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Un manifestante es detenido en Valencia por hacer uso de su libertad de expresión y desata la indignación en redes
«¡Vivimos el mayor recorte de derechos y libertades desde la transición!». Esa es la frase que costó la detención a un hombre en Valencia durante la manifestación contra la detención de Hasél y en defensa de la libertad de expresión. Una representación certera de lo que está ocurriendo con las protestas en la Comunitat Valenciana.
«¡Esto es a los que se dedica el ministerio de Marlaska, a reprimir a la gente que decide dar un paso adelante!», comenzó el ciudadano a gritar en medio de la calle. En ese momento, los silbatos se escucharon varios miembros de los antidisturbios se acercaron a él para pedirle silencio.
«A ver, caballero, no puede estar aquí», le interpeló uno de miembros de las fuerzas de seguridad mientras lo empujaba. El hombre siguió hablando pese a la agresividad con las manos en algo. Finalmente, lo tiran al suelo y se lo llevan a rastras detenido a pesar de las protestas de los que vivían la escena.
El vídeo de la situación ha sido ampliamente difundido desatando la indignación en redes sociales.
Valencia había tenido lugar este viernes dos concentraciones en apoyo a las nueve personas detenidas durante las protestas de este jueves por el encarcelamiento de Pablo Hasél, una ante la Comisaría de Policía Nacional de la calle Zapadores donde se encontraban los detenidos y otra ante la Ciutat de la Justicia.
Finalmente, el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, en funciones de guardia, ha decretado la libertad provisional y sin fianza para ocho de ellos, que tienen la condición de investigados y deberán comparecer ante el juzgado una vez al mes, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Volume 90%
Disturbios en Catalunya por la libertad de expresión
Catalunya fue escenario este viernes de una nueva ola de indignación por la detención del raper, en la cuarta jornada de protestas por la libertad del rapero Pablo Hasel. Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres personas, una de ellas en Barcelona, en la calle Balmes con Ronda Universidad, por «atentado a agentes de la autoridad», y dos en Girona, en la zona de la Copa, «por lanzar piedras».
Han levantado barricadas que han incendiado, al tiempo que han lanzado todo tipo de objetos como piedras a furgones de los Mossos, que se mantenían a distancia en la Rambla. Sin embargo, tras las críticas recibidas por su violencia, los Mossos han mantenido esta noche una actitud más de contención.
El candidato de la CUP por la provincia en las elecciones del 14-F, Dani Cornellà, ha denunciado que ha sido golpeado por un antidisturbios mientras intentaba intermediar y ha avanzado que presentará denuncia.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha realizado dos asistencias en Girona, aunque en ningún caso ha sido necesario el traslado a un centro sanitario, y una tercera en Vilafranca del Penedès, donde la persona asistida también ha podido ser dada de alta in situ.
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Taty Almeida no muere: deja una acusación eterna contra los verdugos y sus herederos
Taty Almeida murió el 14 de junio, a los 95 años, pero la noticia no puede escribirse como una necrológica amable. Sería casi una falta de respeto. Taty no fue una señora buena que “buscó a su hijo”. Fue una acusación viviente. Una mujer que convirtió el dolor en expediente político, la ausencia en pancarta y la maternidad en una forma de resistencia contra el Estado asesino, sus cómplices civiles y sus herederos ideológicos.
Su hijo, Alejandro Almeida, fue secuestrado y desaparecido el 17 de junio de 1975 por la Triple A, antes incluso del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Tenía 20 años. Era estudiante de Medicina, militante, poeta. Un joven al que le arrebataron la vida, el cuerpo, la historia y hasta el derecho elemental de tener una tumba. Ese fue el método. No bastaba con matar. Había que borrar. Borrar nombres, borrar pruebas, borrar vínculos, borrar madres. Y ahí fallaron.
Porque aparecieron ellas.
Begoña Gómez y el jurado popular: cuando la justicia se entrega a nueve ciudadanos sin herramientas suficientes
La causa contra Begoña Gómez ha dejado de ser solo una causa judicial. Hace tiempo que es otra cosa. Una pieza más en esa trituradora política, mediática y judicial donde la presunción de inocencia se convierte en estorbo, el procedimiento en espectáculo y la toga en decorado. El 15 de junio, la esposa del presidente del Gobierno compareció ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia previa de carácter protocolario. Sobre la mesa, el posible juicio contra ella, contra su asesora Cristina Álvarez y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
La fase de instrucción queda ya encaminada hacia la Audiencia Provincial de Madrid. Y ahí aparece la bomba procesal: un juicio con jurado popular. Es decir, nueve personas elegidas entre la ciudadanía podrían acabar decidiendo sobre un asunto contaminado desde hace meses por tertulias, titulares, filtraciones, bronca parlamentaria y esa mezcla tan española de ruido judicial y cálculo partidista. Qué podía salir mal.
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