Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Los Gobiernos y entidades internacionales pueden continuar emitiendo comunicados de condena, pero la realidad en Gaza exige acciones contundentes.
La reciente decisión del Parlamento israelí de prohibir las operaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Israel y de limitar su capacidad de coordinación en Gaza es una condena directa a la miseria para millones de palestinos y palestinas. Con una aprobación masiva de 92 votos a favor y solo diez en contra, esta legislación se convierte en un ataque directo contra la supervivencia de la población en los territorios ocupados, ya precarizada por décadas de asedio y violencia constante. Privar de asistencia a quienes han sido despojados y desamparados es una política deliberada de hambre y aislamiento. Esta nueva barrera para la ayuda humanitaria no solo limita la capacidad de la UNRWA de proporcionar alimentos, agua y servicios básicos, sino que también imposibilita el contacto de la agencia con funcionarios israelíes, una condición esencial para coordinar cualquier movimiento de asistencia.
La UNRWA es mucho más que una agencia humanitaria: representa la última esperanza para una población acosada, una válvula de escape ante una realidad sofocante. La agencia proporciona no solo alimentos y refugio, sino también educación y atención médica a una población infantil que nunca ha conocido un solo día de paz. Este cerco legislativo ataca a la UNRWA como un símbolo de solidaridad internacional y de resistencia frente al olvido impuesto a millones de personas. La medida desmantela un acuerdo multilateral que tenía como base la resolución de Naciones Unidas de 1949, destinada a ofrecer apoyo a los refugiados y refugiadas palestinas hasta hallar una solución justa y permanente.
ISRAEL DESACREDITA A LA ONU Y JUSTIFICA LA REPRESIÓN
Israel justifica esta ofensiva argumentando que la UNRWA mantiene lazos con Hamás, una acusación que la ONU ya ha desacreditado al concluir que no existen pruebas sólidas para tales afirmaciones. La narrativa del “terrorismo” sirve como pretexto para silenciar y deslegitimar cualquier intento de asistencia humanitaria. Desde octubre de 2023, más de 230 empleados y empleadas de la UNRWA han perdido la vida debido a ataques en Gaza, muchos de ellos en instalaciones claramente identificadas como neutrales. Sin embargo, los centros de la agencia han sido blanco recurrente de bombardeos. La destrucción de estos espacios, que también han servido como refugio para la población civil, representa una amenaza a los pocos servicios de protección y apoyo que quedan en la región.
Al prohibir cualquier contacto entre funcionarios israelíes y la UNRWA, la ley elimina el mecanismo de “desconflicción”, un sistema de coordinación crucial para evitar ataques contra los convoyes de ayuda y otras actividades esenciales. Esta desconexión forzada no solo incrementa los riesgos para las y los trabajadores humanitarios, sino que convierte en rehenes a quienes dependen de esa asistencia. La política israelí reduce a la UNRWA a un objetivo más en su estrategia de aislamiento y exterminio progresivo del pueblo palestino.
El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha señalado que esta medida sienta un “precedente peligroso” para las labores humanitarias en todo el mundo, un argumento que suscriben también diversos países europeos y organismos internacionales. El gobierno israelí, sin embargo, ha dejado clara su postura: cualquier esfuerzo por parte de la ONU de mantener sus funciones en Gaza será considerado una amenaza para la seguridad de Israel. De esta forma, se utiliza el pretexto de la “seguridad” para endurecer el control y la presión sobre una población ya sitiada.
EL CERCO DE GAZA SE AGRAVA CON LA NUEVA LEGISLACIÓN
La medida reciente no solo limita a la UNRWA, sino que refuerza el asedio a Gaza. Desde 1948, miles de personas palestinas fueron expulsadas de sus hogares en un proceso de ocupación sistemática que, hasta hoy, sigue violando derechos fundamentales. Actualmente, seis millones de refugiados y refugiadas palestinas dependen de la asistencia de la UNRWA en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria. La eliminación de sus servicios en Gaza solo profundizará la crisis humanitaria, lo que implica más hambre, más enfermedad y menos oportunidades de sobrevivir en un entorno ya precarizado.
Los efectos de esta ley tendrán consecuencias inmediatas. Desde la educación infantil hasta la distribución de alimentos, pasando por la atención médica y la ayuda psicológica, todos estos servicios se verán paralizados. Para las y los habitantes de Gaza, esto representa la condena a un nuevo nivel de carencias y miserias. En Gaza, el acceso a recursos básicos es ya escaso; esta ley convierte la subsistencia en una tarea aún más imposible.
La comunidad internacional, encabezada por Josep Borrell y respaldada por países como Canadá, Francia, y Alemania, ha expresado su rechazo a esta medida. Sin embargo, las declaraciones de condena de poco sirven para frenar una ofensiva que ya cuenta con un apoyo sólido y continuado dentro de la Knéset. Israel se enorgullece de ignorar la legalidad internacional y de desafiar el sistema multilateral; su declaración de persona non grata al secretario general de la ONU es prueba de una arrogancia que desafía cualquier intento de mediación.
La UNRWA se ha convertido en la línea de vida para millones de personas. Ahora, con esta ley, se priva a la población palestina de la poca estabilidad que le queda. Cada paso dado por Israel contra la UNRWA es un paso más en su agenda de deshumanización y eliminación del pueblo palestino. Cada ley, cada restricción, cada prohibición se convierte en un recordatorio de que el proyecto de ocupación no es solo una cuestión territorial: es una estrategia diseñada para borrar una cultura, un pueblo, y cualquier vestigio de resistencia.
Los Gobiernos y entidades internacionales pueden continuar emitiendo comunicados de condena, pero la realidad en Gaza exige acciones contundentes.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.