Uno de los portavoces del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, denuncia que España pida libertad de manifestación en Cuba mientras reprende a manifestantes en España
La Fiscalía de Barcelona pedía tres años de cárcel para uno de los portavoces del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, y otros tres para dos inquilinos, Alpha y Fran, por un delito de coacciones y otro de allanamiento de morada de persona jurídica por una manifestación organizada por el sindicato en el Instituto de Belleza Francis el 17 de octubre de 2018 para protestar contra el «acoso inmobiliario» que sufría la pareja.
Palomera contaba entonces que se trataba de un «montaje sin ningún tipo de prueba que pretende hacer pasar la protesta pacífica del movimiento por la vivienda por un acto de violencia» y ha exigido a la Generalitat y al Gobierno que impulsen «ya» una ley de alquileres que ponga fin a las «expulsiones injustificadas».
La pareja y el sindicato han explicado que intentaron negociar con los dueños del inmueble, y en vista de la «falta de respuesta», el sindicato decidió convocar una «protesta pacífica» ante el Instituto de Belleza Francis, propiedad de los mismos tenedores.
Palomera insistía entonces que el proceso es «un nuevo intento de criminalizar el derecho fundamental a la protesta y de detener la lucha por una vivienda digna». «Sólo hay que ver las pruebas de la acusación particular para ver que todo es un montaje, no acreditan nada de lo que dicen. Nosotros hemos aportado pruebas objetivas».
El tiempo le da la razón a Palomera
Esta criminalización del derecho fundamental a la protesta por parte del Gobierno destila cierto cinismo si tenemos en cuenta que se está pidiendo a Cuba que respete el derecho de los ciudadanos a manifestarse.
Este martes, el Ministerio de Exteriores español ha pedido a las autoridades cubanas que respeten el derecho a manifestarse «libre y pacíficamente» de todos los ciudadanos. Expresa asimismo su «preocupación» por las «graves carestías» a las que hace frente la población de Cuba y afirma que «es necesario incrementar el ritmo de las reformas» para hacer frente a la crisis.
Así lo denuncia el propio Palomera en su cuenta de Twitter, en la que señala que «la Fiscalía, que depende del Gobierno español, quiere meternos 9 años en la cárcel por manifestarnos pacíficamente y defender el derecho a la vivienda» a la vez que enlaza la noticia de la petición de España a Cuba.
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