Editorial | Vamos a contar mentiras 

Cuando el poder miente sin rubor y la impunidad se disfraza de victimismo

Por Javier F. Ferrero

EL TEATRO DE LAS MENTIRAS: CUANDO LA POLÍTICA SE CONVIERTE EN UNA FÁBRICA DE BULOS

Miguel Ángel Rodríguez (MAR) y Alberto González Amador no comparecieron ante el Tribunal Supremo para defenderse, sino para seguir representando la farsa que llevan años interpretando ante la opinión pública. En este juicio, donde se sientan los ecos del poder madrileño, la mentira se ha convertido en método político y la arrogancia en estrategia judicial.

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso aseguró que González Amador “nunca ha confesado nada”. Pero la Agencia Tributaria ya acreditó un fraude fiscal de 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, con 1,7 millones en facturas falsas. Los hechos no son presuntos. Están documentados. La confesión existió: el propio abogado del empresario reconoció “dos delitos fiscales” al intentar un acuerdo con la Fiscalía, buscando una condena menor que evitara la cárcel.

MAR intentó justificar lo injustificable: que Hacienda “no quiso llegar a un acuerdo”. Otro engaño. Cuando un fraude supera los 120.000 euros anuales, la Agencia está obligada por ley a denunciarlo. No hay negociación posible. Lo que siguió fue una cadena de invenciones, adornadas con el mismo tono condescendiente de quien se sabe protegido por el poder mediático y político.

Y no se quedó ahí. Ante el Supremo, Rodríguez llegó a afirmar que “la deducción lógica” era que la Fiscalía había recibido órdenes “de arriba” para impedir el pacto. No ofreció pruebas, solo la insinuación conspirativa que tanto rinde en los platós y tertulias donde se cocina el relato. Porque ese es su oficio ahora: convertir la mentira en ruido, y el ruido en verdad mediática.

Mientras tanto, el periodismo que destapó el fraude —elDiario.es, en este caso— ha sido el blanco preferido de su furia. Rodríguez ha insultado, amenazado y desacreditado a las y los periodistas que le hicieron las preguntas que él no quiso responder. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar”, llegó a decir. No fue una conversación “impropia”, como ahora pretende. Fue una amenaza a plena luz del día, una advertencia de cómo el poder político trata a la prensa que cumple con su deber.

LA PAREJA DE AYUSO: ENTRE EL VICTIMISMO Y EL NEGOCIO

Alberto González Amador se presenta ahora como víctima de una conspiración del “aparato del Estado”. Dice que “pasó a ser el delincuente confeso de España” y que el fiscal general “le mató públicamente”. Pero no fue el Estado quien lo hundió, sino sus propios actos: una red de empresas pantalla, facturas inventadas y comisiones millonarias por mascarillas durante la pandemia.

En sus declaraciones, volvió a mentir con descaro. Aseguró que cuando cometió el fraude ni siquiera era pareja de Ayuso. Los registros dicen otra cosa: las fotos de la pareja en Ibiza se publicaron en mayo de 2021, y los delitos fiscales se produjeron entre 2021 y 2022. No hay margen de duda.

También negó que las facturas falsas fueran falsas. Dijo que los servicios “eran reales”. Sin embargo, la Agencia Tributaria comprobó que nunca se realizaron, ni se pagaron. Se trató de una operación deliberada para inflar gastos y reducir impuestos. El manual clásico del defraudador de despacho.

Lo más grave, sin embargo, no está solo en el fraude, sino en la impunidad con la que ambos manipulan el relato público. Mientras Ayuso se erige en adalid de la libertad frente al “Estado opresor”, sus dos figuras más cercanas —pareja y portavoz— despliegan un discurso de persecución política y victimismo calculado. Buscan convertir el delito en épica, y el engaño en heroísmo.

En el juicio se supo, además, que cuando elDiario.es publicó la exclusiva, González Amador ya sabía que el pacto con la Fiscalía seguía en pie. Ese mismo día, su abogado le confirmó que “todo seguía igual”. Aun así, MAR difundió el bulo de que el acuerdo había sido “boicoteado por órdenes de arriba”. Mintió sabiendo que mentía. Y lo hizo desde el corazón del poder autonómico.

Ambos se retroalimentan en la mentira. Uno fabrica el discurso, el otro lo interpreta. Y Ayuso, desde su torre mediática, los protege, denunciando una supuesta “cacería política”. Lo que hay detrás es más sencillo: un intento desesperado por salvar su círculo más próximo antes de que las pruebas lo hundan.

Las y los jueces investigan ahora no solo los delitos fiscales y la falsedad documental, sino también una presunta corrupción en los negocios: la compra por medio millón de euros de una empresa sin apenas valor a su propio jefe en Quirón, otra operación revelada por la prensa. Todo un manual de cómo el capitalismo de amiguetes se disfraza de éxito empresarial.

Y mientras las y los responsables públicos mienten en sede judicial, insultan a la prensa y se declaran víctimas del sistema, la ciudadanía asiste a otro capítulo del deterioro democrático. Se banaliza el delito, se criminaliza el periodismo y se sustituye la verdad por el relato.

Las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez y de Alberto González Amador no son solo suyas: son el síntoma de un poder que ha perdido la vergüenza y confunde la propaganda con justicia.

En el fondo, no están contando su versión.
Están contando mentiras, y las cuentan con dinero público.