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Un retraso regulatorio de seis años convierte la “prudencia” del sistema eléctrico en un cheque en blanco para las grandes compañías
UNA NORMA ATASCADA DESDE 2019
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arrastra desde 2019 un proyecto pendiente: actualizar el obsoleto servicio de control de tensión, en vigor desde el año 2000, cuando las renovables eran casi irrelevantes. Durante todo este tiempo el regulador ha preferido encadenar proyectos piloto y excusas burocráticas mientras las eléctricas convertían ese vacío legal en negocio.
El resultado es demoledor: 2.493 millones de euros en pagos por “restricciones técnicas” entre enero y agosto de 2025, un récord histórico que en unos días superará el gasto de todo 2024, que ya había marcado el máximo anterior. Si en 2019 el coste total de estas restricciones fue de 247 millones, este año puede rozar los 3.000 millones.
Estas “restricciones” no son más que un sistema de pagos extraordinarios para asegurar la estabilidad de la red, donde los grandes beneficiados son los ciclos combinados de gas. Hay plantas que obtienen más del 80% de sus ingresos gracias a este mecanismo. La CNMC, consciente de esta anomalía, reconoció “problemas continuos de control de tensión” en 2022. Aun así, prefirió no actuar hasta que la tormenta perfecta del apagón del 28 de abril de 2025 convirtió la negligencia en un pozo sin fondo de dinero público.
UN APAGÓN CONVERTIDO EN NEGOCIO
El “modo de operación reforzada” decretado tras el apagón disparó el gasto. Solo entre mayo y agosto, el coste de las restricciones técnicas ascendió a 1.311 millones, de los cuales unos 940 millones se aplicaron en el mercado diario. Según el propio secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, al menos un tercio de ese importe —más de 300 millones— responde directamente al colchón extra de seguridad que se activó para calmar los nervios de un sistema eléctrico mal diseñado.
La paradoja es grotesca. En lugar de reforzar las renovables, se priorizó meter más gas, bloquear en momentos puntuales la entrada de eólica o fotovoltaica y mantener a las centrales térmicas como salvavidas. El mismo modelo fósil que nos empuja a la crisis climática es el que cobra peajes millonarios por garantizar una supuesta estabilidad.
El Ministerio para la Transición Ecológica insiste en que quienes tienen contrato fijo anual no verán incrementos en su factura, pero admite que los consumidores con tarifa indexada —como la tarifa regulada PVPC— sí pagan este seguro camuflado. El riesgo se socializa, el beneficio se privatiza.
Mientras tanto, la CNMC anunció en junio la aprobación del nuevo servicio de control de tensión, que por fin permitirá que las renovables participen y se impongan sanciones a las grandes centrales que incumplan. Pero no entrará en vigor hasta 2026. Es decir, cuando se aplique habrán pasado siete años desde que el regulador advirtió la necesidad de reformar el sistema.
El informe del Gobierno tras el apagón repartió responsabilidades en todo el sector, pero Red Eléctrica culpó directamente a instalaciones de las grandes eléctricas que no hicieron bien su trabajo. Aun así, el regulador y el ministerio han blindado un sistema donde el gas sigue siendo imprescindible. Lo llaman seguridad, pero es un atraco programado.
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