Maestra Meloni 

El manual de mascaradas y mentiras que la extrema derecha quiere copiar

EL LABORATORIO POSFASCISTA QUE CONVIERTE POBREZA EN NEGOCIO

El 22 de octubre de 2025 se cumplieron tres años desde que Giorgia Meloni se sentó en el palacio Chigi. Llegó al poder tras las elecciones de septiembre de 2022, con una abstención del 36 %, poco más de 12 millones de votos sobre un censo de 46 millones y menos del 44 % de los votos emitidos. En términos reales, apenas un 26 % del electorado le ha bastado para controlar cerca del 60 % de los escaños del Parlamento y el Senado gracias a una ley electoral diseñada por los gobiernos de centroizquierda. Una minoría social gobierna Italia con mayoría parlamentaria sobrada y una Constitución cada vez más retorcida.

Meloni no viene de la nada. Nacida en 1977, criada en la extrema derecha romana, militante neofascista desde los 15 años, ha hecho carrera institucional hasta llegar a presidenta del Gobierno sin renunciar a sus raíces. Se niega a definirse antifascista, blanquea su pasado con gestos tácticos y coloca en el Senado a figuras como Ester Mieli, nieta de un deportado a Auschwitz, mientras la base de Fratelli d’Italia sigue reverenciando a Mussolini. El mensaje es claro: se puede ser heredera del fascismo y a la vez interlocutora fiable para la UE, la OTAN y la banca.

La economía es el telón de fondo de este experimento. La deuda pública italiana alcanzó en julio de 2025 los 3,053 billones de euros, casi el 140 % del PIB, y ha crecido en unos 300.000 millones en tres años de gobierno. Pese a ello, el ejecutivo presume de éxito porque el diferencial con el bono alemán ha bajado de 244 a 86 puntos básicos, y el rendimiento de la deuda italiana ha caído del 4,79 % al 3,57 %. Los mercados aplauden, las y los trabajadores pagan.

El PIB apenas ha crecido un 1,5 % entre finales de 2022 y mediados de 2025. Lo que sostiene el cuadro es la lluvia de dinero europeo: 194.000 millones de euros del plan Next Generation EU, de los que 71.800 millones son a fondo perdido y 122.600 millones préstamos subvencionados. Bruselas pone el dinero, Meloni pone el relato, las empresas se quedan los beneficios y las clases populares la precariedad.

Entre 2021 y 2025 los precios al consumo han subido alrededor de un 17 %, mientras los salarios medios solo lo han hecho un 9,6 %. Eso significa una pérdida de 8 puntos de poder adquisitivo, el equivalente a un mes entero de salario evaporado. La Organización Internacional del Trabajo lleva tiempo señalando que Italia es uno de los pocos países del G20 donde los salarios son hoy más bajos que en 2008.

La pobreza absoluta afecta ya al 8,5 % de las familias (unos 2.234.000 hogares, frente al 6,2 % en 2014) y al 9,8 % de la población, más de 5,7 millones de personas. El 23,1 % de residentes está en riesgo de pobreza. Las y los menores son los más golpeados: el 14 % de quienes tienen menos de 18 años (unos 1,3 millones) viven en pobreza absoluta. Las familias con una persona de referencia empleada y aún así en pobreza absoluta han pasado del 8,3 % al 9,1 % entre 2022 y 2023.

Mientras, la riqueza inmobiliaria y financiera se dispara hasta 11,7 billones de euros, cinco veces el PIB. Hay 517.000 millonarias y millonarios con más de un millón de dólares en activos financieros y 2.600 personas con patrimonios superiores a los 100 millones. El modelo Meloni no reduce desigualdades, las convierte en el motor del sistema.

La desindustrialización acelera. Las acerías de Taranto, con 10.000 empleos, se encaminan hacia la cesión a Bedrock Industries a cambio de 700 millones de euros públicos y un recorte previsto de 7.000 puestos de trabajo. La red fija de TIM ha pasado a manos del fondo KKR, con una reducción de plantilla de 37.000 a 17.300 personas. ITA, heredera de Alitalia, ha sido entregada a Lufthansa dejando fuera a 2.000 trabajadoras y trabajadores en desempleo temporal. La marca petrolera IP va camino de ser vendida a la estatal azerí Socar por 3.000 millones. Las plantas heredadas de Fiat ponen en riesgo más de 10.000 empleos mientras se reorienta producción hacia el sector militar.

