Los trucos del OPUS para seguir segregando en sus colegios 

La insistencia de mantener a la Iglesia en la gestión de la educación es un retroceso para cualquier sociedad que aspire a ser moderna, justa y equitativa.

En Navarra, el Opus Dei ha adoptado una estrategia que refleja su resistencia a adaptarse a las normativas modernas sobre educación inclusiva. Al enfrentarse a la ley que prohíbe la segregación por género en escuelas financiadas con fondos públicos, han optado por crear un colegio privado, denominado Aderiz, que seguirá segregando por sexo, ubicándose en las mismas instalaciones de un colegio concertado. Este movimiento es un claro ejemplo de cómo buscan mantener su ideología intacta, esquivando la legislación mediante la creación de una entidad que, aunque legalmente independiente, comparte físicamente espacio con una institución que recibe financiación pública.

La maniobra consiste en una separación técnica pero no práctica. El colegio privado Aderiz se ubicará en un ala del colegio Izaga, uno de los colegios del Opus Dei. Esta cohabitación espacial plantea numerosas preguntas sobre la verdadera independencia de ambos centros. Las autoridades han asegurado que se mantendrá una separación completa en términos de infraestructura, administración y actividades pedagógicas, pero la proximidad física sugiere una posible simbiosis contraria al espíritu de la ley. Este enfoque no solo muestra un desafío a la legislación sino que también subraya el intento del Opus Dei de preservar un modelo educativo que separa a los estudiantes basándose en su sexo, algo que va en contra de las tendencias educativas globales hacia la inclusión y la igualdad.

Además, esta estrategia pone de manifiesto la habilidad del Opus Dei para adaptar sus prácticas a fin de seguir operando dentro de los márgenes que le permiten las leyes, sin realmente comprometer o ajustar su doctrina. La creación de Aderiz, más que un compromiso con la educación de calidad o con la adaptación a una sociedad cambiante, parece ser una maniobra para continuar impartiendo una educación basada en principios anticuados y excluyentes. Esto no solo afecta la percepción pública de la equidad en la educación sino que también perpetúa una división de género innecesaria y retrógrada en un mundo que cada vez más aboga por la igualdad y la desintegración de roles de género tradicionales en todas las esferas de la vida pública y privada.

La presencia continua de la Iglesia en la educación no solo es un anacronismo, sino una amenaza flagrante a la integridad y modernidad de nuestros sistemas educativos. El caso de Navarra y la táctica del Opus Dei de bifurcar su infraestructura educativa para continuar con prácticas segregacionistas es solo un ejemplo de cómo las doctrinas religiosas siguen imponiéndose en espacios que deberían ser laicos y neutrales.

Anacronismos

No podemos tolerar más este entrelazamiento de la religión con la educación pública porque perpetúa un ciclo de discriminación y exclusión bajo el disfraz de derechos adquiridos y tradiciones. Es inadmisible que en pleno siglo XXI, entidades con agendas religiosas claras puedan manipular los sistemas legales para fomentar una segregación por género que ha sido científicamente refutada y éticamente repudiada.

La segregación por género, promovida y mantenida en muchos casos por instituciones religiosas, no solo contradice los valores de igualdad y equidad, sino que también limita el potencial educativo de nuestros jóvenes. Educar en un entorno segregado es preparar a las generaciones futuras para un mundo que ya no existe, uno donde la división de género dicta capacidades y roles.

Más aún, la financiación de colegios que segregan por género con fondos públicos, o permitir su funcionamiento bajo subterfugios legales, es un desfalco de los recursos que deberían emplearse en promover una educación inclusiva y progresista. Estos recursos se desperdician en sostener instituciones que no solo se resisten al cambio, sino que activamente lo combaten.

La insistencia de mantener a la Iglesia en la gestión de la educación es un retroceso para cualquier sociedad que aspire a ser justa y equitativa. Si queremos una educación que realmente prepare a los ciudadanos para el mundo actual, necesitamos desvincular completamente la educación de las agendas religiosas. La enseñanza debe basarse en la ciencia, la ética y la inclusión, no en dogmas que segregan y discriminan.

Debemos exigir y asegurar que la educación se funde en principios de igualdad absoluta y beneficio común, no en creencias particulares de grupos que históricamente han utilizado su influencia para modelar sociedades a su imagen y conveniencia. Es tiempo de que la ley no solo se ajuste a las necesidades modernas sino que se aplique con un rigor que impida cualquier tipo de manipulación o excepción basada en la religión. Esto no es solo una cuestión de política educativa, sino de derechos humanos fundamentales.