Una trama de contratos fraccionados y adjudicaciones a dedo que pone en jaque al Gobierno de Ayuso.
UN SISTEMA CORRUPTO INSTITUCIONALIZADO DESDE EL GOBIERNO
La Comunidad de Madrid se encuentra sumida en un escándalo de proporciones alarmantes que revela la podredumbre en la gestión de los fondos públicos destinados a la educación. Entre 2021 y 2023, bajo la batuta de Enrique Ossorio en la Consejería de Educación, se orquestó un sistema ilegal de contratación que consistía en fraccionar contratos millonarios para adjudicarlos a dedo, eludiendo así los concursos públicos y los controles pertinentes. Esta práctica, que viola flagrantemente la Ley de Contratos del Sector Público, permitió que obras de gran envergadura en institutos de Formación Profesional se disfrazaran como contratos menores, evitando la fiscalización y favoreciendo a empresas afines.
La Fiscalía ha calificado estas acciones como una «grosera y palmaria omisión del procedimiento», señalando la existencia de una «actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva» . El epicentro de esta trama se sitúa en la Consejería de Educación, liderada entonces por Ossorio y su viceconsejera Rocío Albert, actual consejera de Economía y Hacienda. Ambos han sido señalados por su responsabilidad en la autorización de estos procedimientos fraudulentos.
El modus operandi era sencillo pero efectivo: se fraccionaban las obras en contratos menores, cada uno por debajo de los 40.000 euros, límite establecido para evitar la licitación pública. De esta manera, se adjudicaban directamente a empresas como el grupo Virelec, que recibió más de tres millones de euros en contratos entre 2021 y 2023 . Esta estrategia permitió eludir los principios de transparencia y competencia, pilares fundamentales en la gestión de recursos públicos.
EL SILENCIO CÓMPLICE Y LA CADENA DE RESPONSABILIDADES
La respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido intentar desmarcarse de las irregularidades, presentándose como víctima y solicitando personarse como acusación particular en la causa. Sin embargo, la jueza ha rechazado esta petición, argumentando que la Comunidad de Madrid forma parte de lo investigado y no puede considerarse perjudicada . Este intento de lavar su imagen es una burda maniobra para desviar la atención de la responsabilidad política que recae directamente sobre Ayuso y su equipo.
Las declaraciones de Alfonso Mateos, exsubdirector general de Centros de Formación Profesional, han sido contundentes: este sistema irregular de contratación se venía utilizando «desde siempre» y era promovido desde la propia Consejería . Esto evidencia que no se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática y consentida por las más altas esferas del Gobierno regional.
La implicación de Ossorio y Albert es ineludible. Ambos, en sus respectivas posiciones de poder, autorizaron y supervisaron estos procedimientos irregulares. La cadena de mando y las responsabilidades están claras, y es imperativo que se depuren y se asuman las consecuencias legales y políticas correspondientes.
Este escándalo no solo pone en entredicho la gestión de los fondos públicos, sino que también refleja una actitud de desprecio hacia la educación y el bienestar de las y los estudiantes madrileños. Mientras se desvían millones de euros en prácticas corruptas, las necesidades reales de los centros educativos quedan desatendidas, perpetuando la precariedad y la desigualdad en el sistema educativo.
La ciudadanía no puede permanecer impasible ante este atropello. Es necesario exigir transparencia, rendición de cuentas y la dimisión de quienes, desde sus posiciones de poder, han permitido y fomentado este saqueo de los recursos públicos. La educación es un pilar fundamental de nuestra sociedad, y su gestión no puede quedar en manos de quienes la utilizan como moneda de cambio para sus intereses espurios.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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