Almeida prepara el terreno para legalizar más de 15.000 pisos turísticos ilegales usando un estudio a medida 

Un informe pagado con dinero público blanquea la especulación inmobiliaria con datos manipulados y una muestra ridícula

UN ESTUDIO A MEDIDA PARA LAVAR LA CARA A LA ILEGALIDAD

87.900 euros. Esa es la cifra exacta que el Ayuntamiento de Madrid ha pagado para legitimar lo que no debería ser legalizable: la invasión de pisos turísticos ilegales que está destrozando los barrios populares de la capital. El encargo lo firmó el exdelegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Ciudadanos), y la ejecución recayó en la Universidad Rey Juan Carlos. La elección de esta institución, salpicada en el pasado por escándalos de dudosa ética académica, tampoco parece casual.

El informe se elaboró en 2022, se terminó en marzo de 2023, pero ha permanecido enterrado en un cajón más de un año. Fue presentado sin ruido el 20 de marzo de 2025, justo cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, busca sacar adelante el llamado plan Reside. Este plan, que supuestamente endurecería las licencias de nuevos alojamientos, no pone el foco donde debería: en cerrar los más de 15.000 pisos turísticos que operan sin ningún tipo de licencia en la ciudad.

El documento, más panfletario que académico, no aborda ni una sola medida para frenar la especulación ni el aumento del precio de la vivienda causado por la turistificación. En lugar de eso, se dedica a describir el “confort” de las viviendas, la “amabilidad” de los propietarios y la “oferta cultural” del entorno. Un relato amable, perfectamente adaptado a los intereses del lobby promotor, mayoritario en el Observatorio de la Vivienda, órgano municipal desde el que se encargó este informe.

Este Observatorio, más próximo a una oficina de relaciones públicas de Asprima (la patronal inmobiliaria) que a un organismo público, incluye en su consejo a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Concovi, Andimat, Anerr y otras entidades vinculadas al negocio del ladrillo. Aunque hay presencia de asociaciones vecinales y partidos de la oposición, la mayoría de los puestos con capacidad real de decisión están en manos del sector inmobiliario y del gobierno municipal.

UN INFORME TRAMPOSO PARA BLANQUEAR UNA AMNISTÍA EN CIERNE

La trampa está servida. El estudio solo analiza 94 pisos de los más de 17.000 que hay en Madrid. De ellos, solo visitaron 40. Una muestra que representa menos del 0,5 % del total. Con esa base, pretenden sostener que los pisos turísticos apenas tienen impacto en el acceso a la vivienda. No se especifica ni el equipo redactor ni la fecha exacta de los trabajos. Tampoco se calcula el margen de error. Una chapuza metodológica tan burda que ni siquiera la justificaría un trabajo de fin de grado.

Lo que sí queda claro es que este informe está pensado para preparar el terreno a una amnistía masiva para más de 15.200 alojamientos ilegales. Así lo ha denunciado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ya ha anunciado que su grupo denunciará al Ayuntamiento por “consentimiento deliberado” de la ilegalidad. “Sabemos dónde están esos pisos. Sus direcciones están recogidas en el informe del Ministerio de Consumo. Almeida podría cerrarlos mañana si quisiera”, ha declarado Maestre, dejando caer la posibilidad de que el alcalde esté prevaricando.

El estudio ni menciona la gentrificación, ni revisa lo que están haciendo otras ciudades como Barcelona, Berlín o Ámsterdam, donde sí se ha limitado e incluso prohibido esta actividad para proteger el derecho a la vivienda. El informe no es un análisis urbano, sino una herramienta propagandística que sirve a los intereses de quienes se lucran vaciando barrios y expulsando vecinas y vecinos.

Las cifras del Ministerio de Consumo son claras: más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid, concentrados en zonas donde el precio del alquiler se ha disparado. Calles como Carretas, Arenal, Lavapiés o Malasaña están completamente desbordadas por esta economía del despojo. Una economía que se enriquece con la miseria de quienes ya no pueden pagar una renta en su barrio de toda la vida.

Mientras se pide a las y los jóvenes que se emancipen, a las familias que hagan malabares con los alquileres y a las personas mayores que aguanten los ruidos y fiestas en su portal, el Ayuntamiento gasta 87.900 euros en justificar el negocio que está convirtiendo Madrid en un parque temático para turistas. Una cifra que equivale, por ejemplo, a más de dos años de salario base para una enfermera del SERMAS.

Ni un solo dato en ese informe aborda los conflictos vecinales, la inseguridad, el aumento de las comunidades impagadas o el deterioro del tejido social que provocan estos pisos. Ni una palabra sobre el fraude fiscal, las condiciones laborales de quienes los gestionan o el incumplimiento sistemático de las normativas de seguridad.

En cambio, sí se habla de “la preferencia de los turistas por los pisos altos” o de la “profesionalización” de sus gestores, sin explicar que gran parte de esta profesionalización viene de fondos de inversión y grandes plataformas como Airbnb, que ya han sido denunciadas en otras ciudades por inflar artificialmente los precios del alquiler.

La situación de Madrid no es una excepción, sino el reflejo de una política urbana orientada a favorecer intereses privados por encima del derecho a la vivienda. Almeida no gobierna para la ciudad, sino para quienes la trocean, la venden y la convierten en un producto de consumo exprés. Mientras se regalan informes a medida con dinero público, miles de personas no encuentran un piso donde vivir sin dejarse la mitad del sueldo.

Esto no es una regulación: es una claudicación. Y con dinero de todas y todos.