En paralelo, los bancos celebran. Monte dei Paschi di Siena fue rescatado con 5.400 millones públicos, ahora el Estado vende el último 11 % y la entidad se queda con Mediobanca, generando unos 1.500 millones de euros en beneficios para familias como Del Vecchio y Caltagirone y para fondos como BlackRock, blindados en paraísos fiscales. En 2024, la banca italiana obtuvo 46.500 millones de euros de beneficio neto, 5.700 millones más que el año anterior, un aumento del 14 %. En el trienio Meloni, las ganancias suman 112.000 millones. El anunciado impuesto extraordinario de apenas 2.000 millones se quedó en nada.

Mientras tanto, la evasión fiscal ronda los 100.000 millones de euros anuales y hay 23 millones de contribuyentes con deudas acumuladas de casi 1,3 billones. La respuesta del gobierno han sido una veintena de amnistías en tres años. Al asalariado se le exige hasta el último céntimo, a la gran evasora se le ofrece una alfombra roja.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA EXTREMA DERECHA GLOBAL

En el frente fiscal, Meloni ha consolidado un sistema que premia a quienes menos control tienen. Las y los trabajadores y pensionistas pagan entre un 23 % y un 43 % de IRPF, mientras profesionales autónomos y pequeñas empresas disfrutan de un tipo fijo del 15 %, que baja al 5 % durante cinco años para nuevas actividades. A igualdad de ingresos, una persona asalariada puede pagar el triple que un autónomo. No es una casualidad, es una estrategia de consolidación de la base electoral.

En migración y seguridad, el laboratorio italiano es ya referencia para la extrema derecha europea. Decretos de 2023 han atacado a los barcos de ONG que salvan vidas en el Mediterráneo, endurecido el régimen de los Centros de Permanencia para la Repatriación hasta 18 meses y respondido a masacres como la de Cutro (más de 100 personas ahogadas) con más castigo, no con más derechos. El acuerdo con Albania de febrero de 2024 ha permitido levantar dos CPR en territorio albanés a gran coste, casi sin uso efectivo, pero muy útiles para la foto punitiva.

Nada más llegar al poder, el gobierno aprobó el llamado decreto Rave, criminalizando reuniones no autorizadas de más de 50 personas con multas y cárcel. En abril se aprobó por decreto el “decreto de seguridad”, que endurece penas por bloquear carreteras, ocupar edificios, refuerza la represión en prisiones, facilita el uso de armas por parte de la policía y permite retirar la ciudadanía a personas extranjeras nacionalizadas condenadas incluso por delitos leves. Todo ello apoyándose en un código penal heredado del fascismo que no se ha querido democratizar.

En el plano institucional, la ofensiva es de mayor calado. La “autonomía diferenciada”, aprobada en junio de 2024, busca romper la solidaridad fiscal entre territorios y blindar privilegios de las regiones más ricas. Una sentencia del Constitucional de diciembre de 2024 la matizó, pero no la desactivó. La reforma de la justicia separa las carreras de jueces y fiscales y refuerza el control político sobre la magistratura, en un contexto de abuso sistemático del decreto ley: 91 decretos en tres años, vaciando de sentido al Parlamento.

La joya de la corona es la “reforma del primer ministro”. El plan prevé que quien gane pueda controlar al menos el 55 % de los escaños con apenas un 30 % de los votos emitidos, en un país donde la abstención no deja de crecer. El ejecutivo se emancipa de las cámaras, el Parlamento se reduce a oficina de ratificación, el presidente de la República queda arrinconado. Es la dictadura de una minoría convertida en mayoría artificial.

Mientras esto ocurre dentro, fuera Meloni se vende como socia fiable. Se ha integrado en la maquinaria de la UE, ha votado a favor de Ursula von der Leyen, ha colocado a Raffaele Fitto como vicepresidente ejecutivo y ha participado en la reescritura del Pacto Verde y del Pacto de Estabilidad. Ha organizado la cumbre Italia-África en enero de 2024 alrededor del Plan Mattei, y la conferencia para la reconstrucción de Ucrania en julio, explorando también oportunidades de negocio en una futura “reconstrucción” de Gaza.

A la vez, cultiva su vínculo con la administración Trump y se presenta como modelo de estabilidad frente a la Francia de Macron o a otros países con gobiernos en crisis. La patronal, incluso la más poderosa, que desconfiaba del soberanismo ruidoso de otros líderes ultras, ha entendido el mensaje: con Meloni, la extrema derecha gestiona el capitalismo sin sobresaltos.

Mientras la oposición institucional se hunde, las movilizaciones contra el genocidio en Gaza y acciones como la Global Sumud Flotilla muestran un potencial social que no encuentra todavía herramienta política sólida. El riesgo es transparente: si la izquierda no ofrece una salida material, democrática y pacifista, será la escuela Meloni la que marque el temario del futuro europeo.