El fuego arrasa 400.000 hectáreas y el partido ultra responde con propaganda mientras oculta que tuvo responsabilidad en esta materia en gobiernos autonómicos.
El negacionismo no apaga incendios, pero sí alimenta las llamas políticas. Esa es la estrategia de Vox: utilizar la peor oleada de fuegos forestales de la historia reciente, que ya ha devorado unas 400.000 hectáreas en solo tres semanas, para reforzar su cruzada contra la ciencia, la Unión Europea y cualquier mínima política de prevención ambiental.
EL INCENDIO COMO EXCUSA PARA LA PROPAGANDA
Mientras técnicos y científicas alertan de los llamados incendios de sexta generación (tan intensos que a veces resultan imposibles de sofocar), Vox decide burlarse de la emergencia climática y reducir el desastre a una batalla cultural. Sus portavoces niegan el papel del cambio climático, ridiculizan el Pacto Verde europeo y culpan a Bruselas de “criminalizar” las tareas agrícolas. Un discurso vacío que se sostiene en medias verdades y mentiras abiertas: no hay ninguna normativa que impida desbrozar o segar terrenos rurales.
No se trata solo de ruido en el Congreso. Vox fue parte del Gobierno de Castilla y León hasta 2024, donde controló la Consejería de Agricultura y se dedicó a combatir lo que llamaron “psicosis ambientalista”. Allí votaron junto al PP contra una ley que reconocía a las y los bomberos forestales como personal protegido. En Andalucía, la primera legislatura de Juan Manuel Moreno dependió de sus votos. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso tampoco habría gobernado sin su apoyo hasta lograr mayoría en 2023. Quienes hoy señalan al Estado como culpable, ayer recortaban brigadas y llamaban despilfarro al mantenimiento de operativos en invierno.
La hipocresía se multiplica cuando su portavoz, Pepa Millán, acusa al Gobierno de “culpar al cambio climático” y desprecia la creación de una comisión interministerial. Lo hace al mismo tiempo que ignora un hecho incontestable: España ha dejado de invertir en prevención durante más de una década, con gobiernos del PP y del PSOE, y Vox fue pieza clave en sostener esa desidia.
NEGACIONISMO COMO PROGRAMA POLÍTICO
El negacionismo climático de Vox no es un error de cálculo, sino un proyecto consciente. Cuando los fuegos devastan comunidades enteras y obligan a evacuar a miles de personas, los ultras prefieren hablar de lobos que asedian a ganaderos o de la “crisis migratoria”. El objetivo no es solucionar nada, sino mezclar tragedias con prejuicios para mantener viva la máquina del odio.
En el Congreso, Figaredo llegó a afirmar que los incendios podrían haberse evitado si se dejara a agricultores y ganaderos “limpiar” el campo. Una falacia que niega la complejidad de los ecosistemas y busca convertir cada hectárea arrasada en un argumento contra la Agenda 2030. No es casual: Vox ya exige la retirada del Pacto Verde europeo como receta mágica para frenar el fuego, una propuesta tan absurda como pedir que se derritan los glaciares para evitar inundaciones.
Al mismo tiempo, culpan al sistema autonómico, al que llaman “elefantiásico” y “evasor de responsabilidades”. Es el manual clásico de la extrema derecha: aprovechar cualquier crisis para atacar la descentralización política, cuestionar el Estado de las Autonomías y reavivar su nostalgia centralista. Pero lo hacen después de haber sido parte del engranaje autonómico y municipal en media España.
Mientras tanto, las cifras hablan por sí solas: 400.000 hectáreas calcinadas, miles de personas evacuadas y una crisis ecológica que se repite verano tras verano. El PP intenta desviar el foco hacia Moncloa, y Vox aprovecha para presentarse como alternativa a todos, aunque comparta con el PP la responsabilidad directa en recortes, inacción y desprecio hacia el medio ambiente.
La ultraderecha convierte el humo en narrativa política. No para salvar vidas ni bosques, sino para seguir construyendo un país a su medida: hostil con la ciencia, con el ecologismo, con las comunidades autónomas y con cualquier avance social. Y mientras tanto, España arde.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…