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El fango de la DANA cubre a todo el Consell de Mazón, y no solo a su presidente.
EL GOBIERNO QUE SE AUSENTÓ CUANDO VALÈNCIA SE AHOGABA
El 29 de octubre de 2025, mientras 229 personas perdían la vida bajo el diluvio que arrasó la provincia de València, el Gobierno valenciano de Carlos Mazón estaba desaparecido. No fue solo un fallo individual. Fue una cadena de desinterés institucional, una fuga colectiva de responsabilidades en el momento más crítico que ha vivido la Comunitat en décadas.
El president Mazón no se movió del restaurante “El Ventorro” hasta que el temporal lo impidió. Pero su equipo, ese círculo de confianza que debía garantizar la respuesta ante una emergencia de tal magnitud, también se desentendió. No por accidente, sino por decisión política y personal.
Su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, se marchó a Xàtiva a las tres de la tarde, justo cuando los servicios de emergencias se colapsaban. El secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, abandonó València rumbo a Alicante a media mañana “por motivos de trabajo interno”. Ninguno de los dos cumplió con la función elemental de cualquier responsable público en una crisis: estar donde se necesita.
Mientras tanto, la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, la única que permaneció en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), reconocía que no tenía formación ni medios para gestionar una catástrofe. Su número dos, Emilio Argüeso, se fue a presidir una reunión burocrática de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) cuando ya estaba activado el aviso rojo. La urgencia se archivó en un orden del día.
Así se desmoronó la cadena de mando. Así el Consell entero se convirtió en una ausencia.
PREMIOS, AGENDAS Y CASAS MIENTRAS MORÍAN PERSONAS
La lista de irresponsabilidades es tan extensa como la lluvia que cayó aquel día. La vicepresidenta primera, Susana Camarero, responsable de Servicios Sociales y, por tanto, de las residencias donde murieron al menos seis personas, se conectó al Cecopi durante cuarenta minutos. A las 17:40 decidió desconectarse para asistir a una entrega de premios de la Confederación Empresarial Valenciana y Caixa Popular. Mientras en el Cecopi se alertaba del riesgo en la presa de Forata, ella posaba sonriente ante empresarios.
Regresó a la reunión virtual a las 20:58, cuando el desastre ya era irreversible. La jueza que investiga la DANA la ha citado a declarar como testigo, pero la responsabilidad política ya está escrita: dejó su puesto en plena emergencia.
Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras —y desde esta semana vicepresidente segundo—, fue al mismo acto que Camarero. Recibió llamadas informándole de que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), bajo su competencia directa, se estaba inundando con personal dentro. Terminó el evento, intentó ir a las instalaciones y ya no pudo entrar.
La exconsellera Nuria Montes, cesada tras la tragedia por su deshumanización al pedir a los familiares que acudieran a Feria València a identificar cadáveres, tampoco interrumpió su agenda. Asistió a los Premios Alfil 2024 en Alicante y, entre risas y brindis, pidió “que no haya que lamentar pérdidas humanas”. Mientras lo decía, varias residencias estaban siendo evacuadas y cientos de personas permanecían atrapadas en coches y viviendas.
El conseller de Educación, José Antonio Rovira, optó por irse a su casa en San Vicent del Raspeig al mediodía, cuando la Universitat de València ya había cerrado sus instalaciones y los colegios seguían abiertos. Justificó su salida alegando que “Aemet decía que la tormenta se iba a Cuenca”. Pero no se fue la tormenta: se fue él.
Y desde la conselleria de Hacienda, Ruth Merino explicó que aquella tarde estaban “ultimando los presupuestos autonómicos”. En Agricultura, Miguel Barrachina ni siquiera respondió a las preguntas sobre su paradero. Los datos de su coche oficial lo situaban en su casa a las 19:30, cuando las riadas ya habían arrasado municipios enteros.
El relato de Mazón sobre la “coordinación perfecta” se hunde con cada dato. Ninguno de sus altos cargos —salvo Pradas, sin medios ni preparación— estuvo al frente del operativo. El Cecopi se activó tarde, con mandos ausentes y sin dirección política visible.
Mientras las familias pedían ayuda, los consellers mantenían sus compromisos sociales o se refugiaban en sus domicilios. No hubo empatía ni liderazgo, solo abandono.
El desastre natural se convirtió en una tragedia política que desnudó el modelo Mazón: la gestión convertida en escaparate, la administración subordinada al acto público, la ciudadanía reducida a público espectador.
Las dimisiones no deberían limitarse a una consellera apartada por su torpeza. Tendrían que dimitir todos los que eligieron un cóctel, una reunión o una autopista antes que su responsabilidad pública.
Porque mientras el agua subía, el poder estaba seco de humanidad.
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