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La persecución y la condena de los 6 de Zaragoza es un escandaloso intento de silenciar la voz antifascista en España. Este caso no es aislado; es un síntoma más de una enfermedad mucho más profunda que corroe los cimientos de la democracia en el país. La sentencia contra estos jóvenes, basada en acusaciones infundadas y un proceso judicial plagado de irregularidades, es un golpe directo contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Es absurdo e indignante que, en un estado que se proclama democrático, la lucha contra el fascismo y la xenofobia pueda llevar a alguien a la cárcel. Los 6 de Zaragoza han sido víctimas de un sistema judicial que parece más interesado en proteger a los policías y sus testimonios, sin importar cuán contradictorios o infundados sean, que en buscar la verdad y la justicia. Las condenas desproporcionadas que se les han impuesto son una clara muestra de cómo se utiliza el poder judicial para intimidar y castigar a aquellos que se atreven a alzar la voz contra el discurso del odio y la discriminación.
Este caso, al igual que los de Altsasu, Navalcarnero, y tantos otros, revela cómo la Ley Mordaza ha sido instrumentalizada para coartar la libertad y reprimir la disidencia. Es inaceptable que en España, el acto de protestar, fundamental en cualquier democracia sana, sea tratado como un crimen, mientras los verdaderos criminales —aquellos que propagan el odio y la división— se amparan en la impunidad que les brinda el sistema.
La movilización y el apoyo a los 6 de Zaragoza, tanto de sus familias como de figuras públicas y la sociedad en general, son un rayo de esperanza en esta oscura realidad. Sin embargo, es fundamental que este apoyo se traduzca en una acción colectiva y contundente que exija no solo su indulto, sino también un cambio radical en las políticas represivas del estado español. No podemos permanecer callados mientras se criminaliza la solidaridad y el compromiso con la justicia social.
El caso de los 6 de Zaragoza debe ser un llamado a la acción para todos aquellos que valoran la libertad y los derechos humanos. Debe impulsarnos a luchar contra las leyes que restringen nuestros derechos y a defender a aquellos que son injustamente perseguidos por ejercerlos. La lucha antifascista no es un delito; es una responsabilidad ética y política que todos compartimos. No podemos permitir que el miedo y la represión nos silencien. Hoy más que nunca, es momento de levantar la voz, de movilizarnos y de exigir un cambio. Por los 6 de Zaragoza, por todos los que han sido víctimas de esta persecución, y por el futuro de nuestra democracia. La justicia debe prevalecer.
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