Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
La captura partidista de las autonómicas ya no es una sospecha, es un método.
À PUNT Y LA DANA: CUANDO UN SERVICIO PÚBLICO APAGA LA REALIDAD
El 25 de octubre de 2025, Valencia vivió una movilización histórica: más de 50.000 personas tomaron las calles en el primer aniversario de la DANA que dejó 229 fallecidas y fallecidos. Mientras tanto, la radiotelevisión pública valenciana decidió programar una corrida de toros grabada en 1997. El apagón informativo fue deliberado y rompió el principio básico de cualquier medio público: informar de lo que importa a su comunidad cuando importa. La BBC y otros medios nacionales e internacionales cubrieron en directo la marcha; À Punt no. El Consejo del Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha abierto diligencias por posible “mala praxis” al considerar que pudo incumplirse la misión de servicio público esencial y la obligación de garantizar una información veraz y de proximidad. No es un mal día, es una renuncia a la función pública.
No fue solo la ciudadanía indignada. Las y los trabajadores de À Punt exigieron dimisiones por el “grave daño reputacional” causado al impedir un especial informativo de la duodécima manifestación por la DANA. Comités de empresa, periodistas y personal técnico denunciaron que la dirección desactivó el dispositivo de cobertura pese a la relevancia evidente del acontecimiento. Cuando quienes sostienen la antena denuncian censura interna, la alerta democrática es máxima.
El caso À Punt, además, llega tras semanas de polémica por la negativa a entregar voluntariamente a la jueza de la DANA un vídeo del CECOPI que afecta a una exconsellera del PP, material que otras televisiones sí difundieron. La opacidad encaja demasiado bien con el blindaje del poder.
MANUAL DE CAPTURA: TELEMADRID, TVG Y CANAL SUR
El patrón no es local, es sistémico. Telemadrid fue intervenida políticamente mediante una reforma exprés en la Asamblea el 8 y 9 de julio de 2021. Con el voto del PP y la abstención de Vox, se alteró el sistema de elección de la dirección y del Consejo de Administración para facilitar el relevo de la cúpula. La oposición lo dijo claro: objetivo, “control político”. Desde entonces, la tentación de usar la parrilla como altavoz del Gobierno autonómico se convirtió en rutina. Cambias la ley, cambias la línea.
En Galiza, la TVG sufre huelgas, denuncias de externalización y acusaciones de manipulación. El 26 de septiembre de 2024, plantillas y sindicatos pararon contra la privatización encubierta y alertaron de un modelo que “dilapida recursos y facilita la manipulación informativa”. En junio de 2025 se evidenció otro síntoma: desplome de audiencias en plena crisis de credibilidad. Cuando la televisión pública se pone al servicio del partido, se vacía de gente y de sentido.
En Andalucía, Canal Sur ha cruzado umbrales preocupantes. El Consejo Profesional de la RTVA, órgano que vela por la independencia, ha dimitido en bloque denunciando manipulación informativa, bloqueo de su renovación durante seis meses y relegación de noticias de alto interés público, como los errores en los cribados de cáncer de mama. Si se desactiva el contrapeso profesional, lo que queda es propaganda con grafismo corporativo.
El hilo conductor es siempre el mismo: capturar el timón normativo o directivo, desarmar los contrapesos internos, externalizar lo que conviene a productoras amigas y castigar la disidencia profesional. Se trocea la independencia en pliegos, se dosifica la crítica en escaletas y se entierra la noticia que incomoda bajo una alfombra de contenidos amables. La pluralidad se convierte en decorado.
Las y los espectadores pierden algo más que un informativo equilibrado. Pierden su derecho constitucional a recibir información veraz y de proximidad, especialmente en emergencias o acontecimientos de interés general. El 25 de octubre de 2025 era de esos días en los que una tele pública se examina ante su gente. À Punt suspendió a sabiendas. Telemadrid reescribió su ley para que el examen lo redacte el Gobierno. La TVG domesticó la parrilla a golpe de externalización y castigo a quien protesta. Canal Sur abdicó de su propio código deontológico mientras el órgano de independencia arrojaba la toalla. Es un mapa de poder, no de casualidades.
La coartada es siempre la misma: eficiencia, modernización, pluralidad. La realidad es otra: instrumentalización, precarización y miedo. Cuando las direcciones nombradas a dedo deciden qué existe y qué no existe para la audiencia, la democracia se encoge. Las y los periodistas quedan entre la conciencia profesional y la represalia disciplinaria; la ciudadanía, entre la desinformación y la impotencia. Eso no es servicio público, es un abuso de infraestructura colectiva para blindar al partido de turno.
Las cifras y las fechas cantan: 8–9 de julio de 2021 en Madrid para cambiar la ley; 26 de septiembre de 2024 para la huelga en la TVG; junio de 2025 para el desplome de audiencias en Galiza; 1 y 29 de octubre de 2025 para la rebelión y dimisión del Consejo Profesional en Canal Sur; 25 de octubre de 2025 para el apagón informativo de À Punt; 30 de octubre de 2025 para la apertura de investigación del regulador valenciano. La cronología es el retrato robot del método.
Esto no va de siglas, va de democracia informativa. Un medio público no es del Gobierno, es de la gente que lo financia. Si las y los jueces y los reguladores audiovisuales no frenan la deriva con sanciones ejemplares y garantías reales de independencia, las redacciones quedarán como decorados y la ciudadanía como figuración. No es un error técnico ni un resbalón de programación. Es el uso partidista de un bien común para fabricar silencio.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.