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El Bierzo arde, pero lo que se quema ahora es la impunidad política
LA FISCALÍA ROMPE EL SILENCIO
La Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias de investigación penal contra Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones por su papel en los incendios que devastaron El Bierzo y otras comarcas leonesas en agosto de 2025. No es una denuncia menor: se les investiga por prevaricación por omisión, delitos medioambientales y omisión del deber de socorro. En otras palabras, por mirar hacia otro lado mientras el territorio ardía.
Según la asociación Bierzo Aire Limpio, que presentó la denuncia, la Junta disponía de todos los informes técnicos que alertaban del riesgo extremo de incendios en un contexto de sequía prolongada y temperaturas récord. Pero decidieron no reforzar el operativo ni ejecutar más de la mitad del presupuesto de prevención. A mediados de agosto, solo el 48% de los fondos previstos para evitar incendios había sido utilizado.
Mientras los datos advertían de un verano catastrófico, el Gobierno autonómico mantuvo un dispositivo infradotado, sin vigilancia suficiente en las zonas de alto riesgo, ni coordinación efectiva con los ayuntamientos y los servicios estatales. “Lejos de aprender de la tragedia de la Sierra de la Culebra (2022), repitieron los mismos errores”, denuncia la organización. El resultado: más de 150.000 hectáreas arrasadas, cuatro personas muertas y miles de vecinos evacuados entre humo tóxico y promesas vacías.
La Fiscalía ahora investiga lo que la ciudadanía ya sabía: que el fuego no solo fue natural, sino político.
LA INACCIÓN COMO DELITO
Lo ocurrido en El Bierzo no fue un accidente ni un imprevisto meteorológico. Fue la consecuencia directa de una política deliberada de abandono rural y desmantelamiento de los servicios públicos. Castilla y León tiene hoy menos cuadrillas de extinción que hace una década y una tasa de temporalidad que roza el 70% en el personal de lucha contra incendios. Mientras tanto, la Junta presume de “estabilidad” y “gestión eficiente”.
Los bomberos forestales, las brigadas de refuerzo y las y los agentes medioambientales llevan años advirtiendo de que la prevención no se hace con ruedas de prensa, sino con recursos y planificación. Pero los despachos de Valladolid prefirieron recortar antes que reforzar. “La Junta contaba con toda la información y optó por no actuar”, resume Bierzo Aire Limpio. Y eso, traducido a lenguaje judicial, puede ser prevaricación por omisión.
A la negligencia se suma el cerrojazo institucional. Las Cortes de Castilla y León, con mayoría del PP y Vox, han bloqueado una comisión de investigación sobre lo ocurrido. En lugar de esclarecer responsabilidades, prefirieron blindarse y negar información incluso a sus propios procuradores. Un gesto que define a la perfección el concepto de “responsabilidad política” en la derecha castellano-leonesa: eludirla.
Mientras tanto, las consecuencias siguen vivas. Las lluvias arrastran cenizas y materiales tóxicos a los ríos y embalses, generando una “segunda catástrofe ambiental” que pone en riesgo el agua potable de miles de personas. La Junta, otra vez, no ha respondido a las peticiones de información sobre los planes de restauración o el destino de los lodos contaminados extraídos de cauces como el del Meruelo.
Todo esto ocurre mientras Mañueco y Quiñones aparecen sonrientes en actos “simbólicos” en Ponferrada, como si el humo no les perteneciera. La escenografía del poder sustituye a la rendición de cuentas.
La justicia llega tarde, pero llega.
El Bierzo no olvida.
Y esta vez, los que jugaron con fuego serán quienes tengan que apagarlo.
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