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Lo que se desvela con este documento no es un simple acuerdo publicitario, sino la venta de la información al mejor postor
Un documento revelado por Antonio Maestre en La Marea destapa lo que muchos intuían: el sionismo organizado en el Estado español no solo litiga contra universidades, académicas y hasta contra el propio presidente del Gobierno, sino que también compra medios para fabricar propaganda.
La asociación sionista ACOM, presidida por Ángel Mas, firmó en 2019 un contrato con Okdiario, el digital de Eduardo Inda, por el que se comprometía a pagar 75.000 euros anuales a cambio de la publicación de diez piezas de branded content —propaganda disfrazada de periodismo— redactadas con materiales facilitados por ACOM.
El acuerdo no se limitaba a la promoción: incluía una cláusula vergonzosa que obligaba al medio a no publicar ningún contenido que pudiera dañar la “buena imagen” de ACOM, una organización que se ha distinguido por perseguir judicialmente a todo aquel que critique al Estado de Israel.
Propaganda disfrazada de información
El contrato establecía que esos contenidos aparecerían destacados en la portada de Okdiario durante tres días y serían amplificados en redes sociales por el propio medio. Además, ACOM exigía el envío de métricas detalladas para medir la repercusión de su propaganda.
El problema no es solo la existencia de un acuerdo económico —frecuente en el sector— sino que las piezas aparecían como si fueran periodismo independiente, sin la indicación de “contenido patrocinado”. Es decir: propaganda camuflada de información.
Y los ejemplos están ahí. En plena ofensiva contra Pablo Iglesias, Okdiario publicó artículos que reproducían al pie de la letra el argumentario de ACOM: celebrando el asesinato del general Soleimani, vinculando a Irán con Podemos o acusando al entonces vicepresidente de “lanzar mensajes de odio contra Israel”.
Una organización que persigue a quien denuncia el genocidio
El contrato, confirmado por el propio Okdiario, pone en evidencia la relación estructural entre el lobby sionista en España y ciertos medios de comunicación. Hoy, esa misma ACOM ha denunciado a Pedro Sánchez y a varios ministros por criticar la masacre en Gaza, ha llevado ante la Audiencia Nacional las protestas en La Vuelta, ha perseguido a universidades que rompieron acuerdos con Israel y ha señalado a la académica Luz Gómez por sus comentarios sobre el genocidio.
Lo que se desvela con este documento no es un simple acuerdo publicitario, sino la venta de la independencia periodística al mejor postor, con el agravante de que ese postor es una organización dedicada a blindar internacionalmente al Gobierno de Israel y a perseguir judicialmente a sus críticos.
La pregunta es obvia: ¿cómo puede un medio que se dice “periodístico” cumplir con su deber de fiscalizar el poder cuando ha firmado que nunca hablará mal de su cliente?
La respuesta también: no puede. Lo que hace es propaganda pagada.
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