La Generalitat modifica la norma sin diálogo sindical
El pasado 26 de noviembre, el Consell de la Generalitat Valenciana, presidido por Carlos Mazón, aprobó un decreto que elimina el tope salarial para consellers y secretarios autonómicos provenientes del sector público. Esta medida, introducida sin consulta previa a los sindicatos, abre la puerta a sueldos superiores al del president, actualmente fijado en 80.173,92 euros anuales.
El decreto, inicialmente enfocado en la movilidad forzosa de funcionarios tras la DANA, incluyó a última hora una disposición que permite que los altos cargos mantengan sus retribuciones anteriores si provienen de la administración pública. La Generalitat justificó esta decisión argumentando la necesidad de «atraer talento» a las instituciones. Esta excepción beneficia, entre otros, al general retirado Francisco José Gan Pampols, nuevo vicepresidente y conseller de Recuperación, así como a su secretario autonómico, el general Venancio Aguado.
Sin embargo, la norma no afecta a directores generales ni subsecretarios, lo que revela un diseño selectivo de los beneficiarios. Los sindicatos, como UGT, denunciaron que el borrador compartido horas antes de la aprobación no incluía esta disposición, calificándola de falta de transparencia. Este «ajuste técnico» no consensuado ha generado indignación entre el personal público, que afronta recortes mientras los altos cargos consolidan privilegios.
La narrativa del «talento» frente a la realidad del saqueo institucional
La Generalitat defiende que sus sueldos son de los más bajos entre las comunidades autónomas. No obstante, la comparación con regiones como Cataluña o Madrid obvia que la misma administración exige sacrificios salariales a enfermeros y enfermeras, docentes y personal administrativo. Mientras el personal sanitario soporta sobrecarga laboral tras la DANA y reclama refuerzos, los consellers ajustan sus nóminas al alza con argumentos vacíos.
El decreto también establece que quienes estén en situación de reserva o retiro, como Gan Pampols, podrán actualizar sus retribuciones según el puesto que ocuparon en activo. Este ajuste convierte a la Generalitat en una agencia de colocación privilegiada, subvencionando sueldos militares desde las arcas públicas autonómicas.
El discurso oficial habla de excepcionalidad, pero los números revelan un modelo de gobierno que prioriza a una élite administrativa. Mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando las consecuencias de catástrofes como la DANA, con más de 200 víctimas, infraestructuras devastadas y servicios básicos al límite.
La disposición se implementó justo el día en que el nuevo Consell tomó posesión, un movimiento que evidencia planificación estratégica para blindar beneficios personales. Lejos de atraer talento, esta maniobra parece diseñada para perpetuar la opacidad y el clientelismo.
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