Los tres jueces que sostienen la ofensiva judicial contra Begoña Gómez 

Un tribunal conservador abre paso a la instrucción delirante de Juan Carlos Peinado

UN PROCESO CONSTRUIDO DESDE EL EXCESO

Para que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, termine frente a un jurado popular por contar con una asistente –como hicieron todas las cónyuges de anteriores jefes del Ejecutivo– ha hecho falta una operación judicial insólita. La ha diseñado el juez Juan Carlos Peinado, protagonista de una instrucción que no solo rozó lo excéntrico, sino que también ha traspasado límites: llegó a interrogar en dos ocasiones a Pedro Sánchez en La Moncloa y quiso arrastrar al Tribunal Supremo contra el ministro Félix Bolaños, siendo frenado con dureza.

Peinado no está solo. Tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido dar cobertura a esa investigación, transformando en acusación lo que antes era humo. Son ellos quienes le han mostrado el camino para sentar a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el banquillo.

Los nombres importan. La presidenta de esa sección es María del Rosario Esteban Meilán, magistrada con aspiraciones a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Para conseguirlo necesitará el apoyo del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial. A su lado está Jesús Gómez-Angulo Rodríguez, hermano del ex secretario de Estado para el Deporte con Aznar y exconcejal de Madrid con Ana Botella, ambos del PP. Completa el trío Enrique Jesús Bergés de Ramón, también alineado con el sector conservador.

EL ACTIVISMO JUDICIAL Y SUS OBJETIVOS

No es la primera vez que estos jueces destacan por sus iniciativas políticas disfrazadas de derecho. Fueron Gómez-Angulo y Bergés quienes, junto a otro colega, plantearon la única cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía desde un tribunal ordinario fuera de Catalunya. El argumento lo sacaron del manual conservador: que la norma vulneraba la igualdad y la seguridad jurídica. Se apoyaron en un informe del anterior CGPJ aprobado por mayoría absoluta de ese bloque, en plena campaña contra la medida. El Tribunal Constitucional desechó en junio todos esos razonamientos y declaró la amnistía plenamente válida.

El mismo patrón se repite ahora. La resolución del 12 de junio de 2025, dictada por esta sección de la Audiencia, sirvió como manual de instrucciones para Peinado. Allí afirmaban que la asesora de Gómez pudo sobrepasar sus funciones al pedir a Reale Seguros que mantuviera el patrocinio de un máster y que la relación con el grupo Barrabés suponía un desvío de recursos públicos. Nada probaban, pero dejaban la puerta abierta al delito de malversación, un salto que ni siquiera Peinado se había atrevido a dar.

El auto habla de “funcionarias” y “desviación de medios públicos”, metiendo en el mismo saco a la asistente Cristina Álvarez y a Gómez, que ocupaba un cargo en la Universidad Complutense. No explican cómo esa cátedra pudo servir para malversar fondos del presupuesto de la Presidencia del Gobierno, pero sí logran lo esencial: dar apariencia jurídica a una acusación política.

Peinado solo añade un detalle más: que Gómez y su asesora guardaron silencio en su declaración del 10 de septiembre. Un derecho constitucional que el juez convierte en argumento de culpabilidad, llegando a escribir que las respuestas a su propio abogado “no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio”.

Lo que se exhibe no es una investigación seria, sino un engranaje judicial con nombres y apellidos. Esteban, Gómez-Angulo y Bergés han hecho de muleta para que Peinado siga adelante en su cruzada contra la esposa del presidente. El derecho a guardar silencio se convierte en prueba de cargo y la ambición de ascenso judicial se transforma en palanca política.

Un proceso que no busca justicia, sino disciplinar al poder político desde los despachos togados.