud cerrado, cada urgencia colapsada, cada espera de seis meses para una prueba. Pero también en cada contrato a dedo, cada factura encadenada, cada cargo blindado.

El modelo sanitario de Moreno Bonilla no es ineficiente: es rentable para unos pocos.

Este proceso judicial marca un antes y un después. Porque ya hay imputaciones formales, porque se han acreditado millones en contratos en fraude, y porque ya no es una denuncia política: es un procedimiento penal con consecuencias. Y porque ya no cuela el discurso de la «eficiencia» privada. El verdadero plan ha quedado al desnudo: una transferencia sistemática de dinero público al capital privado bajo el paraguas de la gestión sanitaria.

La sanidad no se vende. Se defiende. Y cuando el saqueo está documentado, cuando los nombres aparecen en el auto judicial, cuando los millones se cuentan con cifras exactas, lo que queda es actuar. Y señalar. Y exigir responsabilidades.