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Esta subcontratación se realiza por la vía de emergencia, a pesar de que el estado de alarma decretado en el país en 2021 hace tiempo que terminó.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso subcontrata camas a la sanidad privada para pacientes con COVID-19 a 734 euros por noche, a pesar de que el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que costó 15 millones de euros al año, se encuentra semivacío, atendiendo a solo 80 pacientes, según una información desvelada por ElDiario.es. Además, estos contratos se han adjudicado por la vía de emergencia, a pesar de que el estado de alarma decretado en el país en 2021 ya ha terminado.
El Ejecutivo de Ayuso ha prorrogado estos contratos «en las mismas condiciones» para 2023, según ha admitido la Consejería de Sanidad a elDiario.es. En 2022, la Comunidad de Madrid adjudicó cuatro contratos a dedo, sin concurrencia ni publicidad, para poder disponer de 99 camas durante un año en la sanidad privada. La suma de los contratos contemplaba un montante máximo de 26,5 millones de euros para el ejercicio anterior.
Ayuso recurre de esta manera a la sanidad privada a pesar de que la situación en los hospitales públicos es muy diferente a la de hace dos años, cuando se derivaron pacientes por primera vez, con la red pública absolutamente desbordada.
La ruina del Zendal
El Hospital Enfermera Isabel Zendal se construyó para albergar hasta 1.000 camas y Ayuso defendió que atendería a pacientes que tuvieran coronavirus persistente. Hace un año precisamente la presidenta madrileña inauguraba una unidad de rehabilitación en un polémico centro que acabó costando el triple de lo presupuestado -170 millones-, pero que todavía no tiene quirófanos ni habitaciones individuales.
En 2022, se contrataron otras 26 camas para pacientes con COVID-19 pero «con necesidades paliativas» por un importe total de 6,3 millones de euros. Estas adjudicaciones, a diferencia de las anteriores, no se han renovado en 2023, según ha declarado el departamento de Enrique Ruiz Escudero.
Desde la Consejería de Sanidad se ha especificado que en 2022 solo se pagó «por estancia real prestada», algo que también ocurrirá en 2023 cuando finalice el año y se pueda cotejar la ocupación final. En el caso de los primeros cuatro contratos, para pacientes con necesidades de «cuidados continuados», el departamento de Escudero ha asegurado que en 2022 se requirió el 20% de lo contratado, lo que significa que la administración autonómica ha pagado a los hospitales privados 5,3 millones de euros por derivar pacientes.
En el caso de los enfermos de coronavirus con necesidades paliativas derivados a la sanidad privada, la Consejería ha asegurado que se necesitaron el 14,6% de las camas, lo que supone que ha pagado 930.612 euros.
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