Más de 1.700 personas murieron en 2020 intentando llegar a España 

Se trata de la cifra más alta desde que existen registros

Según el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 1.717 personas han perdido la vida intentado llegar a España durante el pasado año, la cifra más alta desde que existen registros.

En el informe la organización denuncia “la legitimidad de estas políticas criminales que provocan estas muertes”, y advierte de que “se han establecido parámetros judiciales, sociales y políticos que responsabilizan a quienes huyen de la persecución, de la guerra, de la miseria o de los desastres climáticos, porque simplemente intentan encontrar una vida digna”.

ADPHA cifra en un 29% (41.861 personas) el incremento de la llegada de migrantes a través de la frontera sur respecto a 2019, año en el que se registró la entrada de 32.513 personas.

A pesar de que esta cifra supone el 4,3% de los migrantes totales que entran en nuestro país, desde ADPHA aseguran que todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas que jugándose la vida, intentan llegar a al Estado español por la frontera sur.

Muchas personas han muerto en su intento de aspirar a una vida mejor

La organización insiste en las “partidas millonarias” que hace el Estado en la implementación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades.

También el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y “la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea”.

“Grandes partidas millonarias entre las que no se encontrarán recursos para la acogida digna de la pequeña cantidad de personas migrantes que logran atravesar el foso de cadáveres en el que han convertido el Atlántico y el Mediterráneo”, señala APDHA.

Respecto a la crisis migratoria vivida en Canarias a lo largo de este 2020, la organización indica que, según cifras del Ministerio del Interior, el incremento de llegadas a Canarias ha sido de un 756%, llegaron 23.023 personas frente a las 2.768 de 2019. “La respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos. Miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres, hacinamiento…”, lamentan.

“En 2020, pese a los avisos en este sentido, tampoco se prepararon los recursos adecuados y dignos para la llegada de migrantes a Canarias”, critica la organización, que recuerda los episodios vividos en el muelle de Arguineguín y Barranco Seco que demuestran una vez más la incapacidad del Gobierno para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

El endurecimiento de las medidas en la frontera española y marroquí ha reducido el número de personas que cruzan la valla. Pero, mientras que en Ceuta no ha producido ningún salto a la valla en la ciudad, APDHA recuerda que el CETI de Melilla “se ha encontrado todo el año saturado, con una ocupación de 1.600 personas, cuando su capacidad es de 780”.

La APDHA plantea que, ya que es imposible acabar con los procesos migratorios, se debe poner en marcha una gestión de las migraciones que garantice rutas legales y seguras, respetuosas con los derechos humanos.

La organización ha lanzado un crowdfunding para financiar el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur del próximo año, un trabajo que lleva realizando 20 años y que incluye el análisis de los flujos, de las políticas migratorias y entre otros muchos aspectos, un trabajo de recuento del número de personas que mueren o desaparecen en su intento de aspirar a una vida mejor.

Según recoge el Diario de Cádiz, Diego Boza, coordinador de la APDHA en Cádiz, ha asegurado que se han encontrado con «mucha opacidad» a la hora de conseguir los datos en referencia a las políticas migratorias. «De 15 consultas que hemos elevado a diferentes instituciones gubernamentales sólo han contestado a una argumentando que esos datos comprometían la política exterior del Estado español».

Una «falta de transparencia» que viene a poner de manifiesto que el Gobierno de coalición «ni ha cumplido con el acuerdo de gobierno firmado sobre poner en marcha rutas legales y seguras para los migrantes y políticas de acogida dignas», además de demostrar «un peligroso continuismo de las políticas migratorias de gobiernos anteriores».