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Una trama de contratos fraccionados y adjudicaciones a dedo que pone en jaque al Gobierno de Ayuso.
UN SISTEMA CORRUPTO INSTITUCIONALIZADO DESDE EL GOBIERNO
La Comunidad de Madrid se encuentra sumida en un escándalo de proporciones alarmantes que revela la podredumbre en la gestión de los fondos públicos destinados a la educación. Entre 2021 y 2023, bajo la batuta de Enrique Ossorio en la Consejería de Educación, se orquestó un sistema ilegal de contratación que consistía en fraccionar contratos millonarios para adjudicarlos a dedo, eludiendo así los concursos públicos y los controles pertinentes. Esta práctica, que viola flagrantemente la Ley de Contratos del Sector Público, permitió que obras de gran envergadura en institutos de Formación Profesional se disfrazaran como contratos menores, evitando la fiscalización y favoreciendo a empresas afines.
La Fiscalía ha calificado estas acciones como una «grosera y palmaria omisión del procedimiento», señalando la existencia de una «actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva» . El epicentro de esta trama se sitúa en la Consejería de Educación, liderada entonces por Ossorio y su viceconsejera Rocío Albert, actual consejera de Economía y Hacienda. Ambos han sido señalados por su responsabilidad en la autorización de estos procedimientos fraudulentos.
El modus operandi era sencillo pero efectivo: se fraccionaban las obras en contratos menores, cada uno por debajo de los 40.000 euros, límite establecido para evitar la licitación pública. De esta manera, se adjudicaban directamente a empresas como el grupo Virelec, que recibió más de tres millones de euros en contratos entre 2021 y 2023 . Esta estrategia permitió eludir los principios de transparencia y competencia, pilares fundamentales en la gestión de recursos públicos.
EL SILENCIO CÓMPLICE Y LA CADENA DE RESPONSABILIDADES
La respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido intentar desmarcarse de las irregularidades, presentándose como víctima y solicitando personarse como acusación particular en la causa. Sin embargo, la jueza ha rechazado esta petición, argumentando que la Comunidad de Madrid forma parte de lo investigado y no puede considerarse perjudicada . Este intento de lavar su imagen es una burda maniobra para desviar la atención de la responsabilidad política que recae directamente sobre Ayuso y su equipo.
Las declaraciones de Alfonso Mateos, exsubdirector general de Centros de Formación Profesional, han sido contundentes: este sistema irregular de contratación se venía utilizando «desde siempre» y era promovido desde la propia Consejería . Esto evidencia que no se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática y consentida por las más altas esferas del Gobierno regional.
La implicación de Ossorio y Albert es ineludible. Ambos, en sus respectivas posiciones de poder, autorizaron y supervisaron estos procedimientos irregulares. La cadena de mando y las responsabilidades están claras, y es imperativo que se depuren y se asuman las consecuencias legales y políticas correspondientes.
Este escándalo no solo pone en entredicho la gestión de los fondos públicos, sino que también refleja una actitud de desprecio hacia la educación y el bienestar de las y los estudiantes madrileños. Mientras se desvían millones de euros en prácticas corruptas, las necesidades reales de los centros educativos quedan desatendidas, perpetuando la precariedad y la desigualdad en el sistema educativo.
La ciudadanía no puede permanecer impasible ante este atropello. Es necesario exigir transparencia, rendición de cuentas y la dimisión de quienes, desde sus posiciones de poder, han permitido y fomentado este saqueo de los recursos públicos. La educación es un pilar fundamental de nuestra sociedad, y su gestión no puede quedar en manos de quienes la utilizan como moneda de cambio para sus intereses espurios.
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